I. INTRODUCCIÓN

Desde fines de los 70s, el gobierno peruano sigue una política nacional de control de cultivos ilícitos de coca que consiste en su erradicación forzosa y la promoción de programas de desarrollo alternativo (^{Cotler 1999}; ^{Ponce 2016}). Numerosos estudios explican la inefectividad de estas políticas de prohibición y las consecuencias negativas de la criminalización sobre los agricultores.¹ Este artículo analiza un ángulo diferente de la política de control de cultivos ilícitos de coca. Se examina porque a pesar de la persistencia de la política nacional de erradicación en el Perú, su implementación es tan diferenciada a nivel subnacional entre los valles de producción, en particular en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). A esto le llamamos una implementación heterogénea de la política nacional de control de cultivos ilícitos de coca.

Observamos que las cifras de erradicación son muy diversas entre los cinco valles con mayor concentración de coca ilícita durante el periodo 2002-2019: el VRAEM (18500 hectáreas); el Monzón-Alto Huallaga (Monzón-AH) (10000 hectáreas); San GabánInambari (2250 hectáreas); el corredor Amazónico de la Selva Central (1200 hectáreas) y La Triple Frontera, con Colombia y Brasil (1200 hectáreas.² Desde el 2002, en el VRAEM las hectáreas erradicadas no llegan al uno por ciento de la extensión cultivada.³ En cambio, en Monzón-AH y en La Triple Frontera se erradicó en ambos más de la mitad de la producción cultivada (64 y 56%, respectivamente) en el mismo periodo. La situación del VRAEM es atípica, dado que es el primer productor nacional indiscutible desde el 2010 con el 71% de la producción nacional de hoja de coca en el 2019.⁴ Sin embargo, la erradicación ha sido prácticamente inexistente: 116.17 hectáreas en el 2019, menos del 0.5% de su producción.⁵ Los contrastes, en particular con el Monzón-AH, son significativos. En lo que sigue del artículo haremos fundamentalmente referencia a estos dos valles por la mayor extensión de cultivos y su relevancia histórica.

Además no existen condiciones especiales que nos hagan esperar estos resultados tan diferentes entre el VRAEM y el Monzón-AH; como un conflicto armado activo o una geografía mucho más compleja.⁶ En ambos valles cocaleros, la capacidad coercitiva y administrativa del Estado, dimensiones fundamentales de la capacidad estatal (^{Soifer 2012}), son bastante similares. La presencia militar-policial es similar; con un total de 10 comisarías en cada valle (^{INEI 2017}), y equipos especializados antidrogas y antisubversivos que combinaban fuerzas policiales y militares, tales como el Comando Especial VRAEM y las Bases Antinarcóticos en el Monzón-AH.⁷ La presencia estatal administrativa, medida a través del Índice de Densidad Estatal (IDE) producido por el PNUD,⁸ muestra que, en el 2017, el IDE en las provincias del VRAEM es cerca de 0.7 y en las provincias del Monzón-AH mantiene niveles de 0.6. En casi todas las provincias tanto del VRAEM, como en el del Monzón-AH, el IDE se incrementó en promedio en 20 puntos porcentuales entre 2007 y 2017. Adicionalmente, en ambos valles se ha incrementado el presupuesto público per cápita, siendo el presupuesto del VRAEM casi el doble del Monzón-AH en el 2019, $US 478 y US $242, respectivamente.⁹

La constatación de una política de tolerancia en el VRAEM nos invita a preguntarnos en qué contextos y con qué recursos los actores sociales tienen la oportunidad de negociar o no el alcance de las políticas de control del Estado respecto a las economías ilegales con las cuales se vinculan; por qué en algunos casos, como en el Monzón-AH, los cultivos son erradicados y sus agricultores criminalizados, y en otros casos, como en el VRAEM, no. El análisis subnacional, nos permite profundizar en el rol que tienen actores, instituciones y prácticas locales que a menudo son no visibles cuando estas políticas son analizadas exclusivamente desde teorías y metodologías de nivel nacional (^{Giraudy et al. 2019}).

