Introducción

Tal como lo ha señalado el conocido sociólogo Tomás Moulian, la izquierda chilena experimentó un “gran viraje” entre 1933 y 1935, abandonando la estrategia insurreccional para insertarse en la lucha por el poder político dentro de los parámetros institucionales establecidos¹. Esta transformación tuvo consecuencias trascendentales para la izquierda, en la medida que dio origen al proyecto político e ideológico que enarboló durante gran parte del siglo XX. Abundan los estudios sobre el quehacer de la izquierda entre 1935 y 1973, poniéndose por lo general el acento en la construcción de una vía estratégica y de una forma de hacer política que dependía de las elecciones y de las alianzas². Sin embargo, escasean los estudios sobre el viraje mismo. Respecto al Partido Comunista de Chile (PCCH), en particular, el viraje estratégico -llamado “viraje táctico” por los contemporáneos- desde las políticas sectarias e insurreccionales del “tercer período” hacia las políticas moderadas y flexibles del “frente popular” nunca se ha estudiado sistemáticamente. Frente a este vacío, y dada la naturaleza asimétrica de las relaciones dentro del movimiento comunista internacional y el sentido de obediencia imputado al militante comunista, la literatura que ha mencionado el hecho se ha limitado a proyectar el viraje que dio la Internacional Comunista (Komintern) al caso chileno³.

Este artículo tiene por objeto examinar el viraje frente-populista del PCCH en el ámbito sindical, donde se transitó del llamado “sindicalismo libre” o “revolucionario” al otrora despreciado “sindicalismo legal.” El énfasis de nuestro artículo está en el estudio de la línea sindical que la delegación cominterniana intentó aplicar en Chile durante los primeros ocho meses de 1935, período que consideramos clave en la aplicación del viraje, si bien la aceptación plena de la legalidad sindical en el PCCH siguió siendo más bien tácita que explícita. En líneas generales, sostenemos que el Komintern jugó un papel fundamental en la elaboración y aplicación de esta nueva línea, forzando al PCCH a abrirse a la posibilidad del sindicalismo legal en pos de la unificación del movimiento sindical chileno, anhelo que eventualmente se concretaría a fines de 1936, con la disolución de la Federación Obrera de Chile (FOCH) y la creación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), en la que confluyeron trabajadores comunistas, socialistas y anarquistas, entre otros.

De las múltiples tensiones internas que afectaron al comunismo a mediados de los años treinta y que condicionaron la aplicación del viraje frente-populista, dos son de vital importancia para comprender las páginas que siguen. La primera, y tal vez la más importante de todas, es la compleja relación entre el PCCH y el Komintern. En el contexto del viraje, una numerosa delegación cominterniana-la más numerosa hasta la fecha-se asentó en el país a inicios de 1935. El número exacto de miembros de la delegación es difícil de precisar, pero las estimaciones van de cuatro a seis individuos, además de alguno que otro visitante ocasional.⁴ De todos los delegados cominternianos, los más relevantes para el tema que nos convoca son el peruano Eudocio Ravines⁵ (“Jorge,” “Pacífico Montero,” etc.) y el venezolano Ricardo Arturo Martínez (“Cabezón,” “A. Montes,” etc.). Ravines estaba a cargo de la delegación en su conjunto y detentaba amplios poderes en lo que a la aplicación del viraje en Chile respecta. En su calidad de encargado de cuestiones sindicales, Martínez era, técnicamente, delegado de la Internacional Sindical Roja (Profintern), lo que le dio cierta autonomía respecto a Ravines. El poder desmedido que terminó ejerciendo Ravines en la aplicación del viraje frente-populista se vio amplificado por la ausencia de los dos principales dirigentes chilenos: el Secretario General del PCCH, Carlos Contreras Labarca, quien se hallaba en Moscú; y el Secretario General de la FOCH, Elías Lafertte, quien se hallaba en Buenos Aires.

La apertura de los archivos soviéticos y los estudios de la recordada historiadora ruso-chilena Olga Ulianova han permitido hacerse una impresión más o menos acabada de la relación entre el PCCH y el Komintern⁶. Estos estudios demuestran que la actitud del Komintern para con el PCCH fluctuó entre la indiferencia y la obsesión controladora, pero que las resistencias locales y las incomprensiones mutuas terminaron por dificultar dicho control. El resultado fue, en palabras de Ulianova, “un difícil pero logrado equilibrio entre la identidad cominterniana y la cultura política chilena.”⁷ Si bien no contamos con estudios empíricos que analicen esta relación en el contexto del viraje frente-populista, las fuentes memorialísticas sugieren que se trató de un período particularmente tenso.⁸ Haciéndose eco de los trabajos de Ulianova, nuestro artículo muestra que el viraje fue, hasta cierto punto, impuesto contra la voluntad de los dirigentes comunistas chilenos. Sin embargo, también sugiere que las resistencias locales condicionaron la implementación de la nueva línea sindical y obligaron a adaptar la retórica cominterniana a la realidad chilena. Esta última arista del argumento requiere, por cierto, ser abordada por investigaciones futuras.

La segunda fuente de tensión, menos historiada pero igualmente importante en determinar los ritmos y particularidades del viraje, es la relación entre los distintos órganos del movimiento comunista internacional. Este trabajo documenta una serie de desacuerdos, más o menos profundos, entre los miembros del Buró Sudamericano (BSA) del Komintern y los miembros de la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), ligada al Profintern -o, mejor dicho, entre los miembros del BSA y los miembros de la fracción comunista del Comité Ejecutivo de la CSLA, pues la CSLA aspiraba a representar a un número amplio de trabajadores, no todos ellos comunistas. La naturaleza del vínculo orgánico entre el BSA y la CSLA era de por sí compleja, por lo que no debe extrañarnos que algunos desacuerdos hayan devenido en conflictos jurisdiccionales. La fricción fue particularmente notoria en Chile, donde el delegado del BSA (Ravines) y el de la CSLA (Martínez) discreparon en duros términos. Pero estas discrepancias tuvieron también su correlato en el extranjero, tanto en Montevideo como en Moscú. Nuestro artículo muestra, entonces, que la línea sindical que la delegación cominterniana intentó aplicar en Chile fue el resultado de una difícil negociación al interior del mismo Komintern. En otras palabras, la nueva línea sindical que se terminó instaurando en Chile a mediados de los años treinta fue el resultado de una doble negociación: por un lado, entre los miembros de la delegación cominterniana y los dirigentes chilenos; por otro lado, entre los encargados de los distintos órganos del Komintern en Sudamérica.

Si bien nuestro trabajo argumenta que ambas fuentes de tensión condicionaron la línea sindical que se terminó implementando en Chile, su principal contribución radica en documentar los conflictos y desacuerdos al interior de la orgánica cominterniana. Esto se debe a la naturaleza del corpus documental utilizado. La mayor parte de las fuentes citadas a lo largo del artículo, hasta ahora desconocidas, corresponden a documentos internos del Komintern que fueron adjuntados al segundo volumen del dossier abierto por la policía civil de Río de Janeiro contra el emisario cominterniano Arthur Ernest Ewert, también conocido como Harry Berger, el 26 de diciembre de 1935, tras la fallida insurrección o “intentona comunista” del 23 de noviembre de aquel año.⁹ Radicado en Brasil con el objeto de servir de enlace entre el BSA y el Komintern, Ewert estaba en posesión de una gran cantidad de documentos comprometedores al momento de su detención, entre los que destacan decenas de misivas intercambiadas por emisarios cominternianos apostados en Santiago y otras ciudades sudamericanas. Esta correspondencia permite reconstruir con bastante detalle los debates al interior del Komintern. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo con respecto a los debates que tuvieron lugar al interior del PCCH y de la FOCH. Hemos hecho lo posible por leer la documentación cominterniana a contrapelo, intentando rescatar las voces de los actores locales, pero esto no siempre ha sido posible. Tenemos una muchísima mejor comprensión de las posturas de Ravines o Martínez, por ejemplo, que de aquellas de Lafertte o Mario Quezada, Secretario General interino de la FOCH. Con todo, la documentación kominterniana demuestra que los comunistas chilenos no eran actores secundarios, obsecuentes, sino actores protagónicos, capaces de influir y negociar la línea sindical que se terminó aplicando.

