La ciudad de Córdoba, un caso de estudio

Para abordar el caso de estudio haremos un breve repaso por algunos indiciadores socio-económicos que nos ayudan a contextualizar su coyuntura y situación. La ciudad de Córdoba es la segunda mayor poblada de la Argentina con 1.329.604 habitantes, de acuerdo a los datos del último censo oficial (^{INDEC, 2010}), ha tenido un constante crecimiento de población desde su fundación (Figura N°1), aunque en los últimos registros se evidencia una tendencia decreciente. Su capacidad para retener habitantes ha ido en baja, afectada principalmente por la movilización de la población hacia ciudades aledañas (^{Tecco & Valdés, 2006}), sin embargo la mancha urbanizada se ha extendido ininterrumpidamente. Por su carácter de capital provincial concentra actividades de administración gubernamental, salud, educación provincial y nacional (universidades), actividad productiva industrial y de servicios, además de una red comercial consolidada. Los pilares de la economía lo constituyen el sector de servicios, comercio e industria, destacándose el rubro automotriz. Por todo ello, conforma la segunda mayor conurbación del país en una ubicación central en cuanto a su geografía y se constituye en un nodo articulador para el corredor comercial bioceánico y norte.

Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de Córdoba.

Figura Nº1 Evolución de la mancha urbana y crecimiento de la población de la ciudad de Córdoba de acuerdo a fechas censales. 1810- 2010. 

Su proceso de urbanización comienza marcado por una estrategia de ocupación territorial común a las ciudades latinoamericanas colonizadas, una cuadrícula de base y un modelo de organización y ordenamiento de acuerdo a las condiciones heredades. De dicha cuadrícula, se desprende la estructura física hasta la actualidad, conteniendo un centro histórico denso y consolidado; un anillo de barrios peri centrales de una primera expansión durante el siglo XIX; un área intermedia de baja densidad compuesta por barrios residenciales originados durante el proceso de industrialización a mediados del siglo XX; y, una periferia dispersa de muy baja densidad con características disímiles, ya que encontramos numerosos barrios cerrados destinados a grupos de alto nivel económico tanto como planes de vivienda social denominados “barrios ciudades” (plan de erradicación de villas financiado por el BID).

El proceso de urbanización es acompañado, fundamentalmente en el último siglo, por un amplio historial de antecedentes en relación a la planificación urbana local que inicia en las primeras décadas de 1900 con la configuración del plan regulador y de extensión para la ciudad realizado por Carrasco en 1920 (^{Stang, 2017}) y otro por La Padula en 1962 (Malecki, 2018). Este último se convierte en un hito para la cultura y la memoria en el desarrollo y formación del urbanismo y la gestión urbana local que abona la producción de proyectos en este sentido y genera una alta valoración de la planificación urbana. En virtud de los numerosos antecedentes que se registran en este campo, se logra generar una genealogía de los modelos y la planificación elaborados y aplicados en el caso de estudio junto a las principales líneas de acción con el fin de comprender tanto la influencia como los efectos concretos y materiales de la importación de modelos, instrumentos y paradigmas hegemónicos impulsados durante las últimas cuatro décadas.

La “agenda del desarrollo” en los ochenta: El Programa de Gestión Urbana de ONU-Hábitat y el PNUD

En los años ochenta, tanto en el ámbito europeo como en el latinoamericano, se presentan algunas modificaciones en los paradigmas que regían la gestión de las ciudades. En el primer caso, se produce un cambio de posición del Estado respecto de su responsabilidad en solitario sobre las condiciones de habitabilidad, intentado establecer relaciones y compromisos compartidos con el sector privado y organizaciones sociales. En el escenario latinoamericano comienza un proceso de democratización, dejando atrás regímenes autoritarios en la mayoría de los países, en el cual las nuevas democracias necesitaban volver a organizar la administración pública (Van Lindert, 2016). En este marco se presenta un gran interés de las organizaciones internacionales para introducir en la agenda regional un cambio de enfoque, complejidad e incluso de escala en las políticas urbanas. Una variación importante es el salto que se produce en la interpretación y complejidad de la problemática, reemplazando la vivienda por la “cuestión urbana”. Lo cual se plasma en varios documentos y propuestas a los fines de aplicar algunos puntos básicos de la “agenda del desarrollo” en los países de la región.