El argumento del artículo sobre la política de tolerancia en el VRAEM plantea que la capacidad de los actores sociales, de la organización de agricultores cocaleros, de negociar la implementación de políticas nacionales como la suspensión de la erradicación en sus territorios responde al poder de la reivindicación de las alianzas que se establecieron entre estos actores y el Estado, en particular las fuerzas militares, en el pasado, para luchar contra la subversión, lograr el control del Estado del territorio y construir una legitimidad local de la presencia estatal. En cada intento de erradicación, los actores sociales han reivindicado esta alianza forjada en el pasado. Las sucesivas suspensiones de la erradicación en el VRAEM expresan el temor de los gobiernos de socavar esta legitimidad estatal local, que se ve amenazada cuando se intenta llevar adelante la política nacional.

Este argumento empírico contribuye a pensar la capacidad estatal teóricamente en dos aspectos. Primero, la capacidad estatal es relacional (^{Giraudy y Luna 2017}); es decir la expansión del alcance territorial del Estado requiere la negociación con actores no estatales. Lo que podría entenderse como falta de capacidad estatal en el VRAEM, la suspensión de la erradicación, más bien expresa las formas complejas en las que los Estados negocian su presencia y construyen capacidades políticas (^{Mann 1986}) para configurar un orden local. Como en el VRAEM, este orden puede ser de un equilibrio frágil por convivir con la ilegalidad (^{Heuser 2019}), pero como en otros casos estudiados de este tipo, este orden puede ser funcional para sus actores, incluidos los actores estatales (^{Dewey 2018}, ²⁰¹⁵). En el caso del VRAEM, por un lado, responde a las demandas de los agricultores de tolerar los cultivos ilícitos; y, por otro lado, controla la violencia que se ha desatado en otros territorios de ilegalidad (^{Duran-Martinez 2015}, ^{Trejo y Ley 2020}) y permite el continuo desarrollo del Estado en una zona de alta actividad ilícita. Esta capacidad de construir una presencia estatal negociada es para ^{Mann (1986)} un “meta-poder” porque tiene por consecuencia la aceptación de la presencia y la centralización del poder del Estado, que de otra forma (ej. militar) sólo ocurre de una manera muy precaria y a un alto costo (^{Mann 1986}: 521).

Segundo, la literatura de los órdenes híbridos se ha concentrado en la negociación con actores ilegales, e incluso armados (Mehan 2015; ^{Dewey 2016}; ^{Auyero y Sobering 2019}). Este artículo contribuye en destacar el rol y la importancia de los actores sociales, como los agricultores cocaleros, que se vinculan directa o indirectamente a las economías ilícitas, y se diferencian de los actores criminales narcotraficantes o armados en sus territorios. Los actores sociales además revelan la dimensión simbólica de la capacidad política de negociación a la cual se refiere ^{Mann (1986)}. ^{Bourdieu (2014)} sostiene que la construcción del Estado en el territorio se hace sobre la base tanto de capitales materiales (como el militar o administrativo) como no materiales, simbólicos.^{10 Bourdieu (2014)} al resaltar la dimensión simbólica de esta capacidad política del Estado de la que habla ^{Mann (1986)}, enfatiza en la importancia de las nociones de significado compartidos respecto al poder en el territorio. La construcción de la legitimidad de un orden estatal en el VRAEM, a pesar de la ilegalidad, se inicia con la colaboración de los agricultores cocaleros a las fuerzas armadas en la lucha antisubversiva, y continua con el proceso sostenido de pacificación en el territorio. Esta colaboración en la práctica constituye la dimensión simbólica de la capacidad estatal en el VRAEM, la rutinización de su presencia y lo que se “entiende y espera” del Estado cotidianamente (^{Bourdieu 2000}).

Metodológicamente, el VRAEM es analizado como un caso atípico que nos permite contribuir con explicaciones matizadas (^{Rogowski 2010}) sobre la capacidad estatal en territorios de actividad ilícita. Recogemos los datos etnográficamente en un campo que se inició a mediados del 2019 como parte de un proyecto aún en curso.¹¹ Este artículo usa parte de los datos recogidos en dos campos extensos entre diciembre del 2019 y febrero del 2020. Usamos también otros datos de fuera del VRAEM, ya que estudiamos el VRAEM en un “contexto amplio”, internacional y nacional, para analizar “sus variaciones, resistencias, oportunidades y adaptaciones” en las múltiples formas en las que el capitalismo global y los Estados nacionales interactúan con estos territorios (Lapegna 2019: 11).