La política sindical del PCCH durante el Tercer Período (1931-1934)

Tras el fin de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, en julio de 1931, el PCCH emergió a la luz pública dividido en dos facciones -una liderada por Elías Lafertte y la otra por Manuel Hidalgo- y con una base social y militante bastante disminuida. La facción liderada por Lafertte, que finalmente lograría hegemonizar el PCCH gracias al respaldo y a la intervención directa del Komintern, desarrolló una línea estratégica afín a las políticas de “clase contra clase” del “tercer período,” que marcarían su actuar en el mundo sindical a lo largo de los primeros años de la década del treinta. De acuerdo con las tesis del VI Congreso del Komintern, realizado en 1929, el “tercer período” del capitalismo mundial se caracterizaba por aceleradas crisis económicas y la agudización de la lucha de clases, y se vaticinaba el inminente colapso del capitalismo.¹⁰

En la prensa comunista chilena, esta visión apocalíptica se tradujo en la proyección de un enfrentamiento decisivo entre dos frentes, uno de los explotadores y otro de los explotados. Los comunistas debían impulsar la formación de éste último a partir de la estrategia del llamado “frente único por abajo,” es decir, apelando al movimiento sindical revolucionario y a las organizaciones de base que simpatizaban con el PCCH, pero excluyendo cualquier posibilidad de alianza con la dirigencia social-demócrata y con otros líderes reformistas, ya que, frente a la inminente coyuntura revolucionaria, estos sectores se pondrían del lado de la reacción. Desde la óptica comunista, las luchas de los trabajadores por sus reivindicaciones económicas inmediatas podían desembocar en demandas políticas más amplias, haciendo posible incluso llegar a la toma del poder.

En este marco, la lucha por la legislación social no solo perdió relevancia sino incluso llegó a considerarse perjudicial. Esta posición distaba significativamente de la postura que la FOCH había establecido en su convención celebrada a fines de 1925, donde resolvió “aprovecharse de todas las fórmulas legales de la legislación social del Estado capitalista para luchar contra el capitalismo mismo.”¹¹ Según Sergio Grez, durante la década de 1920, los comunistas decidieron aprovechar esta legislación sin renunciar a sus objetivos revolucionarios, pese a su desconfianza hacia la clase dominante.¹² Esa postura, dicho sea de paso, era concomitante con el interés que tenían el comunismo y el fochismo de participar en ciertas instancias y espacios institucionales, como es el caso de las elecciones o de comisiones consultivas.¹³ Ahora bien, huelga advertir que el VII Congreso Nacional del PCCH, realizado también en 1925, había determinado que los parlamentarios comunistas no podían participar en la elaboración y promulgación de leyes sociales, visión, por cierto, preponderante desde los tiempos del fundador del partido, Luis Emilio Recabarren.¹⁴

Huelga advertir que la legislación social promulgada en las primeras décadas del siglo veinte, en particular aquella referida al mundo del trabajo,¹⁵ había generado bastantes expectativas entre los trabajadores chilenos, muchos de los cuales veían esta legislación como una oportunidad para mejorar sus condiciones laborales. De acuerdo con lo señalado por Jorge Rojas, la mayoría de los sindicatos y cooperativas del país se ajustó al marco legal que, en mayo de 1931, se fundió en el Código del Trabajo. Incluso organizaciones de trabajadores de tendencia anarquista, que antes habían abogado por el “sindicalismo libre,” como la Unión en Resistencia de Estucadores o la Federación de Obreros de Imprenta, terminaron por plegarse al “sindicalismo legal.”¹⁶ Según los dirigentes comunistas, en cambio, el Código tenía una clara orientación fascista y antiproletaria, lo que tornaba imposible una política de contemplación. A días de cumplirse el plazo de seis meses para la entrada en vigencia del Código, el PCCH declaró que éste buscaba fortalecer el desarrollo de sindicatos controlados por el Estado, limitar el derecho a la declaración de huelgas y sancionar los atentados contra la “libertad de trabajo.” Las disposiciones del Código, advirtió el PCCH en aquel entonces, vigorizaban la ofensiva capitalista contra el sindicalismo revolucionario. Por todo ello, era imperativo luchar por la derogación del Código y la disolución de los sindicatos legales, consignas que serían eventualmente incorporadas al programa del PCCH y de la FOCH.¹⁷

Esta postura, contraria al Código del Trabajo y a los sindicatos legales, se mantuvo prácticamente inalterada en los años siguientes. El PCCH denunció reiteradamente el carácter antiproletario de la legislación laboral, puesto que esta prometía garantías a los trabajadores que los terminaban conduciendo a la capitulación frente a los patrones. Buena parte de las críticas comunistas recaían en los funcionarios de la Inspección del Trabajo y en los dirigentes sindicales oportunistas que aceptaban la normativa¹⁸. Otras apuntaban a la naturaleza misma de los sindicatos legales, en cuyo seno se desarrollaba una campaña ideológica en pos de la colaboración de clases. En opinión del PCCH, los sindicatos legales tendían a coartar las luchas de los trabajadores por sus reivindicaciones inmediatas y empeorar las condiciones laborales, lo que llevó a que ocasionalmente se les tildara de “sindicatos fascistas.”¹⁹ No debe sorprendernos, entonces, que el PCCH y la FOCH llamaran a “abandonar en masa los sindicatos legales” o constituir en su seno una fracción disidente, denominada “oposición sindical revolucionaria.”²⁰ En el marco de su famosa Convención Nacional de febrero de 1933, por ejemplo, la FOCH ratificó las tesis del Profintern que, entre otros puntos, describían a los sindicatos legales como “organizaciones que traicionan hasta los intereses más elementales de los obreros y se incorporan cada vez más abiertamente al aparato estatal colaborando activamente con los órganos de arbitraje gubernamental, con los departamentos de trabajo, con la policía.”²¹

Ahora bien, detrás de las declaraciones ultraizquierdistas del PCCH y de la FOCH durante el “tercer período” se ocultan matices y divergencias. Como apunta Jorge Rojas, la promulgación del Código del Trabajo por parte de la dictadura de Ibáñez trajo aparejadas discusiones al interior del comunismo chileno.²² Si bien la postura que triunfó en dichas discusiones terminó por silenciar las voces de disenso en la prensa comunista, ello no implicó una fidelidad y subordinación absoluta a la línea. Rolando Álvarez, por ejemplo, ha sostenido que no todos los comunistas y fochistas a lo largo del país acataron en su totalidad las políticas promovidas por el Komintern y el Profintern. Apelando a sus sentidos comunes y a su experiencia militante, varios comunistas buscaron ganarse las simpatías de los sindicatos legales y rearticular el dañado tejido social de la FOCH.²³

La llegada de Ravines y el conflicto con los chilenos (febrero - abril 1935)

1935 fue al año del gran viraje. De una adscripción fervorosa a la línea política de “clase contra clase,” el PCCH pasó en pocos meses a sostener una línea radicalmente diferente, de amplias alianzas antifascistas denominada “frentes populares.” Debido, en parte, a la vigorosa intervención de una delegación cominterniana encabezada por Ravines, el PCCH abandonó su sectarismo ultraizquierdista y buscó la unidad con otros sectores de la izquierda, especialmente con el Partido Socialista, e incluso del centro, especialmente con el Partido Radical. Esta nueva estrategia le permitió al PCCH reposicionarse en un escenario nacional marcado por la deslegitimación del modelo económico primario exportador y la política represiva del gobierno de Alessandri, rompiendo el aislamiento que había medrado su crecimiento e influencia en la sociedad chilena. Esta nueva política implicó no sólo el cese de los ataques contra fuerzas que habían sido hasta entonces consideradas contra-revolucionarias, sino también la disposición del PCCH a disolver la FOCH en aras de la constitución de una central sindical unitaria.

Ravines llegó a Chile en febrero de 1935. Las discrepancias entre el encargado de la delegación cominterniana y los líderes del comunismo chileno empezaron tempranamente. En una carta del 1 de abril, Ravines hizo notar que las relaciones eran “mucho menos amistosas que lo que uno cree desde lejos,” criticando de paso la desidia e ineficiencia de los dirigentes chilenos.²⁴ La crítica a la dirigencia del PCCH se volvería una constante en las cartas de Ravines, llegando éste incluso a plantear la necesidad de reemplazar a la dirección en su totalidad. Las animosidades, en todo caso, eran mutuas. En una larga misiva dirigida a Moscú a inicios de agosto de 1935, el encargado sindical de la delegación cominterniana, Martínez, se quejó del pésimo trato de Ravines con los camaradas chilenos y del resentimiento que esto generaba: “en todo el P[artido] y no exagero, hay una actitud de antipatía (a falta de otra palabra) contra él.”²⁵ Davide Maggioni, otro de los miembros de la delegación cominterniana en Chile, compartía el juicio crítico en contra de Ravines: “sus métodos del trabajo y su carácter son muy malos y deberían ser condenados. Él realmente sustituyó la dirección del Partido y dirigió por métodos de órdenes.”²⁶ No debe extrañarnos, entonces, que algunos de los dirigentes del PCCH enviados posteriormente a Moscú criticaran la prepotencia y el mal trato del encargado de la delegación cominterniana.²⁷

Sin duda, el conflicto entre comunistas chilenos y extranjeros se vio acrecentado por la personalidad de Ravines y por sus métodos de trabajo, pero en la raíz de dicho conflicto había desacuerdos importantes en torno a la implementación del viraje táctico. En el ámbito sindical, Ravines distinguía dos “obstáculos” o “dos puntos centrales [de desacuerdo], que son la realización de la unidad dentro de la Federación y la ruptura con el Legalismo”, para citar su carta del 1 de abril.²⁸ En su opinión, la intención de lograr la unidad de la clase obrera dentro de la propia estructura orgánica de la FOCH impedía avanzar resueltamente hacia la unidad, que debía ser la prioridad. La otra fuente de conflicto residía en la actitud que debía adoptarse ante el sindicalismo legal. Según Ravines, los militantes fochistas seguían más empeñados en destruir los sindicatos legales que en ponerse a la cabeza de ellos, como se había acordado en las últimas reuniones de la FOCH.