Específicamente en el campo del urbanismo latinoamericano ganan protagonismo los postulados propuestos en el Programa de Gestión Urbana de ONU-Hábitat y el PNUD lanzado en 1986, en los cuales tienden a equipararse las funciones de gobierno con las estrategias empresariales para la gestión de la ciudad. Paralelamente toma fuerza la noción de “nueva gestión pública” (New Public Managment o NPM) impulsada por académicos anglosajones (^{López, 2005}), con el fin de incorporar herramientas empresariales en la gestión de gobierno. Durante esta década, se desarrolló principalmente un traslado de la lógica privada a las instituciones y funciones estatales para asegurar el “buen funcionamiento del mercado” y la buena administración pública bajo la consigna de eficientizar la gestión estatal.

La propia noción de gestión urbana para el manejo de las ciudades en la administración gubernamental surge en este contexto y bajo estos paradigmas, dejando de lado las prácticas que se ocupaban de ofrecer soluciones habitacionales o la planificación urbana como referencia para disciplinar, ordenar y contener el crecimiento de la ciudad para darle mayor consideración a aquellas acciones que van a promover la gestión por resultados (^{Van Lindert, 2016}).

La gestión urbana local: El desarrollo urbano y el modelo de zonning por valor del suelo (1983-1991)

En este período en la ciudad de Córdoba, se refuerza la función de intervención y control estatal a escala local, impulsada también como estrategia para eficientizar la gestión pública. Respecto a la gestión urbana específicamente, se otorga un lugar de mayor jerarquía y poder de decisión al área encargada de ella, al ascender la dirección de planeamiento a secretaría de desarrollo urbano.

“El cambio no es menor, […] supuso una jerarquía mayor en la toma de decisiones […] Incluía por primera vez gestión, la planificación urbana ya no era solamente dibujar las manchas de uso del suelo, sino que era tomar decisiones de inversión. Esa era la gran diferencia entre planificación y desarrollo urbano” (J.P., entrevista, 24 de septiembre de 2018).

El término estrella de la época no sólo fue una denominación para el espacio institucional encargado del manejo de lo urbano, su control y planificación sino también para designar el plan general que se estableció por esos años. Bajo la premisa de ordenar y regular el crecimiento de la ciudad, acción legitimada históricamente en el campo disciplinar mediante instituciones estatales (^{Del Río et al., 2014}), el Plan General de Desarrollo Urbano se concentró fundamentalmente sobre dos ejes: la legislación urbana y la obra pública (^{Iros, 1991}). Al mismo tiempo se genera un programa de gestión ligado a los principios del DU como objetivo fundamental (Iros, 1991).

Para ello se estableció un modelo físico (Figura N°2) que definió y diferenció áreas posibles de urbanizar, usos y densidades habilitadas para el aprovechamiento del máximo potencial de la infraestructura instalada y limitar al avance de suelo urbano sobre áreas rurales. Una propuesta con base en el funcionalismo y el criterio de “zonning”, imitando la legislación moderna ya instalada en países europeos, concentrándose en definir áreas y usos -principio fundamental del urbanismo moderno- a la vez que se recurre al paradigma de eficiencia para justificar la colaboración del sector privado para las inversiones productivas.

Fuente: Guillermo Iros (1991). “Desarrollo urbano y reflexiones”.

Figura N°2 Síntesis de la estructura urbana de la ciudad de Córdoba según PGDU. Córdoba, 1991. 

El esquema normativo zonifica en base a la renta del suelo urbano y establece tres reglas básicas que van a definir su rentabilidad: fraccionamiento (Ord. N°8060), uso (Ord. N°8133) y ocupación (Ord. N°8256/1986 áreas intermedias y periféricas y la Ord. N°8057-área central). Al mismo tiempo, la zonificación y el marco regulatorio propuesto arrastra de planes anteriores la organización en anillos concéntricos al diferenciar la normativa según área central (núcleo histórico); intermedia (barrios peri centrales) y periférica. Este marco normativo, aún con numerosos cambios, sigue vigente hasta la actualidad y se configura como el principal dispositivo de homogenización y diferenciación de la renta de suelo urbano al definir limitaciones diferenciales sobre las propiedades de acuerdo a su localización, incidiendo en los precios y provocando una distribución particular de la renta del suelo urbano.

Globalización, competitividad y gobernanza en los noventa: La Nueva Agenda Urbana y la Cumbre de la ciudad

El modelo globalizador, de apertura de mercados comerciales y financieros iniciado durante los años noventa marcó una bisagra en las competencias y responsabilidades de los gobiernos locales. En el contexto regional la promulgación de leyes de descentralización administrativa fue esencial para acompañar este proceso. La desvinculación de la escala nacional de las problemáticas regionales y locales se fundamentó en la cercanía de los niveles subnacionales con las poblaciones afectadas, como también en la eficiencia para el uso de los recursos al ajustar las políticas al territorio (^{Aghón et al., 2001}; ^{Cao & Vaca 2007}).