El artículo está organizado en seis partes. La segunda sección presenta la discusión teórica del artículo. La tercera sección describe los tres intentos fracasados de erradicación en el VRAEM. La cuarta sección presenta el origen histórico del poder simbólico de la pacificación y la política de la tolerancia. La quinta presenta cómo se vive en lo cotidiano esta apelación al Estado cuando hay amenaza de erradicación. Finalmente, la sexta sección presenta las conclusiones.

II. ACTORES SOCIALES, NEGOCIACIÓN DEL PODER ESTATAL Y SU DIMENSIÓN SIMBÓLICA EN CONTEXTOS DE ILEGALIDAD

La literatura sobre drogas ha tendido a explicar la variación entre países productores respecto a la inefectividad de estas políticas en la reducción de cultivos ilícitos a nivel global (^{Keefer y Loayza 2010}; ^{Buxton 2015}) y la debilidad de los Estados centrales en aplicar la ley en contextos geográficos complejos y violentos (^{Thoumi 2010}; ^{Rosen y Kassab 2019}). Asimismo, destacan que el contexto de altos precios internacionales socava los esfuerzos de las políticas estatales, ya que el cultivo se desplaza de un lugar erradicado a otro, generando el efecto “globo” (^{Arce y Reales 2006}; ^{Rouse y Arce 2006}). Sin embargo, esta literatura ha prestado menor atención a la variación subnacional de estas políticas.

La literatura de la política subnacional, en contraste, muestra la heterogénea acción de los Estados nacionales en su territorio en múltiples dimensiones (^{Giraudy et al. 2019}); en el cumplimiento de la ley, en la distribución de servicios públicos, en el manejo del conflicto social, entre otros. Además, estos estudios destacan el carácter relacional de la capacidad estatal. No basta con examinar los malos diseños de política, recursos insuficientes o funcionarios incapaces (^{Migdal 2001}: 12). Los Estados se relacionan y enfrentan también a actores locales que les imponen resistencia (^{Boone 2012}; ^{Eaton 2012}; ^{Dargent et al. 2017}).

En el análisis de la ilegalidad, estos estudios resaltan que la relación entre actores estatales y actores no estatales armados no es binaria. Es decir, no asumen que el Estado es el ente encargado de regular las actividades ilegales y generar orden social, y que los actores no estatales desafían la aplicación de la ley y generan desorden. Varios autores explican cómo el Estado es más bien un “conjunto polivalente y polimorfo” donde varios “proyectos estatales” compiten entre sí (^{Auyero y Sobering 2019}: 12), varias veces, infringiendo su propia legalidad y creando formas de tolerancia negociada a las economías ilícitas (^{Dewey 2016}). Este enfoque relacional además ha permitido explicar porque hay espacios ilegales más violentos que otros. Las diversas formas de relación entre actores armados locales y actores estatales sirven para entender la configuración de órdenes locales y sus diferentes formas y grados de violencia. Esto se ha estudiado en territorios urbanos (^{Duran-Martinez 2015}; ^{Arias 2017}; ^{Auyero y Sobering 2019}; ^{Moriconi y Peris 2019}; ^{Trejo y Ley 2020}) como en zonas rurales de producción de cultivos de coca (^{Ballvé 2012}) y opio (^{Meehan 2015}; ^{Mansfield 2016}).

Para nosotros, estas investigaciones aportan los cimientos del análisis de las relaciones de poder entre el Estado y actores no estatales. Sin embargo, al estudiar zonas con altos niveles de violencia donde prevalecen actores armados poderosos y políticamente conectados como las pandillas, cárteles de drogas y grupos paramilitares la sociedad civil es vista principalmente como una víctima potencial del nexo entre el Estado y el crimen (^{Trejo y Ley 2020}: 62); cuya acción cívica e interacción con el Estado es limitada y amenazada por estos actores armados no estatales, incluso cuando estos son desorganizados (^{Arias 2017}). Tal como señala ^{Arjona (2017)} dicho énfasis en la relación actor estatal actor criminal poderoso ha silenciado las diferentes formas de respuestas (de cooperación o no cooperación) de los actores civiles en contextos de economías ilícitas y guerras civiles, así como su rol en la configuración de estos órdenes sociales subnacionales.