Ravines abordó este último asunto con cierto detalle en sus cartas del 4 y del 12 de abril. En la primera de éstas subrayo: “Los sindicatos legales organizan [a] la absoluta mayoría de los obreros organizados,” contrastando la fortaleza de estos sindicatos con la debilidad de la FOCH: “hay grupos sindicales y oposiciones sindicales en muchas partes, pero ellos no son en modo alguno organizaciones sindicales sino organizaciones de minorías dentro de sindicatos existentes.” En esa carta recalcó también la necesidad de luchar “contra cualquier tendencia de incitar a los obreros de abandonar los sindicatos legales,” tendencias que aún se manifestaban al interior de la FOCH.²⁹ En la carta del 12 de abril profundizó: “Se rompen sindicatos que existen para organizar grupos de 10 o veinte fochistas donde hay un centenar de obreros dispuestos de organizarse pero no dispuestos de aceptar el nombre de la foch, por la sencilla razón que ellos quieren tener una organización que no de antemano sea condenada a la existencia semilegal sino que quieren tener sus locales, la atención de sus necesidades, etc.”³⁰

Lo realmente más novedoso y controversial del planteamiento de Ravines en Chile, sin embargo, decía relación con el vilipendiado Código del Trabajo. Desde su llegada, el emisario cominterniano había discrepado con la postura de la FOCH al respecto. “En este momento se nota un ataque reforzado contra los pocos puntos que contiene el código en el sentido de una defensa de los intereses de los obreros,” escribió el 4 de abril, agregando entre paréntesis: “porque hay que ver que el código contiene ciertas cláusulas como las llamadas huelgas legales y el fuero de los directores de los sindicatos que hay que considerar como conquistas de los obreros.” En estas circunstancias, Ravines argumentaba, “la posición justa debe ser la defensa del menor derecho que dé al obrero la legislación social y no el combate global del código, que a la vez es atacado por los patrones que ya no le encuentran suficiente.”³¹

La novedad de los planteamientos de Ravines puede comprenderse mejor al comparárseles con aquellos emitidos por el Secretario General del PCCH, Carlos Contreras Labarca, a fines de marzo, en Moscú, a donde se había trasladado para participar en el VII Congreso del Komintern. Como bien ha notado Ulianova, las primeras conversaciones de Contreras Labarca con los encargados del Secretariado Latinoamericano del Komintern, en Moscú, muestran que los comunistas chilenos “aún se encontraban en sintonía con la línea insurreccional del ‘tercer período.’”³² En lo que respecta a la línea sindical, Contreras Labarca hablaba todavía de “la lucha contra el así llamado sindicalismo legal,” utilizando el lenguaje sectario de antaño, pero huelga advertir que el significado que asignaba a esta lucha evidenciaba ya ciertos cambios en la actitud del PCCH: “Al principio la entendíamos como la liquidación de los sindicatos legales... Últimamente ya empezamos a entender la necesidad de trabajar en estos sindicatos legales, de crear amplias fracciones comunistas y grupos propios de la oposición sindical revolucionaria que realicen la política independiente de la Federación Obrera de Chile.”³³

Ahora bien, nada indica que el comunismo chileno tuviera una actitud más flexible ante la legislación laboral antes de la llegada de la delegación cominterniana de 1935. Por el contrario, Contreras Labarca argumentaba que, gracias al trabajo fraccional de la FOCH, los sindicatos legales “ya empiezan a perder las ilusiones que albergaban en relación a las leyes sociales.” Tampoco se aprecia un cambio significativo en la manera en que se esperaba lograr la unidad de la clase obrera. “¿Cuál es nuestra consigna: Congreso de unidad de la FOCH o la unidad del movimiento sindical?,” preguntó uno de los encargados del Secretariado Latinoamericano, a lo que Contreras Labarca respondió: “El Congreso de Unidad en la FOCH,” explicando: “La dirección de nuestro Partido lucha ahora para llevar a cabo las decisiones tomadas por el [último] Congreso para transformar a la FOCH en la organización sindical de todos los trabajadores del país.”³⁴

Como era de esperar, el viraje táctico propugnado por la delegación cominterniana encontró resistencias en Chile. Si bien algunas de las fricciones se debían a los nuevos planteamientos que los emisarios cominternianos intentaban difundir, como la controversial opinión de Ravines sobre el Código del Trabajo, otras decían relación con temas que los emisarios creían que ya habían sido concordados por todas las partes, como la decisión de penetrar en los sindicatos legales o la decisión de priorizar la unidad de la clase obrera. Esto sugiere que el significado de los acuerdos previos estaba sujeto a interpretación y era aún fuente de discrepancias.

Sirva de ejemplo el caso de uno de los delegados chilenos enviado a Moscú a discutir los resultados de la famosa Conferencia Nacional del PCCH de julio de 1933. “Como recordarán Uds.,” señaló Ravines en una de sus cartas, “fue precisamente sobre la base de la interpretación completamente falsa del contenido de esta conferencia que se daba en sus documentos que se discutió muy fuertemente con el viajero de entonces.” Ahora bien, Ravines se queja en esta carta de que la discusión con los encargados del Komintern en Moscú no había logrado cambiar la actitud del “viajero” chileno, pese a que se habían establecido “punto por punto las deformaciones y divergencias.” Como señala en dicha carta: “Resulta que al volver al país se ha callado de todo eso y que literalmente nadie ni ha sospechado [siquiera] que tal fue el contenido de aquella discusión, sino que al contrario habían pensado que todo estaba macanudo. Hay que considerar eso como una manifestación bien clara de una resistencia contra el cambio de esta política de aislamiento sectario que se conducía.”³⁵

No obstante lo hasta aquí dicho, el conflicto no puede ser reducido a una oposición simplista, dicotómica, entre una dirigencia local “sectaria” y una delegación cominterniana “frente-populista.” De partida, como vimos en el apartado anterior, la línea sectaria de la dirigencia chilena había sido impuesta por el Komintern en los años previos.³⁶ Algo de esta contradicción se deja entrever en la correspondencia cominterniana adjuntada al dossier policial brasileño. En una de las cartas citadas arriba, por ejemplo, Ravines señala que, en opinión de algunos de sus interlocutores chilenos, “no son ellos quienes han impuesto el tren del aislamiento sectario sino gente de más arriba,” aseveración que luego desestima, por considerarla interesada, exculpatoria.³⁷ Al mismo tiempo, como veremos en las páginas siguientes, la delegación encabezada por Ravines no puede ser tildada de “frente-populista” avant la lettre, dada las discrepancias y contradicciones que existían al interior de la orgánica cominterniana.

La carta de Ravines y el conflicto entre el BSA y la CSLA (abril 1935)

Si bien la documentación analizada en el apartado anterior evidencia que Ravines llegó a Chile con la intención de imponer una nueva línea, que generó conflictos en el comunismo chileno, los contenidos específicos esta línea fueron también motivo de fricciones al interior de la orgánica cominterniana. Las discrepancias involucraron tanto a los miembros del BSA como a los de la CSLA. El conflicto entre ambos órganos estalló en abril de 1935. El detonante fue una agresiva carta que Ravines envió a Witold Lovski³⁸ (“Juan”), representante del Profintern en la CSLA, exigiéndole cumplir su promesa de enviar un emisario a Chile para hacerse cargo de los asuntos sindicales. En su carta, Ravines no sólo acusó a la CSLA de actuar irresponsablemente, ofreciendo ayuda que después no era capaz de proveer, sino también lamentó el deplorable estado en que se hallaba la FOCH, subrayó la necesidad de rectificar su línea y dijo que, dada la ausencia del emisario que le había sido prometido, él impartiría las instrucciones que le parecieran pertinentes en el ámbito sindical.³⁹

El tono agresivo de la carta de Ravines originó una respuesta contundente de parte de la fracción comunista del Comité Ejecutivo de la CSLA. En opinión de Lovski y el resto de los encargados de la CSLA, la ligereza con que Ravines se arrogaba el derecho a decidir el destino de la FOCH demandaba una respuesta enfática y colectiva: “Nosotros somos los responsables del trabajo sindical, no sólo ante los trabajadores de América Latina sino también ante la ISR [Internacional Sindical Roja], a cuya dirección pertenecemos. Y, por otro lado, el secretario de la organización [Elías Lafertte] está aquí, participando en el trabajo continental, cuyo futuro te arrogas el derecho de decidir, sin siquiera intentar consultarnos formalmente.”⁴⁰