Sumado a ello, la incorporación del enfoque gerencial promovido años anteriores sirvió de base para habilitar las prácticas descentralizadoras bajo los preceptos de que se construiría un Estado más abierto y eficaz, en consonancia con las ideas del “buen gobierno” (^{Cao et al., 2016}). Apoyados en el principio de subsidiaridad, se efectuó la transferencia de funciones y servicios hacia los niveles subnacionales, aunque no de la misma forma los recursos para sostenerlos; lo que promovió la competitividad interurbana ante la obligación de generar y aumentar los recursos económicos-financieros en cada municipio.

En este contexto, la Nueva Agenda Urbana (NAU) presenta algunas estrategias para mejorar la competitividad de las ciudades. En el evento realizado en 1991 se hizo énfasis en el nuevo rol que debían atender, al destacar entre sus incumbencias y responsabilidades la captura “creativa e inteligente” de capitales o en caso contrario prepararse para que otras ciudades con mejor capacidad para promover el desarrollo económico lo hagan (^{Delgadillo, 2014)}.

Otro de los hitos que marcó esta década fue la masiva aceptación de la noción de gobernanza urbana. La incorporación del paradigma en la gestión local fue fundamental, tanto para los cambios en las responsabilidades y roles del gobierno municipal, como para legitimar la participación de actores privados. La difusión de esta modalidad de gobierno estuvo principalmente a cargo de organismos de crédito internacional (como el BM y el BID), acompañados por referentes específicos que tenían como objetivo impulsar y apoyar al poder local como escala de acción estratégica (^{Ferreira, 2001}). Este enfoque venía acompañado por la idea de “buen gobierno” fomentado en la Cumbre de la ciudad en Hábitat II en 1996 (Van Lindert, 2016). Dicha conjunción implicaba centrar el papel de los municipios como un actor más, junto a la sociedad civil y los actores privados, teniendo como principal tarea estimular el desarrollo local. El planteo fue asegurar el DU como eje director en pos de sostener niveles de empleo e índices de actividad económica, y con ello fortalecer el rol del gobierno local en un contexto de creciente competitividad interurbana.

En este marco surgen las propuestas de planificación urbana estratégica, modelo enfocado en dos ejes fundamentales: el crecimiento y desarrollo urbano en tanto actividad económica, por un lado; y por el otro la participación de actores empresariales ligados al negocio urbano-inmobiliario junto a organizaciones civiles para legitimar estos procesos como participativos, representativos y abiertos. Enfoque que tuvo gran éxito en los países latinoamericanos gracias a la propaganda y difusión por parte de arquitectos y lobistas que trasladaban modelos y prácticas europeas ”exitosas” ^{(Vainer, 2002}; Ferreira, 2001; Delgadillo, 2014). Se desprendía de ello la necesidad de generar atractivos para la llegada de inversiones, eficientizar los servicios e infraestructuras, disminuir las restricciones y la burocratización, referido directamente a eliminar, “modernizar” o actualizar la normativa con un claro sesgo hacia la liberalización.

El modelo de DU y la planificación estratégica en la ciudad (1991-1999)

Siguiendo la tendencia de descentralización, en Argentina se produjo un cambio constitucional en 1994. La reforma, dejó establecido bajo el artículo N°123 la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero². Este hecho se convirtió en una bisagra de la organización política del país bajo el lema de modernizar el Estado.

Acompañando la descentralización administrativa nacional, en la ciudad de Córdoba se desarrolla entre 1995 y 1999 el Plan estratégico para la ciudad (PEC), el cual genera nuevas centralidades a partir de la construcción de Centros de Participación Comunal que venían a desconcentrar la tarea administrativa municipal. El PEC toma los principios de la planificación estratégica: competitividad, productividad, marketing urbano, gestión gerencial, participación de actores con intereses en el DU (Vainer, 2002). Por ello y coincidiendo con las etapas del municipalismo en la región, se reconoce que “el gobierno local pretendió asumir un nuevo papel como promotor del desarrollo económico local, dinamizador del nivel de actividad de su ciudad y generador de condiciones que favorecieran la creación de empleo” (^{Marianacci, 2000}:12). En el mismo sentido:

“(…) No es suficiente que el municipio se oriente sólo a la prestación de un conjunto de servicios urbanos y a la concreción de obras de infraestructura y equipamiento; su nuevo papel consiste en orientarse fuertemente a la promoción del desarrollo económico y social, a escala local” (Marianacci, 2000:13).

