RESEÑA

 

Clase política civil, Gabriel Salazar, La enervante levedad histórica de la clase política civil (Chile, 1900-1973), edit. Debate, Santiago, 2015, 1139 páginas.

En un trabajo que combina la historia junto a la sociología, Gabriel Salazar, en "La enervante levedad histórica de la Clase Política Civil (Chile, 1900-1973)", se propone explicar el origen y desarrollo de la clase política chilena.

Texto revelador, primero, porque inicia su análisis tomando una posición antagónica frente a lo que él considera una clase política que ha usufructuado históricamente el poder soberano de la "sociedad civil"; y segundo, porque, como pocos estudios, pone en entredicho el rol que ha jugado la institucionalidad en la conformación de la democracia chilena. En efecto, cuando Gabriel Salazar se refiere a la clase política está, en la práctica, caracterizando y definiendo a la democracia chilena más que tratar de entregar una definición dogmática de lo que se debería entender por clase política. Así, entonces, su texto debería leerse como una propuesta sociológica que explica, en base a las fuentes históricas, la conformación de un grupo especializado de políticos que han actuado, sobre la base de los partidos políticos, en beneficio propio y que han afectado la consciencia y el desarrollo de la soberanía popular (pp. 66-67).

En términos simples, y a lo largo del texto, Salazar pone en evidencia que la forma de entender la democracia en Chile, ha provenido desde el posicionamiento cultural de una clase política, que ha terminado por imponer la idea de que la política sería su "propia" y "exclusiva" esfera de dominio, por ser ellos los auténticos representantes de la soberanía popular. Cuestión que se explicaría, precisamente, porque, en Chile, se terminó por imponer una forma de entender la democracia, desde una perspectiva exclusivamente institucional, que ha puesto énfasis en la estabilidad por sobre la participación, en los partidos por sobre la movilización de la sociedad civil, y en las máquinas partidarias por sobre los liderazgos autónomos, limitando así la participación ciudadana a un sistema regular de elecciones. "Puesto que la tajante negación oligárquica implementada contra la existencia de la soberanía popular (unida a la derivada distorsión de la ciudadanía popular) fue tan endémica (se extendió por más de un siglo) y con impacto tan persuasivo (la asumieron como suya los historiadores más insignes), que se convirtió en un dato universal de la cultura política general de los chilenos" (p. 758).

Según Salazar, fue tras la crisis de fines de primer cuarto de siglo XX (1918-1925), que se terminó por imponer el "poder institucional" frente a una soberanía popular, la cual se terminó diluyendo y que, por lo mismo, no habría reclamado su derecho a hacer historia. En efecto, para el autor, el "poder institucional" redujo la demanda popular a un simple petitorio, que a partir de 1925 en adelante -y solo con el interludio de la dictadura- se resolvió mediante dádivas económicas y procesos políticos electorales que limitaron la voluntad soberana, y que trajo como consecuencia que los políticos profesionales se convirtieran en los únicos y auténticos depositarios del cambio, soslayando y bloqueando el carácter auténticamente -nótese- revolucionario del "poder popular" (anti-institucional, democrático e histórico y en oposición al poder establecido históricamente en Chile).

Para Salazar -y que viene siendo su tesis principal-, tal usurpación de la soberanía popular fue lo que llevó a que los partidos políticos, y consecuentemente a la clase política, se constituyera en la piedra angular de la institucionalidad chilena, desplazando, poco a poco, a la antigua oligarquía dominante. En consecuencia, propone el autor, después de la aprobación de la Constitución Política de 1925, se empezó a conformar una clase política civil que se enquistó en los partidos políticos y que terminó por adueñarse del Estado, aunque no del mercado: "... el empresariado industrial no fue otra cosa, durante los también ciento cincuenta años de historia, que la víctima propiciatoria que, precisamente por eso, le permitió a la clase política civil constituirse en la clase hegemónica de Chile, sobre la base de adueñarse del Estado más que del mercado. Lo que prueba que no solo la propiedad de los medios de producción genera hegemonía, sino también la apropiación de los medios políticos (que conlleva, a veces, la usurpación de la soberanía popular)" (p. 451).

Concluye Salazar, que fue la clase política la que irrumpió hegemónicamente, tras la crisis oligárquica de primer cuarto de siglo XX. Siguiendo los planteamientos de Pareto, Mosca y Michels, el autor sostiene que es correcto hablar de clase política (y no elite política) por dos razones: primero, por su enervante propensión al lucro político, esto es, "la cuota de soberanía popular de la que se apropian los partidos y los políticos profesionales, en razón de que el sistema constitucional los autoriza a monopolizar irresponsablemente la deliberación popular, y ello les permite obtener e incrementar ventajas, poderes relativos e inmunidades para su condición gremial de clase" (p. 933); y segundo, por su manifiesta tendencia a permanecer en el poder generación tras generación. Por lo mismo, argumenta Salazar, los políticos chilenos no se habrían convertido en representantes directos de la voluntad soberana del pueblo, sino que, por el contrario, habrían actuado como gremio.