La controversia forzó a los encargados del BSA a intervenir. El 24 de abril enviaron una carta a Ravines y Lovski intentando poner paños fríos en el asunto. La mayor parte de las críticas se las llevó Ravines, por haber iniciado la polémica: “Antes que nada desautorizamos tanto en la forma como en el contenido, la ‘carta privada’ de Montero a Juan.” Los encargados del BSA aclararon, sin embargo, “que Montero tenía una gran libertad de acción para aplicar los cambios tácticos en Chile, de acuerdo a la situación.” Al mismo tiempo, reprocharon el accionar de Lovski: “no estamos de acuerdo con el paso dado por Juan de hacer esta carta inmediatamente la base de una discusión y de una decisión oficial de la fracción (y sin consultarnos y sin tener nosotros ningún conocimiento de ello).” En adelante, insistieron, “que se nos consulte a nosotros y se nos informe previamente y que no se nos coloque ante hechos consumados.”⁴¹

El conflicto puso en el tapete una serie de divergencias sustantivas entre los representantes de los organismos latinoamericanos asociados al Komintern y al Profintern, que decían relación con la definición de los contenidos específicos del viraje táctico en el plano sindical. En lo que respecta a la FOCH, la discrepancia emanaba de lecturas discordantes de su estado actual y, lo que era más importante aún, su proyección futura. En opinión de Ravines, se trataba de una federación con tenues vínculos orgánicos entre sus afiliados, liderada por dirigentes incapaces, que sobrevivía apenas del prestigio de antaño. “Quiero decir de manera categórica que la situación es muy grave. Todos nuestros organismos están prácticamente liquidados [...] tradición, gloria, banderas, ideales, pasado, etc., pero en cuanto organización no tenemos nada, nada serio y estable, nada que valga la pena tomar en cuenta.” Ravines dio por concluido su diagnóstico en los siguientes términos: “Lo que se dice del ‘esqueleto’ refleja muy bien la verdad real y auténtica,” haciendo alusión a una expresión burlesca que comparaba a la federación con un cadáver, la que circulaba entre los comunistas de aquellos años.⁴²

La conclusión que parece desprenderse de este diagnóstico, pero que Ravines rara vez hizo explicita en sus misivas, es que sería mejor darle sepultura al cadáver. La idea de “dar muerte,” “enterrar” o “liquidar” a la FOCH, para utilizar el lenguaje mortuorio de los comunistas de aquel entonces, no era del todo nueva. La idea de disolver a la FOCH para crear una federación sindical distinta o para refundirla en una entidad sindical más amplia rondaba en el aire. Ahora bien, la línea acordada en los últimos congresos era la de fortalecer a la FOCH y todas las declaraciones públicas apuntaban en dicha dirección. Ravines solo hizo una referencia, elíptica, a la necesidad de liquidar a la FOCH, en un párrafo particularmente críptico de su carta privada a Lovski. Tras mencionar que estaba pensando editar un folleto aclarando la posición del partido y la línea a seguir, agregó: “en mi opinión esto significa nada menos que la muerte de la esposa del ‘viejo,’” es decir la FOCH.⁴³

Los encargados de la CSLA no compartían ni el diagnóstico ni el remedio. En su respuesta, acusaron a Ravines “de exagerar las fuerzas enemigas y disminuir las propias, con el objeto de arribar más rápido a la liquidación,” contradiciendo, luego, punto por punto, “la apreciación de la situación y la solución facilista y liquidacionista que se desprende de tu errado análisis.” Los encargados de la CSLA defendieron el actuar de la federación en los últimos años y reafirmaron su confianza en los cuadros fochistas, de quienes tenían, dijeron, la mejor impresión. Asimismo, le hicieron notar a Ravines que el proyecto de enterrar a la FOCH contradecía la línea acordada, “que principalmente considera, no lo que debe hacerse con la F[OCH] y menos aún su liquidación, sino el fortalecimiento de sus organismos y de su influencia.” Concluyeron finalmente con una amenaza, no demasiado velada: “Pero si tal decisión liquidacionista fuese tomada, te haremos a ti responsable.”⁴⁴

Los planteamientos de Ravines y la acusación de liquidacionismo en su contra obligaron al BSA a tomar posición en este delicado asunto. En su carta, el BSA explicó que se había mandatado a Ravines para liderar la aplicación del viraje en Chile, pero que jamás se había hablado de liquidar a la FOCH. Por el contrario, el objetivo era ligar a la FOCH con los sindicatos legales, no disolverla. En otras palabras, el BSA se puso del lado de la CSLA y censuró a Ravines por sugerir la disolución de la FOCH.⁴⁵ Esto obligó a Ravines a retractarse y explicar sus palabras en una misiva al BSA: “tuve que plantear en [sic] manera muy vigorosa, muy fuerte, la cuestión de la foch, de su situación, de sus cuadros, de su estado orgánico, etc. no como llevando una idea ‘liquidacionista’ sino con la finalidad de sacar a estos amigos del terreno fantástico en que se quería plantear la cosa, al campo de la realidad viva y los materiales [con] que tenemos que trabajar.”⁴⁶ Como demuestra este intercambio, la potencial disolución de la FOCH era un tema espinoso, que podía generar reacciones estridentes al interior de la orgánica cominterniana. En abril de 1935, ni siquiera el BSA se atrevía a sugerir la idea, si bien ésta parece no haberles sido del todo ajena.

El principal punto de discordia entre el BSA y la CSLA no era sin embargo el destino ulterior de la FOCH sino la postura de dicha organización -y, por extensión, del comunismo chileno- ante los sindicatos legales. En este tema existía acuerdo entre el delegado del BSA en Chile y los encargados del BSA radicados en el extranjero. Como explicamos arriba, Ravines había abordado el tema en sus cartas dirigidas al BSA el 4 y 12 de abril, criticando a la FOCH por menospreciar los sindicatos legales y por no comprender las ventajas de participar activamente en ellos. La visión de los encargados del BSA era similar, como se aprecia en una de las cartas que enviaron a los miembros de la delegación cominterniana en Chile: “debemos romper con la charlatanería contra los sindicatos legales. Los trabajadores no piensan renunciar a la más mínima posibilidad legal de defensa de sus intereses.” Desde el extranjero, el BSA reconocía no tener una idea exacta del estado de los sindicatos legales, pero aventuraba que dichos sindicatos seguirían creciendo y tornándose más combativos, por lo que concluía: “1) Que nosotros debemos trabajar en estos sindicatos legales y 2) que debemos tomar la iniciativa para la creación de nuevos sindicatos legales. Y esto, renunciando a plantear la cuestión de la adhesión a la FOCH. Tiene más importancia la verdadera influencia y la dirección por nosotros, en los hechos.”⁴⁷

El desacuerdo entre los funcionarios del BSA y los de la CSLA respecto a la postura que debía adoptarse ante los sindicatos legales se hizo patente en la correspondencia intercambiada en abril. En su controversial carta privada a Lovski, Ravines lamentó el deplorable estado de la FOCH al tiempo que saludaba el crecimiento y la combatividad del movimiento de los sindicatos legales. Todo ello, sostenía Ravines, obligaba a la FOCH a definir su posición. En su respuesta, la CSLA reconoció que los sindicatos legales habían crecido numéricamente y se habían vuelto más combativos, pero argumentaba que ello se debía al resurgimiento e influencia de la FOCH, que alentaba a los obreros a desafiar el legalismo y que terminaría por debilitar a los sindicatos legales: “Estamos en presencia de la disminución y descomposición de esos sindicatos, que los líderes intentan evitar con consignas de ‘unidad’ y ‘rompamos con el legalismo.’”⁴⁸

Este planteamiento de la CSLA molestó de sobremanera a los encargados del BSA. En su carta del 24 de abril, el BSA aclaró que, si bien censuraba a Ravines por su carta privada, la carta respuesta de la CSLA era también insatisfactoria, pues “la respuesta no resuelve la cuestión principal: la cuestión de nuestra posición frente a los sindicatos legales.” En opinión del BSA, la CSLA partía de una premisa errada: “El defecto de vuestra respuesta está en que confunde la descomposición de algunos líderes amarillos con la descomposición de los sindicatos legales.” Según el BSA, los sindicatos legales estaban “llamados a crecer. Los trabajadores quieren, cada vez más, hacer uso de toda posibilidad legal de organizarse y luchar por sus intereses. En esta necesidad de organización y en estas luchas, los trabajadores saldrán de los límites de la legalidad establecidos por la ley y por las concepciones de los líderes amarillos.” El papel que debía jugar la FOCH, entonces, no era el de freno sino el de acelerador, tomando “la iniciativa para formar nuevos sindicatos legales.”⁴⁹