El plan no tuvo respaldo legal por no traducirse en ningún instrumento que pudiera ser aprobado por el poder legislativo, aunque en 1997 se institucionaliza el concepto de planificación estratégica en la carta orgánica municipal como una función propia de la gestión (^{Vanella et al., 2001}).

Uno de los argumentos centrales para la aplicación del PEC se relacionaba a la pérdida de capacidad de la planificación tradicional, que había sido utilizada hasta la fecha, en la regulación del crecimiento urbano. En cambio, esta propuesta ofrecía una alianza estratégica con los sectores empresariales interesados, asumiendo la necesidad de contar con sus recursos para el “desarrollo” de la ciudad y lograr la ansiada inserción y competitividad en el mercado global. El plan seguía fielmente los objetivos planteados en la NAU, convertir la estructura urbana en eficiente y competitiva, atraer inversiones en el mercado global y orientar la ciudad hacia un “desarrollo sostenible”.

De las líneas de intervención que se plantearon -económica, urbana, ambiental y social- la subordinación al primer eje fue evidente. En gran medida los proyectos urbanos eran de alcance sectorial con la casi exclusiva participación de actores privados relacionados a la actividad empresarial-comercial, como lo fueron la habilitación de “mega emprendimientos” comerciales tipo hipermercados y shoppings, fundamentalmente en el anillo periférico. Junto con ello, se decide no continuar con el control de la ocupación periférica sino todo lo opuesto, fomentarla a través del plan de descentralización municipal y el incentivo a la localización residencial en torno a estas nuevas centralidades. Para ello, se produjo una fuerte liberalización normativa del suelo (excepciones para el desarrollo de barrios cerrados y country) tensionando el modelo anterior (Figura 3).

Fuente: Archivo histórico municipal, Municipalidad de la ciudad de Córdoba.

Figura Nº3 Áreas de desarrollo en la ciudad de Córdoba según PEC. Córdoba, 1996. 

El foro urbano mundial y el foco en la gestión local en los primeros 2000

El paradigma globalizador y totalizante del modelo de planificación estratégica se topó con las particularidades y conflictos coyunturales en los intentos de implementación local que se dieron en la región. Acorde a ello, los documentos del BM para el DU se enfocaron en apoyar la escala local y promover una serie de estrategias específicas para su implementación. Entre otras se incluye la necesidad de respaldar y fortalecer los principios del DU como eje prioritario para las agendas de los gobiernos locales, concentrando las acciones y estrategias en dicha escala (Van Lindert, 2016). En este marco, se intensificó la difusión de proyectos y experiencias particulares que pretendían atender las demandas específicas de lo local, tales como: la planificación sectorial para estimular áreas degradadas; la formulación de proyectos específicos; mayor participación de actores privados como estrategia para atender las demandas de agentes locales; la reproducción de “buenas prácticas urbanas” como ejemplos pragmáticos de ejecución de proyectos, entre las más destacadas.

Así también comenzaron a circular documentos elaborados por organismos especializados acerca del funcionamiento del mercado de suelo urbano y junto con ello la noción de recuperación de plusvalor (^{Jaramillo, 2003}; ^{Maldonado et al., 2006}), alimentando el debate y la implementación de estas ideas. Fundamentalmente se plantea que los gobiernos locales están en condiciones de otorgar una serie de condiciones particulares a determinados emprendimientos urbano-inmobiliarios con el fin de compartir un porcentaje de la ganancia potencial estimada y obtener con ello ingresos u obras para la ciudad. Esta última estrategia, logró ocuparse simultáneamente de la necesidad de difundir prácticas locales específicas junto con la internacionalización de modalidades de producción urbana como los grandes proyectos urbanos.

