Este nuevo libro de Arturo Fontaine analiza desde distintos ángulos la cuestión del régimen político, en particular el dilema entre parlamentarismo y presidencialismo, sin desestimar las cuestiones de racionalidad práctica, es decir, atendiendo a los problemas de aplicabilidad y a las singularidades culturales. A través de una argumentación razonada y lúcida, con abundante documentación jurídica e histórica, el autor despeja la pregunta por la forma de gobierno más recomendable para Chile, teniendo en cuenta las amenazas que enfrenta hoy, como otros países de América Latina: básicamente el populismo, las “autocracias disfrazadas” y la polarización. La respuesta que va ganando fuerza al correr de la lectura, es la de un presidencialismo con ciertas reformas; por ejemplo, la facultad presidencial de disolver el parlamento, al menos por una vez, para evitar un parlamentarismo disfrazado y resguardar los equilibrios del poder. El conocimiento de la tradición constitucional chilena y del constitucionalismo en el mundo, hacen de este libro una lectura indispensable para el actual debate constituyente.

El texto se divide en tres partes: ¿Un parlamentarismo o un semi-presidencialismo para Chile? (Primera Parte); La invención de la presidencia (Segunda Parte); Tiempo presente (Tercera parte); y dos Anexos.

La Primera Parte es la más extensa y contiene las ideas matrices del libro; trataré de presentarla en forma de tesis, procurando ceñirme estrechamente al texto.

Primera tesis. Los regímenes políticos no funcionan en abstracto sino en relación con los partidos, los consensos y la polarización de la sociedad... Las tradiciones y la cultura política de un país juegan un papel que no se puede ignorar. “El problema no es ni el gobierno de minoría per se ni el régimen político per se ni el multipartidismo per se: el problema es la polarización de los partidos, la falta de consensos políticos mínimos… La polarización dificulta la eficacia de la democracia para abordar los problemas de la población y tiene un efecto desestabilizador” (pág. 54).

Tesis 2ª. Es preciso atender no solo a los principios sino a la forma como funcionan los sistemas de gobierno. Por ejemplo: “El ‘parlamentarismo chileno’ nunca fue parlamentarismo… Fue más bien un semi-presidencialismo, pues el Presidente no era nombrado por el Parlamento sino, en principio, por la ciudadanía… y los gabinetes dependían de la confianza del Parlamento. No había disolución del Parlamento” (pág. 33); “El poder que tiene bajo el parlamentarismo un Primer Ministro es mayor que el que tiene un Presidente bajo el presidencialismo… si se mantienen las demás facultades constantes… porque puede disolver el Parlamento. Y esa arma, aunque no se use, disciplina a los parlamentarios” (pág. 45); “Bajo el régimen presidencialista, el Parlamento, como poder independiente del Ejecutivo, tiende a desempeñar un papel legislativo más protagónico que bajo el parlamentarismo” (pág. 50).

Tesis 3ª “El régimen político no ha de ser un menjunje en el que nadie se hace responsable y se saquen las castañas con la mano del gato. Eso es lo que sucede si, por ejemplo, el Congreso en la práctica da su consentimiento para que mande quien manda, pero el que da la cara es el Presidente elegido. También si la delimitación de los poderes respectivos es difusa…Si los primeros ministros [¿o el Presidente?] dependen del Congreso, debe ser posible disolver el Congreso. De no ser así, se consagra la irresponsabilidad parlamentaria y se cava un abismo entre la ciudadanía y el Congreso” (págs. 88-89). Pese a que “la visión hegemónica favorece el parlamentarismo”, Arturo Fontaine favorece, con Linz, los ejecutivos “capaces de brindar gobernabilidad y con poderes y responsabilidades lo más nítidas posibles; no fórmulas tibias que empantanan la toma de decisiones ni ejecutivos duales u oscilantes, que confunden al electorado” (pág. 86).

Tesis 4ª La estabilidad de una democracia depende de una combinación de la libertad, la igualdad y el bienestar material: “las tres pasiones colectivas”, como las llama Tocqueville; “mantener su equilibrio parece ser fundamental para la estabilidad de la democracia” (p. 96). La crítica inicial a la idea de un Ejecutivo elegido por votación ciudadana y no por el Parlamento era “el temor al abuso del poder, a que se estuviera creando un déspota elegido, un demagogo, el embrión de un futuro tirano” (p. 109), por tanto, la necesidad de crear lo que hoy llamamos “presidencialismo” con los contrapesos que moderen al ejecutivo sin maniatarlo o privarlo de eficacia. “La institución de la presidencia es ‘una de las invenciones de la prudencia’…y es una creación original” (p. 109).

La Segunda Parte comienza examinando la génesis de la institución de la presidencia y la función legitimadora que desempeña la figura de Washington, emblema de autoridad, en la conformación del nuevo régimen. Esta sección contiene la descripción y análisis del apasionante debate que tuvo lugar en la Convención Constituyente de Filadelfia (1787), en la que se forja “el modelo de ‘presidencialismo’ para Latinoamérica y otros países”; es también la matriz de las constituciones que rigen en el mundo (p. 107). Las principales cuestiones en litigio eran: el sistema electoral, el ejecutivo singular o plural, la reelección y la separación de poderes. Después de intensos debates, terminó imponiéndose el sistema de gobierno que se conoce hoy: con autoridad unipersonal en el ejecutivo, reelegible por una vez, en elección indirecta y voto ponderado por Estado.

La Tercera Parte –Tiempo presente– contiene tres capítulos que tratan de cuestiones anexas y, a la vez, distintas a las de las dos secciones anteriores; por ejemplo, las alteraciones en la política provocadas por las redes sociales, las nuevas formas que adoptan las dictaduras (“autocracias con disfraz”: la Hungría de Viktor Orbán sería el ‘modelo’) y algunas consideraciones acerca de cómo evitar la colusión, en fin, sugerencias sustantivas sobre funcionamiento de los partido políticos.

El lego en asuntos constitucionales puede quedar con algunas interrogantes, al terminar la lectura: si hay esta racionalidad interna en los regímenes ¿por qué no reconocer la competencia experta en esta materia? ¿No podría un conjunto acotado de constitucionalistas de diferentes tendencias llegar más fácilmente a acuerdos, que una asamblea de 155 miembros? Si no se requiriera el saber de especialistas, ¿por qué la solicitud de los constituyentes, de agregar tres asesores a cada uno ellos? Son preguntas ingenuas de sentido común, pero no triviales; el sentido común y la inocencia son las primeras víctimas del autoritarismo. Sí, del autoritarismo sin disfraz: ¿No han mostrado los constituyentes en diferentes instancias, su aspiración de asumir directamente, sin más trámites, la soberanía popular y de invalidar la institucionalidad? La misma institucionalidad, dicho sea de paso, y la misma ley que les encomendó una tarea y les asignó un sueldo.