Si bien la CSLA ganó el debate en lo concerniente al futuro de la FOCH, el BSA logró hacer respetar su autoridad en lo que refería a la postura que debía adoptarse ante los sindicatos legales. A partir de mayo de 1935, es posible apreciar una notoria ausencia de noticias críticas sobre los sindicatos legales en el periódico cripto-comunista Frente Único, lo que contrasta con los meses precedentes.⁵⁰ Ravines, respaldado por el BSA, parece haber actuado de censor en este sentido. En una carta escrita a inicios de mayo, Ravines les explicó a los encargados del BSA que parte de su encono con Lovski se había debido a que seguían manteniéndose consignas sectarias, “que tuve que combatir y suprimir de hecho, bajo mi responsabilidad,” entre las que menciona: “Abajo el Sindicalismo legal” y “Los dirigentes de los sindicatos legales son mercenarios a sueldo de Alessandri.”⁵¹

No obstante lo hasta aquí dicho, huelga advertir que los desacuerdos entre el BSA y la CSLA no eran tan profundos como pudiera desprenderse del intercambio de misivas analizado arriba. La naturaleza polémica del intercambio trajo al tapete las diferencias de opinión existentes al interior de la organización, pero, como en toda polémica, la retórica del conflicto llevó a los involucrados a extremar sus posiciones. Como mencionamos arriba, Ravines utilizó una retórica extremista para forzar a la CSLA a desprenderse de uno de sus miembros y enviarlo a trabajar en Chile, lo que, dicho sea de paso, surtió efecto. La CSLA, por su parte, operó con una lógica similar. En una misiva en alemán, al parecer escrita por Lovski y dirigida al BSA, se aclara que algunos de los planteamientos esgrimidos en la carta colectiva de la la fracción de la CSLA no deben tomarse literalmente; “era más bien una reacción polémica a una carta irresponsable y provocadora.” Lo que es aún más revelador, Lovski se muestra dispuesto a estimular a la FOCH a morigerar su postura contra el sindicalismo legal: “ahí [en Chile] ellos tienen una resolución de ‘abandonar el legalismo’. Pienso que ahí no se trata de ir a la ilegalidad, sino a no perseguir determinados requisitos legales.” Lovski plantea, incluso, que la consigna debiese ser “‘Luchar contra la legislación reaccionaria, por el derecho de la organización’ o algo parecido,” agregando, entre paréntesis: “Evidentemente, luchar por la ejecución de los ‘buenos’ parágrafos del ‘Códico’ [sic].⁵²” Estos matices facilitarían más tarde la elaboración de una estrategia común, consensuada.

El conflicto entre Ravines y la CSLA amainó a fines de abril, tras la carta del BSA. Martínez ya había llegado a Chile, lo que parece haber calmado momentáneamente a Ravines, quien, tras recibir la misiva del BSA del 24 de abril, reconoció haber caído “en algunas exageraciones” y prometió no volver a comunicarse con la CSLA a través de cartas privadas.⁵³ Los encargados de la CSLA, por su parte, también desistieron de la polémica. Si bien desconfiaban de la línea que estaba intentando imponer Ravines en Chile, Martínez ya les había escrito desde Chile y confiaban que él defendería sus intereses.⁵⁴ El BSA, entonces, dio por terminado el conflicto: “Sobre el trabajo de los sindicatos, no es necesario volver a escribir. La tarea está en la aplicación de la línea. Y esto no debería ser difícil ya que, a estar por las últimas cartas, todos los amigos están ahora de acuerdo. Las pequeñas diferencia[s] sobre el ritmo y sobre cada paso particular cabrán indudablemente dentro de la línea común.”⁵⁵ Los eventos siguientes contradirían los augurios optimistas del BSA. Las diferencias sobre “el ritmo” y “cada paso” que debía darse no eran “pequeñas.” En vez de disiparse, el conflicto al interior de la orgánica cominterniana se trasladaría a Chile.

La llegada de Martínez y el Congreso de Valparaíso (abril - junio 1935)

La ambivalencia del comunismo chileno ante el sindicalismo legal se hizo patente en el Congreso de Unidad Sindical de Valparaíso, originalmente proyectado para mayo de 1935, pero finalmente realizado entre el l y el 3 de junio del mismo año. El congreso, convocado y organizado por la directiva de la Confederación Nacional de Sindicatos Legales, llamaba a todas las organizaciones sindicales del país a constituir una central sindical única del proletariado chileno. Hegemonizada por los socialistas, la Confederación Nacional de Sindicatos Legales aceptaba el marco legal establecido y agrupaba a la gran mayoría de los sindicatos legales (por aquel entonces, alrededor de 635, con 78.500 obreros⁵⁶), lo que la transformaba en la principal confederación sindical chilena, un hecho que reconocían tanto los comunistas de la FOCH como los anarquistas agrupados en la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Los comunistas, chilenos y extranjeros, siguieron los preparativos del Congreso de Valparaíso con atención desde un comienzo, pero, incapaces de influir en su organización y conscientes de su propia debilidad, terminaron por sumarse tarde al mismo. Se intentó primero influir en la Confederación Nacional de Sindicatos Legales, instándola a formar un comité de preparación del congreso más inclusivo, con participación de organismos sindicales de diversa ideología, pero esta iniciativa no llegó a buen puerto.⁵⁷ Se intentó después llegar a un acuerdo con los dirigentes del Partido Socialista. El 5 de abril, por ejemplo, la dirigencia del PCCH envío a la dirigencia del Partido Socialista una proposición “para defender en el terreno sindical todas las conquistas de la clase obrera.” La plataforma de acción común propuesta por los comunistas -a instancias de Ravines- se componía de cinco puntos, en el último de los cuales se hablaba de estrechar relaciones entre las centrales sindicales con el fin de arribar a la central única. Lo más relevante estaba en los primeros dos puntos. En el primero se llamaba a la “defensa de las conquistas del proletariado, reconocidas en la legislación del trabajo.” En el segundo se reclamaba “la existencia legal de todo el movimiento sindical,” reiterando, eso sí, la tradicional oposición comunista a “toda intromisión del Estado en las actividades de los sindicatos.”⁵⁸

La sorprendente apertura de Ravines al sindicalismo legal y a la legislación vigente terminaría por chocar con la postura del delegado del Profintern, Martínez, quien arribó a Chile unas semanas después de enviada la proposición, para hacerse cargo de los asuntos sindicales. Tras su arribo, Martínez se mostró muy crítico de esta proposición de acción común, tildándola de economicista, pues hacía abstracción de los puntos básicos del programa de liberación nacional del partido (“como era la lucha contra la reacción, contra el imperialismo”) y le cedía la iniciativa política a los socialistas. Trajo a colación dicha proposición en una extensa carta que envió unos meses después a la sede central del Profintern, en Moscú, como muestra de la línea, errada, que Ravines estaba intentando imponer en Chile.⁵⁹

La definición de la FOCH ante la invitación a participar en el Congreso de Valparaíso fue la primera ocasión en que Ravines y Martínez trabajaron juntos. Si bien Ravines había insistido en que se enviara a un emisario a hacerse cargo de los asuntos sindicales, no les fue fácil concordar una postura. “En la primera reunión, cuando hicimos el proyecto de adhesión al Congreso de Valparaíso,” recordó Martínez en la carta que envió a la sede central del Profintern unos meses después, “tuvimos un primer choque.” Según Martínez, Ravines “se puso gritón y caracterizó el proyecto como una CARRETA LLENA DE MUEBLES, QUE TENÍA DE TODO, PERO QUE NADA SERVÍA PARA NADA, le dije que la figura literaria es muy linda, pero que el tono no se lo iba a tolerar, claro que se lo dije en forma violenta.”⁶⁰ La mayor parte de las discrepancias entre Ravines y Martínez decían relación con la postura de la FOCH ante el Código del Trabajo. De esto da cuenta una carta de Ravines al BSA, sin fechar, pero escrita a mediados de mayo: “Actualmente estamos trabajando frente al próximo Congreso Nacional de Sindicatos Legales, que se reunirá el 2 de junio, en Valparaíso. Hemos discutido ampliamente con Cab[ezón] y en todas las líneas generales y prácticas estamos de acuerdo, salvo en algunas apreciaciones sobre el Código del Trabajo.” El tono de Ravines en esta carta, a diferencia de las anteriores, es extremadamente cordial. Hay un intento evidente por bajarle el perfil al desacuerdo, tal vez para evitar ser nuevamente censurado por el BSA. “Yo mismo creo que, en el fondo de tal cuestión existe un acuerdo y que sólo diferimos en aspectos secundarios.” Sin embargo, es indudable que el desacuerdo era sustantivo, pues discrepaban en el meollo del asunto. “En forma muy vaga, tal desacuerdo residiría en que Kab[ezón] sostendría que hay que repudiar abiertamente todo el Código y yo pienso que es preciso seguir el procedimiento adoptado en la huelga de Navegantes: utilizar todo lo que, en el Código, legalmente, favorezca, directa o indirectamente, los intereses de los obreros, y combatir y repudiar todo aquello que sea perjudicial, lesivo, que signifique intromisión gubernamental en las organizaciones, en los conflictos, etc.”⁶¹

La tardanza de la FOCH en adherir al Congreso de Valparaíso fue notoria. La CGT resolvió su participación a mediados de abril.⁶² En cambio, la declaración de adhesión de la FOCH al congreso no fue publicada sino hasta la cuarta semana de mayo, en el periódico fochista Justicia, de Santiago, que reapareció precisamente en esta coyuntura, tras haber estado casi un año sin editarse.⁶³ La tardanza fue lamentada por los miembros del Komintern. Desde Montevideo, la CSLA criticó la lentitud de la FOCH una vez concluido el congreso: “nuestra plataforma fue publicada con enorme retraso, que dio como resultado que numerosos sindicatos no pudieran pronunciarse por ella.”⁶⁴ En Chile, Martínez reconoció el problema: “andábamos en un retraso enorme para hacer llegar a la gran masa nuestra posición.”⁶⁵ Sin duda, las discrepancias al interior de la delegación cominterniana contribuyeron significativamente en este retraso.