Plantea Salazar que se pueden identificar cinco generaciones en la clase política chilena; a saber, los nacidos entre 1850 y 1869; 1870 y 1889; 1890 y 1914; 1915 y 1936; 1937 y 1950. En todas ellas, afirma el autor, es posible visualizar políticos que desarrollaron una auténtica carrera política, que en línea ascendente iría de la siguiente forma: "dirigente nacional de partido político, diputado, senador, ministro y presidente de la república" (p. 488). Y si bien la mayoría de los políticos no cumplieron con todos los cargos de representación, el autor enfatiza que los partidos políticos estuvieron, en el fondo, dominados por políticos que completaron toda la "carrera política" (liderazgo), y sobre todo, por una elite central, que estuvo conformada por aquellos personeros que ocuparon cargos en el Congreso (como diputado y senador) y se desempeñaron como ministros.

Es a partir de lo anterior que el autor esgrime uno de los principales argumentos de su obra. Salazar es concluyente al afirmar que el "apolíneo" sistema partidista chileno, que, según la academia, habría nacido en el siglo XIX y que no haría más que representar inequívocamente el arcoíris ideológico presente en la sociedad chilena, no fue sino una estrategia de poder que utilizó la clase política civil para enquistarse en el Estado como gremio predominante desde 1930, por lo que su policromía ideológica -representada en los distintos partidos políticos- se explicaría por fines electorales que en razón de proyectos o visiones de mundo diferentes. "...las construcciones ideológicas de los partidos chilenos (que estaban aherrojados a una Constitución liberal) tendieron a dispersarse en una infinidad de direcciones distintas. Cada una de las cuales cristalizó a su vez en organizaciones que quisieron ser únicas, definidas y rígidas y más o menos verticales. Y sobre todo, quisieron ser infalibles y perdurables. Así, el proceso político se fragmentó en una galaxia de particular herméticas pero en permanente competencia unas contra otras, para las cuales era más fácil la desunión y la lucha ideológica entre ellas, que la unión estratégica en función de los intereses nacionales o populares" (p. 934).

Así, entonces, más allá de las diferencias ideológicas retóricas que se deslizaban entre uno u otro partido, lo concreto es que, para Salazar, el sistema político chileno se adscribió desde sus orígenes y hasta 1940, a un ordenamiento ideológico que provenía de la derecha, y que si bien pasó luego, entre 1940-1970, a ser de centro-derecha, su característica más marcada, fue que el propio sistema de partidos evitó que en su interior se propugnara una representación clasista de la sociedad (por más que se usaran criterios clasistas), pues, tanto los partidos de izquierda como de derecha, asumieron como única alternativa posible un proyecto nacional, republicano y comunitario, ajeno al conflicto de la clases. "Tanto los políticos de derecha como los de izquierda trabajaron -en tensión convergente en lo particular, pero en hermandad gremial en lo general- para construir ese modelo y así salvarse todos ellos como clase política hegemónica" (p. 471).

En efecto, fueron las dos primeras generaciones las que conformaron el sistema de partidos chileno, precisamente, bajo la lógica de una política de salón, profundamente oligárquica en su cosmovisión como en su conformación. De hecho, plantea Salazar, no fue sino hasta 1940 que la clase media empezó a influir al interior de la clase política chilena. Pese a todo, la generación tres, que permitió la renovación generacional, no provocó alteración alguna en el sistema político tradicional (p. 481). El giro ocurrió -sostiene Salazar- solo a fines de la década de 1950, precisamente por algunos miembros de las últimas generaciones, período en el que los partidos políticos -de centro e izquierda- pusieron en jaque el proyecto hegemónico gremial, ya que, por primera vez, la ideología polarizó -mediante proyectos contra-hegemónicos-efectivamente el sistema de partidos y político en general. Pero, con todo, asume el autor, el sistema político había sido conformado para no colapsar, o más precisamente, para que, por una parte, los detentadores de la soberanía popular -léase la clase política- no pudieran devolver dicho poder a sus verdaderos dueños; y por otra, para inhibir que el sistema económico-social sufriera cambios radicales.

A decir verdad este último punto es fundamental, porque a pesar que la clase política chilena se convirtió en hegemónica, Salazar termina argumentando que el traspaso de poder de la oligarquía decimonónica hacia la clase política, no fue para nada traumático. Por cierto, porque el nuevo "grupo dirigente", no alteró, en lo profundo, el modelo "modernizador" de la ahora extinta oligarquía decimonónica. En lo económico, por más que el Estado haya impulsado, por ejemplo, el modelo I.S.I., la clase política chilena, en su conjunto, nunca propendió hacia una política industrial, sino que, por el contrario, se mantuvo bajo la égida del modelo de acumulación predominante desde el siglo XIX: librecambista, financiero, monopólico y explotador. Y si bien consiguió, aduce el autor, desafiar por momentos dicho modelo, sobre todo desde la década de 1960, no tuvo otro objetivo que instaurar un Estado Desarrollista, "Populista", que fue afín a los intereses de los principales grupos económicos, pero que también le reportó beneficios a la clase política, ya que terminó por diseñar una política de "ofertones", de corte electoralista.