Este artículo argumenta que los actores civiles, en particular, las organizaciones sociales, pueden jugar un rol importante en la heterogénea acción subnacional de los Estados en contextos de ilegalidad. En la literatura de cultivos ilícitos, los actores sociales han sido estudiados principalmente como movimientos sociales nacionales que se oponen a los intentos de erradicación (^{Ramírez 2001}; ^{Durand-Ochoa 2014}; ^{Grisaffi 2019}). Sin embargo, menos atención se le ha dado a nivel subnacional, cuando éstos buscan afectar las políticas aplicadas en sus territorios. Los estudios que existen, sin embargo, apuntan a la importancia de la autonomía de estos actores sociales/civiles para relacionarse con el Estado y los actores armados y reducir los niveles de violencia o el escalamiento de la criminalidad. Moncada plantea que, en el caso de los empresarios, la autonomía de acceso a capital legal es importante para generar esta resistencia (2019: 326). Para otros autores es la historia de estas organizaciones (ej. organizaciones barriales, comunidades indígenas) las que les permite consolidarse en el territorio (^{Arias 2019}; ^{Ley et al. 2019}; ^{Lobo y Vélez 2020}).

Los actores sociales construyen esta autonomía, incluso negociando los bordes de su propia legalidad (^{Dewey 2016}) dado que la existencia de una economía ilegal en el territorio plantea múltiples formas directas e indirectas de vínculos a lo ilícito. El simple hecho de que el cultivo de coca sea una actividad prohibida por la ley, no significa que los agricultores de coca sean vistos como narcotraficantes por otros; debe tenerse en cuenta el proceso de calificación que la sociedad y el Estado hacen de este comportamiento (^{Becker 2009}). Los agricultores cocaleros en los Andes han venido negociando su legalidad desde el inicio de la prohibición del cultivo de la hoja de coca, con resultados muy variados. ^{Grisaffi (2019)} señala que los agricultores del Chapare han logrado, a pesar de estar bastante vinculados a actividades ilícitas, defender su legitimidad como agricultores bajo el lema “coca sí, cocaína no”. Algo similar ocurre en el VRAEM donde se considera narcotraficante a un grupo reducido de actores que no es equivalente a todos aquellos vinculados con la economía ilegal de la coca. Los “nachos” (narcotraficantes) son considerados intermediarios, no los agricultores, y estos tienen un nivel de ganancias más elevado en la cadena de valor ilegal (^{Vizcarra 2018}). Estos bordes de legalidad son revalidados por el Estado reconociendo a estos actores como representantes legítimos de los territorios para la negociación.

Cómo influyen estos actores en la construcción de una política de tolerancia de la economía ilícita requiere considerar más que su autonomía. Las organizaciones sociales no cuentan con los mismos recursos materiales que los actores no estatales armados para contrarrestar o competir con el poder material del Estado (ej. militar, administrativo) cuando este quiere desplegar su poder sobre el territorio (^{Boone 2012}; ^{Eaton 2012}). Sin embargo, a pesar de que los actores sociales no cuentan con estos recursos materiales, pueden apelar a los recursos políticos y simbólicos sobre los cuales se basa la presencia negociada del Estado en el territorio. El alcance territorial del Estado no sólo ocurre a través del despliegue de su capacidad militar o armada, sino también de un proceso de acumulación del capital político/simbólico en el territorio a través de la negociación con actores no estatales (^{Loveman 2005}). El poder relativo de los actores sociales radica en esta forma negociada y relacional en la que el Estado extiende su alcance territorial (^{Giraudy y Luna 2017}). Para Mann esta acumulación de capital político, vía la negociación, es un tipo de “meta-poder” porque implica la aceptación de la presencia y la centralización del poder del Estado, que de otra forma (ej. militar) sólo ocurre de una manera muy precaria y a un alto costo (^{Mann 1986}: 521).