La declaración de adhesión de la FOCH, compuesta de veinte apartados y más de siete mil palabras, es un texto digno de análisis, tanto por su extensión como por su ambivalencia. La FOCH comienza por explicitar su adhesión al congreso y reiterar su interés en contribuir a la unidad sindical, para luego detenerse en la situación de la clase obrera chilena y los puntos de trabajo planteados en la convocatoria al congreso. Derrama después gran cantidad de tinta contra el Código del Trabajo, caracterizado como “un instrumento de las clases explotadoras y su gobierno para dividir a los obreros e impedir las huelgas.” Las restricciones impuestas por el Código, argumenta la FOCH, “hacen de los sindicatos apéndices de la maquinaria de explotación.” La lectura de la primera mitad de la declaración podría llevar al lector a concluir que la FOCH no había modificado un ápice su postura y que se mantenía aún presa de la retórica del “tercer período.” Sin embargo, sería una conclusión apresurada. Tras cuatro apartados atacando el Código en los más duros términos, la FOCH llama a “la lucha más encarnizada por todas las conquistas sociales incorporadas en el Código.” La lucha de la FOCH, se explica, siempre ha sido contra la injerencia gubernativa y patronal en los sindicatos que se someten a los dictados del Código, “pero -se argumenta mañosamente- en ningún momento abandonamos la lucha por las conquistas de la clase obrera, incorporadas en el Código,” entre las cuales se encuentra la “existencia legal de las organizaciones.”⁶⁶

La declaración de adhesión de la FOCH refleja las contradicciones internas de una organización que estaba experimentando un proceso de transformación tan sustantivo como tortuoso, una organización que, en los últimos años, había construido su identidad en conflicto con el sindicalismo legal y el Código del Trabajo.⁶⁷ Es interesante notar que, en su declaración de adhesión, la FOCH rescata y revaloriza la noción misma de “legalidad,” vinculándola a las luchas heroicas de antaño: “La legalidad del sindicato es una de las más preciosas conquistas del proletariado. Por esta legalidad libró la Federación Obrera de Chile, rudas batallas y consiguió éxitos, de los que disfrutó toda la clase obrera.” Esto no sólo llevó a la FOCH a valorar “toda acción que tienda a dar a los sindicatos la más amplia y completa legalidad,” sino, lo que es más significativo, la llevó a convocar a los obreros a luchar “por la más mínima posibilidad de existencia legal.” En otras palabras, se aspiraba a lograr una legislación distinta, que hiciera de los sindicatos instrumentos de clase, pero se estimulaba a los obreros a obtener el reconocimiento jurídico bajo las condiciones existentes.⁶⁸

Si bien hemos traído a la luz los aspectos novedosos de la declaración de adhesión de la FOCH al Congreso de Valparaíso, no debemos engañarnos. La línea de la FOCH estaba aún lejos de ser aquella propuesta por Ravines y el BSA en los meses previos, que llamaba a abandonar la lucha contra el sindicalismo legal en pos de la unidad sindical. De hecho, la postura fochista ante el Congreso de Valparaíso se asemejaba más a la línea dura que habían propugnado Lovski y la CSLA en el polémico intercambio de misivas de abril. En cierto sentido, la llegada de Martínez a Chile significó un retraso en la política de apertura sindical que estaba intentando imponer Ravines. Fue Martínez -y no Ravines- quien se trasladó a Valparaíso para orientar a los cuadros fochistas a lo largo del congreso, en calidad de encargado sindical de la delegación cominterniana. En sus cartas posteriores, Martínez tomó crédito por los logros obtenidos en el congreso, los que, a su entender, justificaban la justeza de la línea que él había implementado: “Las divergencias que hubo, antes de mi llegada y posteriormente, sobre la cuestión sindical fueron solucionadas en base a nuestra adhesión al Congreso de Valparaíso, y posteriormente, con los resultados del trabajo unitario realizado, que ha probado que la unidad sólo podía realizarse en la medida que la FOCH tomara la dirección del movimiento unitario.”⁶⁹

La decisión de participar en el Congreso de Valparaíso no implicaba que la FOCH estuviera dispuesta a aceptar que de dicho congreso surgiera una central sindical única, como planteaba la convocatoria de la Confederación Nacional de Sindicatos Legales. Dada la preparación unilateral del congreso y la fortaleza de los socialistas, los comunistas temían quedar relegados a un papel secundario en la nueva central y perder influencia en el proletariado chileno. Como informó Martínez unos días después del congreso, los comunistas se encontraban en una “desventajosa situación” en las vísperas del mismo, ya que la idea de la central sindical única se tornaba cada vez más atractiva para las masas. De allí la urgencia que sentían los dirigentes socialistas “para crear una nueva central bajo su hegemonía a toda costa en Val[paraíso]⁷⁰ ” No debe extrañarnos, entonces, que los comunistas hayan asistido al congreso con la intención de posponer la creación de la central sindical única, proponiendo en cambio la creación de un “Comité Unitario,” que se encargaría de preparar, más amplia y democráticamente, un “Gran Congreso Unitario,” del cual finalmente surgiría la anhelada central sindical única.⁷¹ Si bien la FOCH justificó su decisión en términos procedimentales, criticando la preparación unilateral del congreso por parte de la Confederación Nacional de Sindicatos Legales, en privado los comunistas reconocían que su debilidad y la fortaleza de sus adversarios aconsejaban posponer la creación de la central sindical única. En ello coincidían tanto Ravines como Martínez.

En Valparaíso, Martínez sostuvo varias reuniones -antes, durante y después del congreso- con los delegados enviados por la FOCH y los dirigentes comunistas que asistieron en representación de sus respectivas organizaciones sindicales. El objetivo de estas reuniones era orientarlos para que fortalecieran la posición comunista. Desde un comienzo, Martínez previó que, de ganar la propuesta fochista de posponer la creación de la central única, era altamente probable que la dirigencia de la Confederación Nacional de Sindicatos Legales se retirara del congreso, como efectivamente ocurrió. Consciente de esta posibilidad, Martínez intentó convencer a los dirigentes comunistas de evitar a toda costa un rompimiento con la Confederación Nacional de Sindicatos Legales, aun cuando esto implicara hacer concesiones. “Esta era la cuestión más decisiva y que requería un esclarecimiento entre los más responsables de la fracc[ión]. Hubo que luchar mucho, pues ellos consideraban que ‘ni que hablar’, [que] el triunfo residía en que obtuviéramos mayoría y no veían que aún con mayoría salíamos divididos y esto había que evitar.” Convencer a los dirigentes reticentes no le fue para nada fácil: “yo propuse que mismo si aritméticamente ganábamos (con importantes beneficios políticos y de organización) debíamos evitar salir divididos, aunque la mayoría viniera con nosotros y propuse un PACTO para trabajar con los mismos objetivos. Éste se aceptó, a excepción de un c[ompañero] del Secretariado que dijo que acataba por disciplina, pero es seguro que su espíritu coartó el esclarecimiento de esta variante táctica.” ⁷²

Durante el transcurso del congreso, también se hizo evidente “EL PELIGRO ENORME que existía de que saliera la nueva central,” eventualidad que habría forzado a los fochistas a quebrar con el congreso y ser acusados de divisionistas. Este peligro fue particularmente evidente durante la primera jornada de discusiones, tras el persuasivo discurso de un delegado trotskista de apellido Videla. En la reunión de la fracción comunista que siguió, Martínez instó a los delegados a rebatir a Videla y reencauzar la discusión. Pero esto tampoco le fue fácil: “Cuando terminábamos [la reunión] llegó el c[ompañero] Gom[ez], uno de los más desarrollados, miembro del Secretariado de la FOCH, con qui[en] trabajé en la preparación del Congreso, y dice que él había cambiado su punto [de] vista (en la reunión del sábado él fue el que mejor comprendió la cuestión de[l] Pacto) y que el discurso de Videla era justo, que ese era el Camino y que debíamos votar por la Central Única.” Como demuestran estos extractos, Martínez tuvo que vencer muchos obstáculos para imponer su visión. No sólo debió adecuarse a un contexto nacional particular y estar preparado para reaccionar ante la contingencia, sino además se vio obligado a persuadir a una dirigencia sindical que, si bien comprometida con el proyecto comunista, tenía sus propias opiniones e intereses.⁷³