Así, explica Salazar, la antigua oligarquía, que tuvo en sus manos hasta el primer cuarto del siglo XX, tanto el poder político como económico, permitió "su" relevo en la dirección del Estado a una "clase política", siempre que ésta le fuera afín en sus políticas económicas o al menos que no alterara de manera importante el modelo acumulador existente. Se permitió así la existencia de un Estado que, "siendo puramente político y prístinamente liberal, quería ser, al mismo tiempo, Estado empresario, Estado docente, Estado social benefactor, Estado Populista y Estado Revolucionario (pero sin empresarios, sin profesores, sin trabajadores, sin estudiantes. y sin revolucionarios en su interior)" (p. 398). Es por este motivo que la antigua oligarquía habría incluso apoyado -hasta la llegada al poder de Jorge Alessandri- el modelo I.S.I., pues, como bien demuestra Salazar, éste -al menos como se aplicó en Chile- no cambiaba en casi nada el modelo de producción predominante (dependiente de maquinarias y divisas). "Esta aceptación significaba que los empresarios se habían resignado a ceder el Estado a sus vencedores históricos, y que el comando superior de la economía ya no estaba en disputa: era, definitivamente, de ellos (los políticos). Punto. Por lo tanto, de lo que se trataba ahora era de impedir que ese Estado se excediera en sus atribuciones intervencionistas". Debería, por consiguiente, intervenir para ayudar, estimular y orientar a la empresa privada; manejar los intereses particulares a través del libre juego de precios, y admitir en los organismos interventores a los representantes de los gremios, para evitar que fueren demasiado afectados por la intervención. Ciertamente, todo eso implicaba la existencia -tal vez no fraguada- de un pacto tácito entre políticos y empresarios: "los dejamos controlar el Estado, pero no abusan ni compitan con nuestras empresas privadas, e intégrennos en los organismos interventores, como un medio para evitar esos excesos'" (pp. 407-408).

En realidad, lo que efectivamente ocurrió, según Salazar, fue la configuración de un pacto tácito entre políticos y grandes empresarios, y en donde los políticos, en su condición de ministros y/o directores de reparticiones públicas o semipúblicas (Cajas de Ahorro, Cajas de Seguro Obrero, Caja de Crédito Hipotecario, etcétera), se convirtieron en directores de sociedades anónimas o en accionistas privados de dichas sociedades, mientras que representantes de los principales gremios del país, ocuparon cargos en los directorios de las principales empresas públicas, como el Banco Central o la CORFO: "Las generaciones políticas que actuaron en el período 1932-1973 mantuvieron la misma tasa y la misma lógica de compromiso empresarial que habían caracterizado a las generaciones del período 1885-1930. Recuérdese que, entonces, el sesenta por ciento de los políticos de carrera tenían intereses bancarios (tales y tantos, que en nombre de ellos derribaron al presidente Balmaceda). Y según se colige del estudio realizado sobre los políticos del período 1932-1973, una cifra similar, el 57,5 por ciento (de los miembros de la élite central) tenía también grandes intereses empresariales, tanto en el mercado (privado), como en el Estado (público y semipúblico)." (p. 987).

En síntesis, la propuesta de Salazar ataca uno de los principios fundamentales en los que se ha sostenido la democracia chilena, esto es, el rol que han jugado los partidos políticos y el papel que ha desempeñado la clase política en torno a éstos. Para Salazar, la clase política chilena se habría constituido como un verdadero gremio, haciendo uso de un manifiesto lucro político que habría terminado por usurpar la soberanía popular. Clase política que, con todo, y en base a los argumentos entregados por el autor, pareciera que no fue tan hegemónica, o si se quiere, muy independiente de los principales grupos económicos, ya que, por una parte, fue apuntalada de cerca por la oligarquía decimonónica, que consagró la Constitución de 1925; y por otra, porque los principales grupos económicos, si bien no dispusieron del Estado como otrora, sí intervinieron en organismos fiscales y semifiscales, decidiendo, en conjunto con la clase política, un modelo de desarrollo que fuera proclive a sus intereses y que no alterara mucho el Ancient Regime. Pareciera ser, entonces, que más que una clase política hegemónica se configuró, más propiamente, una clase dirigente con funciones políticas y económicas que, en definitiva, desde el segundo cuarto de siglo XX y en adelante, reemplazó a la antigua clase dominante chilena.

 

Claudio Riveros F.

Profesor Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, E-mail: claudio.riveros@uai.cl / Universidad Nacional Andrés Bello, Chile.