Así, la implementación heterogénea de la política nacional de erradicación de coca en el Perú, en particular, la política de tolerancia en el VRAEM no puede ser entendida sin analizar el tipo de desarrollo del Estado en el territorio y su “efecto” (^{Mitchell 1991}: 94). La primitiva acumulación de capital político/simbólico del Estado en el VRAEM es constitutivo de la pacificación del territorio y del control de los grupos subversivos a fines de los años 90s en el Perú. El Estado logra ordenar la vida social y pacificar el territorio restringiendo la violencia de actores insurgentes, pero no lo hace solo, sino con el soporte de las organizaciones de los agricultores y su economía ilícita de coca. Esto no ocurrió en otros valles como el Alto Huallaga, donde estos grupos lograron el relativo apoyo de la población.¹² Una literatura creciente muestra que el alcance territorial en zonas ilícitas no solo ocurre, sino que se produce a través de procesos de estatalidad negociada (^{Meehan 2015}: 278), donde el poder político/simbólico del Estado radica tanto en “actos de sumisión y de obediencia” de parte de los actores no estatales, como actos de “conocimiento y reconocimiento” por parte del Estado (^{Bourdieu 2000}: 172), incluyendo la actividad ilegal misma.

En el VRAEM, los intentos de llevar adelante la erradicación, y la posible apertura de un conflicto abierto con los agricultores cocaleros, han planteado la amenaza de debilitar esta presencia y capacidad estatal lograda en el territorio, en convivencia con la economía ilícita (^{Heuser 2019}). Este orden informal e híbrido ha mostrado su funcionalidad controlando la violencia y evitando la monopolización de la economía ilícita por actores no estatales armados. La amenaza de debilitar este orden en un contexto nacional ya de alta conflictividad en el país por otras causas como las industrias extractivas,¹³ planteamos ha llevado a la suspensión consecutiva de los intentos de erradicación en el VRAEM por parte de más de tres gobiernos.

Este argumento se resume en la Tabla 1, ubicando al VRAEM en comparación con otros valles productores de una manera referencial. Este artículo no hace una comparación sistemática de estos valles y tampoco de las consecuencias de la erradicación en los lugares donde se lleva a cabo.¹⁴ Queremos mostrar, sin embargo, el despliegue de diferentes dimensiones de la capacidad estatal de Mann, según las clasificaciones de ^{Soifer (2012)} en los valles cocaleros. Esto para explicar los resultados heterogéneos de la implementación de la política de erradicación a nivel subnacional. En particular, señalamos que la política de tolerancia en el VRAEM no puede ser explicada por la ausencia de capacidad coercitiva o administrativa del Estado (dimensiones I y II en la tabla 1),¹⁵ las cuales según los indicadores disponibles existen y son similares en el VRAEM y en otros valles donde se implementa la política de erradicación. La dimensión III destaca la importancia de la capacidad política y relacional del Estado que se ha construido en el VRAEM, sobre la base de una alianza antisubversiva histórica entre agricultores cocalero y el Estado, en particular las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno y donde el carácter simbólico de esta alianza cobra relevancia para los actores sociales y la mantención de un orden social híbrido en la zona. En otras zonas como Monzón-AH y el Corredor Amazónico, la relación con el Estado se ha caracterizado más bien por la criminalización de las organizaciones cocaleras, que consiste en un discurso que asocia a los agricultores cocaleros con grupos subversivos y/o narcotraficantes.

III. ACTORES SOCIALES Y LA SUSPENSIÓN DE LA ERRADICACIÓN EN EL VRAEM

El objetivo de esta sección es mostrar cómo los actores sociales en el VRAEM han resistido la erradicación y logrado suspender los tres intentos de aplicar dicha política nacional durante los años 2000 2019. El VRAEM es una unidad territorial organizada por la economía ilegal de la coca cuyos límites cuentan con criterios poco claros. Sin embargo, como muestra el Gráfico 1, los gobiernos progresivamente han demarcado el espacio territorial para implementar sus políticas. La entidad responsable de la política de control de las drogas es la Comisión para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) que se apoya en el Proyecto Especial CORAH para planificar y ejecutar las acciones de erradicación.¹⁶

Gráfico 1 Mapa del VRAEM 

Desde el regreso a la democracia en el año 2001, sucesivos gobiernos han intentado una política de erradicación en el VRAEM motivados por la fuerte presión internacional de reducir la producción de coca. El Gráfico 2 organiza estos intentos que han sido respondidos por la Federación de Agricultores Agropecuarios del VRAE (FEPAVRAE) y los Comités de Autodefensa (CADs) dando lugar a lo que en este artículo se concibe como una política de tolerancia en la zona.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2 Política Nacional de control de cultivos ilícitos y su resultante subnacional en el VRAEM (2000-2019) 