En el congreso se perfilaron dos corrientes, las que se hicieron evidentes en la comisión encargada de discutir la estructuración de una central sindical única. Una de estas corrientes era liderada por la Confederación Nacional de Sindicatos Legales, que, como era de esperar, propuso la creación inmediata de esta central; la otra por la FOCH, que, como ya había adelantado en su declaración de adhesión, planteó posponer la creación de dicha central, previa formación de un comité unitario y la organización de un nuevo congreso. La propuesta de la FOCH tuvo acogida, granjeándose incluso el apoyo de la poderosa Confederación Sindical de Aconcagua, afiliada a la Confederación Nacional de Sindicatos Legales pero crítica de su dirigencia. Esto llevó a que, dentro de la comisión encargada de estudiar el tema, el informe de mayoría recomendara la creación de un Comité Relacionador que se encargaría de preparar un nuevo congreso, de donde surgiría la nueva central. En la asamblea, el informe de mayoría se impuso por 74 votos contra 68, tras acaloradas discusiones. Como había previsto Martínez, los dirigentes de la Confederación Nacional de Sindicatos Legales se negaron a reconocer la derrota y se retiraron del congreso. Presos aun de la mentalidad sectaria de antaño, la mayor parte de los comunistas presentes en el congreso interpretaron esta retirada como un triunfo.

Pero los emisarios del Komintern tenían otra opinión. En su balance, Martínez se refirió al congreso como un triunfo parcial, argumentando que debieron hacerse “mayores esfuerzos por un acercamiento con los legalistas” a fin de impedir el quiebre. A varios de los comunistas presentes, Martínez lamentaba, “se les subió el triunfo a la cabeza.”⁷⁴ Ravines habló de “un medio triunfo. Y digo solo medio, porque no logramos incorporar a una parte de los delegados.”⁷⁵ La CSLA compartió el juicio crítico de Martínez y Ravines. En una carta, les reprochó a los dirigentes de la FOCH su actuar sectario, criticándoles el no haber priorizado la unidad: “se debió y se pudo impedir este rompimiento aun a base de concesiones audaces que cerraran el paso a maniobras escisionistas de los dirigentes de la Confederación [Nacional de Sindicatos Legales].”⁷⁶

Las dificultades que tuvieron los delegados del Komintern en Chile para imponer sus puntos de vista a lo largo del congreso no terminaron allí. En sus cartas, tanto Ravines como Martínez informaron que tuvieron que hacer muchísimos esfuerzos para frenar el ímpetu sectario de los dirigentes chilenos una vez concluido el congreso. En vez de tender puentes en pos de la unidad futura, los dirigentes de la FOCH se dedicaron a criticarles a los dirigentes de la Confederación Nacional de Sindicatos Legales el no haber acatado la derrota y haberse retirados del congreso. Ravines es elocuente: “El peligro mayor fue el de los días subsiguientes: el fochismo se embriagó con la victoria; se intentó pasar a un contra-ataque rudo llevado contra los minoritarios; es decir de abrir un abismo nuevamente entre la parte de los legalistas que se quedó con la minoría y la foch y las otras organizaciones que llevaron la mayoría. Me opuse a ello rotundamente; después de una discusión bastante viva quedamos concordes en que la tarea del momento es ganar a esa minoría al Comité Relacionador, y trabajar todos juntos por la Unidad.”⁷⁷ Martínez, por su parte, informó: “En las primeras discusiones sobre el Congreso se manifestó el peligro, ya indicado en la fracción del Congreso, de que se cayera en una posición de ‘mareo’ con el triunfo, y de menosprecio a las fuerzas adversarias. Esto lo corregimos en una reunión del BP [Buró Político del PCCH], también algunos artículos en Justicia, y en la reunión de la J.E. [Junta Ejecutiva de la FOCH]. Los hechos han contribuido a hacerle comprender a los cc. [compañeros] que la falla central del Congreso fue la de no haber hecho mayores esfuerzos para ligarnos con los legalistas.”⁷⁸ Estos extractos demuestran que, si bien los miembros de la delegación cominterniana tenían acceso a las principales instancias de dirección del comunismo chileno, no siempre era fácil hacer valer su autoridad e imponer sus puntos de vista. Era necesario dialogar, persuadir y llegar a acuerdos, los que, como se pudo apreciar a lo largo de este apartado, eran siempre transitorios e inestables.

Como se pudo ver a lo largo de este apartado, el cambio de línea estuvo también condicionado por las particularidades del mundo sindical chileno y por la compleja relación entre comunismo y fochismo. Los dirigentes fochistas parecen haber operado bajo la lógica propia del mundo sindical chileno de la época, lo que los llevó a contradecir la línea que habían acordado con los emisarios cominternianos en vísperas del Congreso de Valparaíso. Incluso los dirigentes sindicales más preparados y comprometidos con el proyecto comunista se sintieron atraídos por planteamientos que contradecían los supuestos intereses del partido, que los emisarios cominternianos se esforzaban por imponer. En su doble rol de militantes comunistas y dirigentes sindicales, los fochistas estaban situados en una posición estructural compleja, que los obligaba a tener que compatibilizar la política de su partido con los anhelos de sus compañeros de trabajo. La imbricación entre lo político y lo social no implicaba unidireccionalidad sino permeabilidad.

El turbulento surgimiento del consenso (junio - agosto 1935)

En las semanas y meses siguientes, los delegados cominternianos y los dirigentes chilenos se dedicaron a trabajar por la unidad de la clase obrera en el Comité Relacionador y a estimular la penetración de los cuadros fochistas en los sindicatos legales, en pos de fortalecer la posición del comunismo en vistas a un nuevo congreso unificador. Los avances fueron auspiciosos, en ambos frentes. Por un lado, el Comité Relacionador logró convertirse en un referente importante de la clase obrera, granjeándose las simpatías de un número creciente de sindicatos. Se dieron también los primeros acercamientos entre dicho Comité y los dirigentes de la Confederación Nacional de Sindicatos Legales, cuestión que en un primer momento había parecido imposible, dado el sectarismo imperante. Por otro lado, la penetración del fochismo en los sindicatos legales cobró un renovado impulso, puesto que la mayor parte de los actores involucrados coincidían ahora en la importancia de dicha tarea. Como veremos a lo largo de este apartado, aún existían desacuerdos entre los miembros del BSA y de la CSLA en lo que refería a la aplicación de la línea, pero estos desacuerdos no impidieron que se trabajara coordinadamente en base a este objetivo común, lo cual a la larga facilitaría la transición del sindicalismo libre al sindicalismo legal.

Como era de esperar, las misivas que el BSA envió a Ravines siguieron insistiendo en la apertura al sindicalismo legal. En una carta del 4 de julio, por ejemplo, el BSA aconsejaba “llevar todos los elementos revolucionarios y organizaciones [revolucionarias] a las organizaciones sindicales de masas que han crecido y se han consolidado en los últimos años. Se trata de aprovechar al máximo las posibilidades legales existentes para organizar la clase obrera.”⁷⁹ En una carta posterior, del 7 de agosto, el BSA insistía: “debemos fundir más organizaciones locales de la Foch con los sindicatos legales.”⁸⁰ En estas cartas el BSA valoró los avances logrados en el Congreso de Valparaíso, y se abstuvo de criticar el que la FOCH hubiese planteado “una serie de cuestiones del punto de vista programático” en su declaración de adhesión, pero argumentó que, dadas las circunstancias actuales y el objetivo unitario que se perseguía, era contraproducente enfatizar estas cuestiones. “Ahora no hay que exigir como requisito para la unidad la aceptación de todos los puntos programáticos de la carta de la Foch. Ahora debemos penetrar en los sindicatos legales, inclusive llegar a la fusión sobre una base tal que, según los obreros, no haga peligrar la existencia de los sindicatos legales. Ahora debemos ser organizadores de nuevos sindicatos ‘legales’. Y tanto que en el próximo con[greso] seamos una fuerza respetable como delegados de los sindicatos legales.”⁸¹