Por otra parte, desde la ONU, se reforzaron los principios propuestos por la NAU, pero esta vez a través de otro formato: el Foro urbano mundial. El mismo comenzó a ejecutarse a partir de 2002 bajo la consigna de propiciar urbanizaciones sustentables. El Foro impulsa la institucionalización de los procesos participativos con todos los agentes que busquen un desarrollo y una gestión sostenible de las ciudades (^{Montes, 2001}), incentivando con ello la legitimización de prácticas e instrumentos. Simultáneamente, desde CEPAL, se propone instalar el ordenamiento territorial como instrumento que concilia los intereses de la planificación tradicional -basada en la proyección física espacial a largo plazo- con la planificación estratégica, pensada para intervenciones puntuales o sectoriales en el mediano y corto plazo. La combinación intenta conciliar las críticas hacia la planificación estratégica, acusada de concentrar los objetivos exclusivamente hacia el desarrollo económico sin atender otras condiciones sociales relevantes del contexto, aunque valorando la flexibilidad, la eficiencia y la incorporación de actores privados que trajo como dogma, en tanto puntos claves para la gestión urbana. Los instrumentos de la planificación tradicional son considerados por estos organismos como pocos operativos, desfasados temporalmente e insuficientes para la complejidad de la problemática urbana que se encuentra en “permanente cambio y necesita herramientas flexibles” (Montes, 2001).

El ordenamiento territorial como opción de política urbana logra impacto en numerosos municipios de la región, que miraron con buenos ojos integrar las preocupaciones en torno a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente con los objetivos propuestos para el DU desde la planificación estratégica. Se destaca la simultánea aprobación de planes de ordenamiento territorial en diferentes escalas gubernamentales que incluían en su contenido una serie de instrumentos de gestión. En varios países se dio también una masiva aceptación y reproducción de dichos instrumentos, argumentados como estrategias para favorecer el DU bajo los preceptos antes descriptos, aun en ausencia de planes de ordenamiento territorial. La innovación radica en que, mediante ellos, es posible alcanzar un nuevo nivel operativo, más eficiente y flexible, a la hora de implementar planes, proyectos y programas de política urbana gracias a que implican una negociación directa entre representantes estatales y privados interesados. Así, la participación tan promulgada a través del modelo de planificación estratégica adquiere un soporte institucional y con ello un mayor grado de legitimidad.

La gestión urbana local como promotora (1999-2011)

En el caso de estudio, las consecuencias del PEC se expusieron en el territorio a través de una intensa expansión de la mancha urbana, con dispar ocupación de las áreas periféricas y múltiples déficits de urbanización junto a un alto grado de fragmentación socio-económica que se hizo más evidente durante este período (^{Marengo et al., 2006}). Sumado a ello se genera un boom constructivo-inmobiliario gracias a que la actividad se asume como refugio de valor y eje de inversión de los excedentes de rentabilidad obtenidos por los commodities agrícolas³ en un contexto de crisis de confianza en el sistema financiero-bancario; lo que dio lugar a procesos de renovación urbana en barrios peri centrales y a urbanizaciones de alto nivel adquisitivo en la periferia.

Se retoma la intención de generar un plan urbano, representado por varios documentos (Diagnóstico y líneas estratégicas para el Plan Urbano Ambiental-2001; Formulación de lineamientos alternativos para el plan urbano ambiental-2003; Plan Estratégico para la ciudad de Córdoba-PECba-2003-2006 y Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba 2008-2020), que no lograron pasar de la presentación y nunca fueron implementados.

El último documento propone una serie de novedades, siendo en principio las bases para elaborar posteriormente un Plan Director -el cual nunca se llegó a realizar- que acompaña lo planteado por el Foro urbano mundial al contener una “visión” que integra los principios de “inclusión, sustentabilidad e institucionalidad insoslayable en la gestión urbana local” ^{(Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, 2008}:8). El último punto refiere específicamente al fortalecimiento de las capacidades institucionales, de los equipos técnicos y la necesidad de interactuar con otros sectores que contribuirían a desarrollar exitosamente los proyectos y programas propuestos, sintonizando nuevamente con las ideas del Foro. Por primera vez en la ciudad, se establecieron una serie de instrumentos concretos para los planes, programas y proyectos diferenciados según se apliquen en sectores de intervención estratégica o nodos (Figura 4). Los mismos se definieron como herramientas a utilizar por la gestión urbana, distinguiendo en acciones directas (como planes de obra pública), acciones indirectas (referido exclusivamente a cambios en el marco regulatorio) y acciones mixtas (determinando un mecanismo propio para ello: las concertaciones público-privadas).

Fuente: Lineamientos y estrategia general para el reordenamiento del territorio, Municipalidad de Córdoba.

Figura Nº4 Identificación de sectores de intervención estratégica diferenciado según sean polígonos o nodos según Bases para el plan director. Córdoba, 2008. 