116 hectáreas erradicadas (Vizcarra 2018-2020)

El 28 de julio del 2019, el presidente de la República anunció que, en dicho año, el CORAH iniciaría las acciones de erradicación en el VRAEM. El argumento central tanto de DEVIDA como del Ministerio del Interior era que las Comunidades Asháninkas que se encuentran en la zona del VRAEM solicitaban la erradicación de los cultivos en su territorio. Esta versión fue cuestionada luego por miembros de comunidades Asháninkas visitados en nuestro trabajo de campo en la zona, quienes sostienen que sus bases sociales no fueron consultadas para el ingreso del CORAH a sus territorios y que hay muchos líderes indígenas que alquilan sus terrenos para cultivo de coca voluntariamente.

Ante ello, la FEPAVRAE convocó a una serie de paros y marchas en Pichari donde se exigía, nuevamente, la instalación de mesas de diálogo con altos funcionarios del gobierno. En medio de una gran tensión en octubre 2019, en la mesa de diálogo de Pichari, junto con el Premier y los líderes cocaleros, se acordó que la erradicación se llevaría a cabo solamente en la zona de Alto Anapati (Mazamari) a solicitud de las comunidades nativas y fuera de la jurisdicción de la FEPAVRAE identificada con 15 distritos. Sin embargo, cuando se llevó a cabo la erradicación de 116 hectáreas en noviembre, los agricultores cocaleros señalan que se realizó en un territorio no reconocido como parte de las Comunidades Ashaninkas. Además, sostienen que erradicaron algunas hectáreas en la zona Nueva Esperanza y Campo Verde (Pangoa), que forma parte de los distritos de la FEPAVRAE.²¹ Todas estas quejas y el desarrollo progresivo de protestas hicieron rápidamente retroceder al gobierno de Vizcarra y dejar la erradicación en el VRAEM por tercera vez suspendida.

Los agricultores cocaleros organizados en la FEPAVRAE y sus Comités de Defensa CADs han sido capaces de frenar la erradicación desplegando recursos de movilización colectiva paros, protestas, elaboración de propuestas técnicas, poder de convocatoria a ciudadanos, y capacidad para negociar con autoridades de nivel central. Esta capacidad de negociación se ha diferenciado de otras organizaciones cocaleras en otros valles, como en el Monzón-AH donde el Estado ha podido ampliar su política de erradicación. Las dirigencias de la FEPAVRAE no han estado libres de tensiones y contradicciones internas, tal como ha indicado ^{Durand-Ochoa (2014)}; sin embargo, en momentos en que existen amenazas de erradicación, la movilización social viene acompañada de una apelación al rol simbólico de los agricultores y la economía cocalera en la pacificación local del territorio y la posibilidad del desarrollo estatal en el VRAEM.

IV. EL ORÍGEN DE LA ALIANZA EN TORNO A LA PACIFICACIÓN DEL TERRITORIO

En esta sección explicamos empíricamente cómo se origina el poder simbólico de la pacificación en el VRAEM y la tolerancia a la economía de la coca en este proceso. El crecimiento del VRAEM como productor de coca ilícita se ha dado progresivamente con las políticas de colonización promovidas en los 60s (^{Aramburú 1982}; ^{Bedoya-Garland 2016}) y luego con el impulso del mercado global de cocaína en los 70s (^{Gootenberg 2008}: 307). Sin embargo, a inicios de los 80s se inician las primeras conexiones con el mercado internacional de cocaína (^{Vizcarra 2018}: 89), el principal productor en el Perú en esa década era el AH (^{Gootenberg 2008}). A finales de los ochenta, el AH alcanzó una producción de 145000 hectáreas de coca (^{Cotler 1999}: 119), mientras que en el VRAEM entre 1988 y 1994 se estima que existieron 30000 hectáreas (^{UNODC 2002}).

En la década de los ochenta, los contrastes y secuencias entre el VRAEM y el AH son claves para entender las diferencias. La alta producción de coca en el Alto Huallaga atrajo a los grupos subversivos como Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que aparecieron en los ochenta para aprovechar la economía ilegal. Estos grupos intentaron monopolizar esta economía y se aliaron con los agricultores para defender los cultivos de las políticas de erradicación (CVR 2003; ^{Felbab-Brown 2010}; ^{van Dun 2012}). En el VRAEM, SL no llegó atraído por la economía de la coca que era aún muy incipiente en comparación con el AH. Llegó replegándose del conflicto armado con las FFAA en la sierra ayacuchana (CVR 2003: 440).