La postura de Martínez y los encargados de la CSLA era similar a la del BSA. En una carta en alemán del 27 de junio, probablemente escrita por Lovski y destinada al Profintern, en Moscú, se habla de lograr la unidad sindical a través de “la integración sistemática de la organización de la FOCH en el movimiento sindical legal” y se resume la orientación sindical acordada en los siguientes términos: “Emprender, por medio de nosotros mismos, la organización y consolidación de la organización sindical legal, luchar por la utilización completa de las determinaciones del código del trabajo y por la ruptura fáctica de estas determinaciones.”⁸² Como se aprecia, la orientación de la CSLA -penetrar en los sindicatos legales, inclusive organizarlos- era similar a la del BSA, aunque se mantenía sí una cuota de escepticismo ante la legislación. Martínez parece haber compartido la orientación de la CSLA, ensayando diversos mecanismos para su aplicación en Chile. En una de sus misivas, por ejemplo, explicó que en las oficinas salitreras de la provincia de Antofagasta se había decidido probar dos variantes tácticas distintas para lograr este objetivo. En las oficinas donde ya existían sindicatos legales, se había instruido “trabajar por amplias oposiciones de masa, utilizando las posibilidades legales, y realizando al mismo tiempo una lucha contra las trabas del Código.” Pero en aquellas oficinas donde la relación laboral era despótica y ni siquiera existían sindicatos legales, se estaba operando “bajo la consigna ‘DEL RECONOCIMIENTO DE LAS LEYES CHILENAS POR LAS EMPRESAS IMPERIALISTAS, POR EL RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA CREACIÓN DE UN SINDICATO LEGAL’.”⁸³

En cierto sentido, la discrepancia entre el BSA y la CSLA era sobre los ritmos y pasos concretos. Desde un comienzo, Ravines había dejado en claro su afán en apurar la aplicación del viraje.⁸⁴ El BSA enfatizó también la urgencia de la tarea en sus cartas del 4 de julio y del 7 de agosto.⁸⁵ La CSLA, en cambio, aconsejaba actuar con calma y prudencia en la aplicación del viraje. En la carta en alemán citada arriba, por ejemplo, se explicaba que en Chile se había “intentado, progresivamente, llevar a todo el partido a una comprensión de los requisitos tácticos. Este proceso progresivo es en Chile tanto más necesario, en la medida en que puede causarse daño muy fácilmente, por medio de la exageración del método de nuestro amigo Montero, y, además, porque en Chile hay muy poca experiencia en el ámbito de esta táctica.”⁸⁶

Subsistían, sin embargo, desacuerdos sobre cuál era “el peligro principal,” para utilizar las palabras de Martínez.⁸⁷ Como lo había dejado en claro en uno de sus escritos, Ravines era de la idea de luchar abierta y audazmente contra las desviaciones sectarias de izquierda: “la ejecución de este viraje pone a la orden del día en el Partido, como cuestión fundamental, la lucha contra el sectarismo. En este momento en la etapa que iniciamos el peligro fundamental para nuestro Partido, es la desviación sectaria de izquierda.”⁸⁸ Martínez discrepaba: “considero que el peligro central es el capitulacionismo de derecha.”⁸⁹ En su opinión, “Si en algún Partido, desde su formación, no ha habido posiciones izquierdistas, es este. Siempre el peligro ha sido el de perder la cara, el de no dirigir, el de ir a la cola del grovismo. El Partido en su último período, se ha encajonado en un cascaron sectario, pero no como resultado de una política sectaria, sino por el contrario, por ausencia de política, por una despolitización derechista. En la actualidad este sigue siendo el peligro central, el de perder la cara.”⁹⁰

Los desacuerdos político-estratégicos tuvieron su correlato personal al interior de la delegación cominterniana. Al primer enfrentamiento verbal entre Ravines y Martínez, analizado en detalle en el apartado interior, siguió un segundo enfrentamiento, que involucró a Ravines, Martínez y Luis Alberto Fierro, de la Internacional Juvenil Comunista; y luego un tercer enfrentamiento, nuevamente entre Ravines y Martínez. Cansado de tener que lidiar con Ravines, Martínez pidió su traslado en más de una ocasión. Esta petición parece haber sido discutida por primera vez en junio. En dicha ocasión, la CSLA se mostró dispuesta a reemplazarlo. Sin embargo, Ravines se opuso a su traslado, pues, pese a sus desacuerdos y discusiones, consideraba que Martínez era un elemento útil, que estaba familiarizado con los problemas sindicales chilenos, y argumentó que sería perjudicial reemplazarlo “por otro completamente extraño a los problemas.”⁹¹

La autoridad y el mal trato de Ravines repercutieron en que Martínez se relacionara con los dirigentes del Buró Político del PCCH sólo “por cuestiones sindicales,” cuidándose de no involucrarse en demasía en otros asuntos, incluida la cuestión del apoyo comunista a la campaña senatorial de Juan Luis Mery, un evento crucial en el giro frente populista y en la construcción de una coalición anti-fascista.⁹² La autoridad de Ravines, unida a la precedencia que tomó la codiciada alianza anti-fascista en esta coyuntura, terminó incluso por restringir el campo de acción de Martínez en la arena sindical. Por ejemplo, Ravines se opuso a que Martínez criticara públicamente la posición de los socialistas respecto a la participación de los sindicatos en política. Solo después de la fallida elección senatorial de Mery, el 11 de agosto, Ravines accedió a ello. “En realidad hace tres semanas que tengo el artículo preparado sobre esto,” se quejó Martínez en otra de sus cartas al Profintern.⁹³ Lovski, en una carta del 17 de agosto, informó del conflicto entre Ravines y Martínez a la sede central del Profintern, en Moscú, lamentando, en alemán: “No sé cómo deben arreglarse estos dos temperamentos tropicales.”⁹⁴

Es difícil seguirle el hilo a la discusión al interior de la orgánica cominterniana después de agosto -para el caso de Chile, la correspondencia adjuntada al dossier policial brasileño cesa el 30 de aquel mes- pero, para entonces, la línea del comunismo chileno ya había cambiado significativamente. En lo que puede ser considerado el primer manifiesto público tras el viraje, publicado la última semana de agosto de 1935, el PCCH planteó una plataforma que llamaba a luchar, entre otras cosas, “Por el cumplimiento de la Legislación Social y contra todas las disposiciones anti-obreras del Código del Trabajo.”⁹⁵ Solo unos días antes había finalizado el famoso VII Congreso del Komintern, en Moscú, el que no hacía sino confirmar los vientos de cambio que soplaban al interior del movimiento comunista internacional.

Conclusión

El viraje frente-populista tuvo consecuencias significativas en el devenir del comunismo chileno. Este viraje permitió y estimuló una mayor apertura al diálogo con otras fuerzas políticas y con los poderes del Estado, lo que eventualmente llevó al PCCH a jugar un rol importante en el sistema político chileno. En lo que respecta al ámbito sindical, en particular, la aceptación de la legalidad burguesa sentó las bases para la presencia del comunismo en el mundo sindical a lo largo del siglo veinte. En última instancia, fue esto lo que le permitió al PCCH romper el aislamiento en que se hallaba y posicionarse como un actor relevante entre los trabajadores chilenos.

La Comintern, representada en Chile por sus emisarios, jugó un rol fundamental en la aplicación de este viraje. La vehemencia con que Ravines y Martínez intentaron imponer la nueva línea es decidora. Sin embargo, la aplicación del viraje se vio condicionada por las relaciones específicas que estos emisarios cominternianos establecieron con los dirigentes chilenos. Si bien la naturaleza jerárquica de la relación entre el Komintern y el PCCH presagiaba la eventual imposición de la nueva línea sindical, el contenido específico de esta tuvo que ser adaptado a las circunstancias chilenas y consensuado con los actores locales.

Como Ravines lamenta en su correspondencia, la línea sindical que el Komintern intentó imponer se encontró con muchas resistencias en Chile. Sus quejas no pueden ser leídas como un reflejo de la supuesta desidia e inoperancia de los dirigentes chilenos, que no era tal, sino que evidencian de la existencia de una contraparte activa. Los delegados cominternianos tenían acceso a las más altas instancias de decisión del PCCH y de la FOCH, pero no dialogaban con agentes pasivos sino con actores, que era necesario persuadir y ganar para la nueva línea. Esto contradice la tesis de una supuesta reproducción mecánica de la línea en las organizaciones comunistas, por mucho que se trate de organizaciones verticales que valoran la disciplina y el monolitismo. Asimismo, el trabajo conjunto de los delegados cominternianos en Chile no implicaba necesariamente concordancia en los pasos concretos que debían darse en pos de este objetivo. A lo largo de este artículo hemos documentado las divergencias entre los miembros de los distintos órganos del Komintern en el continente y hemos sugerido que su actuar se vio influenciado por intereses corporativos y ambiciones individuales. En esta conclusión queremos también dejar apuntado que las divergencias de opinión al interior de la orgánica cominterniana, tan claramente expuestas en las misivas de Ravines y Martínez, les ofrecían insumos a los actores locales para resistir los cambios que se intentaban imponer desde afuera y permitía que estos expresaran sus reparos utilizando argumentos que formaban parte del universo discursivo cominterniano. Aunque pueda parecer paradójico, la misma naturaleza, equívoca, del discurso cominterniano garantizaba la existencia de resistencias locales.

En síntesis, a partir del caso estudiado es posible concluir que, si bien el Komintern jugó un rol protagónico en la adopción de una nueva línea sindical, los virajes tácticos y estratégicos del movimiento comunista internacional estuvieron siempre condicionados por la posicionalidad y subjetividad de quienes definieron sus contenidos específicos y estaban a cargo de su implementación, ya sea a nivel regional, nacional o local.