Los múltiples intentos para consensuar un plan urbano, todos ellos sin éxito, manifiesta la paulatina separación de la planificación urbana como actividad tradicionalmente vinculada a la gestión de la ciudad. En su reemplazo, se dio cada vez más lugar a la implementación de instrumentos con eje en la recuperación de la plusvalía del suelo, en tanto mecanismo dinamizador para la producción urbana. En este sentido y durante estos años, la gestión urbana es fuertemente influenciada por las necesidades del sector empresarial urbano inmobiliario ^{(Cisterna & Capdevielle, 2015}). Podemos decir entonces que la clave de este nuevo ciclo de gestión urbana fue asumir la capacidad de injerencia del sector empresarial en las decisiones de políticas y programas urbanos en la ciudad, dejando de lado los planes o la planificación a escala urbana para consagrar programas por sector o innovaciones instrumentales específicas que responden a las necesidades empresariales.

“Era necesaria una iniciativa como ésta que permitiera pasar del modelo del Estado regulador a un Estado con un rol protagónico, como promotor del desarrollo. Este modelo de administración promotora y participativa en la generación de la ciudad, sin resignar su potestad normativa, es vital a la concurrencia de los intereses públicos y privados en beneficio de la ciudad y sus vecinos, indicó el Director Ejecutivo del Grupo Edisur, Rogelio Moroni” (LaVoz, 2010).

Hacia la consolidación del urbanismo neoliberal

El documento previo al encuentro de Hábitat III, realizado por ONU Hábitat y CEPAL (2016), propone como ejes de acción para la región la necesidad de avanzar en la actualización de los marcos legales, la búsqueda de nuevas herramientas para el financiamiento, orientar la planeación urbana y territorial hacia un diseño integrador y establecer mecanismos de revisión y monitoreo.

Sobre la planificación, reconoce que desde la década del `80 y en un contexto de democratización de la región, se le dio énfasis al ordenamiento urbano con un largo historial de intentos por aplicar una regulación urbana compleja -como son los códigos de zonificación y planes generales- aunque han demostrado ser burocráticos y no han logrado comprender la formulación de los precios del suelo (^{CEPAL, 2016}). El planteo actual refiere a particularizar e individualizar el alcance de las acciones proyectadas por la gestión urbana e incorporar además la participación de los agentes interesados e involucrados en las operaciones para la definición de las normas y el desarrollo de las mismas.

La mayor parte de los instrumentos implementados en estos últimos años en los gobiernos locales de la región, como así también la intensidad en su promoción por parte de algunos organismos internacionales, tratan fundamentalmente de introducir nuevas modalidades para la negociación y la articulación público-privada (Van Lindert, 2016; Delgadillo, 2014). El principal argumento se centra en la posibilidad de obtener recursos municipales y financiamiento a partir de la captación de los beneficios generados por el DU (^{Smolka, 2013}). Los documentos sugieren a los municipios posicionarse como actores promotores que, al tener el monopolio de la potestad regulatoria, deben poder capitalizarla como un activo plausible de negociar frente a la necesidad de un mejor rendimiento y productividad de las inversiones inmobiliarias. Lo que podríamos interpretar como vehiculizar mediante estos mecanismos la lógica de competitividad y mercantilización, propia de la visión empresarial, hacia la gestión urbana.

La mercantilización como eje de la gestión urbana (2011-2019)

El último período de este análisis fue, de la misma forma que la retórica de las agencias internacionales, marcado por la profundización de las estrategias desplegadas en años anteriores. La gestión urbana asumió que el marco regulatorio que rige desde 1985 no estaba acorde a las necesidades y tiempos actuales, expresándolo a través de excepciones, negociaciones y tratamientos ad hoc. La administración municipal habilita para ello nuevos instrumentos de gestión, basadas en el aprovechamiento de la máxima capacidad constructiva y la negociación de las normas con la condición de recuperar parte del plusvalor. Durante estos años, predominó fundamentalmente la elección y utilización de los mecanismos que permiten el ingreso de recursos económicos, ya sea dinero en efectivo u obras, a través de distintos instrumentos y modalidades de concertación público-privada.

Apoyando este enfoque se presenta un plan de “Producción de ciudad-Áreas de promoción urbana” (Ord. Nº 12483, 2015) que consiste en una modificación parcial de la vieja norma de ocupación y usos del suelo para establecer “áreas de promoción” (Figura 5) en las cuales se puedan aplicar instrumentos de recuperación de plusvalor habilitados por la misma gestión anteriormente.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.

Figura Nº5 Áreas de promoción urbana según “Modelo de producción de ciudad”. Córdoba, 2015.