Con el conflicto armado en su mayor auge en Ayacucho, los agricultores en el VRAEM crecieron en número también. Se ubicaron fundamentalmente en la margen derecha del valle en los distritos de Kimbiri y Pichari (mirar Gráfico 1).²² Estos agricultores, que venían al VRAEM huyendo de la violencia del conflicto, vieron como una amenaza la presencia de SL, organizándose en su contra. Esta defensa se volvió más dura por la violencia ejercida por SL y, posteriormente, por los militares hacia los líderes agricultores. En este contexto se crearon los “muntuneros” cuyo objetivo principal era luchar contra SL (CVR 2003: 440).²³ Mientras que en el AH no se crearon organizaciones de autodefensa ante la violencia armada durante el conflicto (CVR 2003: 391; ^{van Dun 2012}: 445), los “muntuneros” que luego se oficializaron como Comités de Autodefensas (CAD's) por el gobierno de Fujimori, se enfrentaron a SL apoyándose crecientemente en los ingresos de la coca para comprar armas y mantener a las cuadrillas de vigilancia (^{del Pino 1996}; CVR 2003). Esto evitó que los actores subversivos monopolizaran la economía de la coca como ocurrió en el AH. Con el avance del conflicto armado interno, las CADs recibieron el apoyo de las fuerzas armadas quien les entregó armas y los reconoció como “pacificadores de la nación” (^{Cotler 1999}; ^{McClintock & Vallas 2005}). No es que la relación de CADSs con las fuerzas armadas no haya sido de tensión durante este periodo, pero al mismo tiempo, éstas últimas reconocieron progresivamente que las CADs eran actores clave en la lucha antisubversiva en la zona.

En el momento más violento del conflicto armado, entre 1989 1995, el gobierno de Fujimori decidió suspender la erradicación pese a la presión norteamericana. La evaluación del gobierno era que el enemigo principal eran los grupos subversivos (^{Cotler 1999}; ^{McClintock & Vallas 2005}) y que la política de erradicación hacía más difícil la lucha contra estos grupos, principalmente en el AH, por el soporte que tenían de parte de los agricultores y narcotraficantes (^{Felbab-Brown 2010}; ^{Manrique, 2017}). En el VRAEM, la coca no era aún vista como un grave problema por sus limitadas dimensiones y porque los agricultores se oponían a SL. El coronel Víctor, un ex mando militar que entrevistamos, señaló que en el VRAEM la erradicación ya había sido desestimada por las fuerzas armadas como “una cuestión de sobrevivencia”, y que el narcotráfico era una “cosa secundaria.”

La lucha por la pacificación en alianza con las CADs fue una lucha efectiva. Mientras que las acciones senderistas disminuían, la tolerancia hacia la producción de coca ilícita por parte de los militares y el gobierno contribuyó a que el cultivo de coca se convierta en la principal actividad económica del territorio a mediados de 1990 (^{del Pino 1996}: 127–128; ^{Heuser 2019}: 27).²⁴ Con el regreso a la democracia y la pacificación de la zona, los CADs fueron perdiendo importancia pública, pero se convirtieron en la principal base organizativa del movimiento cocalero en el VRAEM, la FEPAVRAE.²⁵ En el Monzón-AH, por el contrario, los agricultores de coca y sus organizaciones siempre han sido sospechosos de sus vínculos con los grupos subversivos (^{van Dun 2012}). El mejor ejemplo de esto es la detención de varios líderes de las organizaciones cocaleras del Monzón por su supuesta vinculación al Camarada Artemio de SL durante la intervención en dicha zona (^{Casas y Ramírez 2017}).

La pacificación del VRAEM en la década del 2000 no fue equivalente a la eliminación total de SL. Hubo remanentes que se replegaron a la zona del Vizcatán del Ene, un espacio boscoso de muy difícil acceso. Desde allí ejecutaron algunas emboscadas a las fuerzas del orden, e impusieron cuotas al “libre tránsito” a los mochileros traficantes que se desplazan por el Vizcatán (^{Holmes 2015}; ^{Taylor 2017}).²⁶ Sin embargo, este repliegue ha permitido la concentración de las fuerzas armadas que han capturado durante esta década a la mayor parte de sus líderes, quedando una reducida facción, quien según información de prensa busca negociar su amnistía. Los mismos medios señalan que, según fuentes militares, estos grupos se encuentran desmoralizados, sufriendo enfermedades que no pueden atender en la zona.²⁷ En efecto, en un comunicado reciente, el Ministerio de Defensa informó que uno de los más importante líderes de esta facción de SL, Jorge Quispe Palomino, el ‘camarada Raúl’, falleció a causa de una enfermedad renal.²⁸

La alianza de los agricultores cocaleros con el Estado para la pacificación del VRAEM guarda fuertes contrastes con el AH, y en particular el área del Monzón. La autonomía de estas organizaciones de los actores subversivos ha hecho más difícil su criminalización por parte de los actores del Estado, que buscan avanzar en la erradicación. Además, se han creado organizaciones de defensa como las CADs que colaboraban con el cuidado del orden social, y esta pacificación ha permitido el incremento de la presencia estatal a través de oficinas administrativas y de servicios, bases militares y policiales del Estado en la zona (^{Vizcarra y Heuser 2019}). En la siguiente sección mostraremos cómo se experimentó el último intento de erradicación en el VRAEM, y cómo las organizaciones hacen esta apelación a su participación, y la economía de la coca, en la pacificación del territorio.

V. APELANDO AL PODER DE LA PACIFICACIÓN Y LA POLÍTICA DE LA TOLERANCIA

Cuando empezamos nuestra investigación, el presidente Vizcarra anunció en julio de 2019 el tercer intento de erradicación en el VRAEM. En el territorio, encontramos una situación de mucho movimiento, reuniones y mucha disposición a hablar e invitarnos a sus asambleas. Paul y Jorge, dirigentes de la FEPAVRAE, estaban yendo a una ‘bajada de base’, una asamblea a unos 40 minutos de Pichari. En el camino, nos dijo que nació y se crió en el VRAEM y que durante el conflicto armado interno “era normal ver muertos tirados en el río” y que “no se podía pasar así no más” como ahora hacíamos. Resaltó que esto fue así hasta que “se organizaron los muntuneros y botaron a los tíos”, como llaman actualmente a los miembros de SL. Fueron 30 minutos hablando de cómo creció admirando el trabajo de defensa de las CADs contra SL.

Al llegar el centro poblado, nos recibe un joven con un arma larga y vieja, y tiene un polo negro que dice “Comité de Autodefensa”. Había alrededor de 100 agricultores hombres y mujeres en la asamblea, y un grupo de 8 adultos y jóvenes armados con viejos fusiles. Nos dijeron que estas armas las adquirieron del ejército, y que algunas fueron compradas durante el conflicto armado interno con plata de la coca.

Nuestra percepción es que estuvimos frente a una escenificación (^{Goffman 1959}) para nosotros, pero también para las fuerzas militares y policiales que nos dijeron que siempre pueden tener sus infiltrados en las reuniones. El líder de los CADs mandó a “ponerse firmes”, izar la bandera nacional y cantar el himno del Perú antes de iniciar la asamblea, rito militar adoptado por estas organizaciones. Ya en la discusión, un dirigente recalcó: “nosotros hemos pacificado el VRAE, a nosotros nos debe [el Estado] la pacificación y la lucha frontal contra el terrorismo, ni un muerto más en esta zona a costa de que el gobierno en su intención cojuda quiere meter erradicación acá, ni un muerto más. Creo que hemos dado nuestras vidas, muchas familias han muerto, hemos comprado armamento, cuando nosotros hemos enfrentado con el terrorismo hemos comprado con la economía coca, armamento, rancho, todo lo demás y lo hemos enfrentado y lo hemos pacificado nosotros. Por eso compañeros, ni un muerto más.”²⁹ En la asamblea hubo varias otras intervenciones reivindicando la economía ilícita de la coca en la lucha contra SL. En otra asamblea volvimos a escuchar a uno de los participantes señalar algo muy similar, “la hoja de coca ha jugado un papel muy importante [en la pacificación] ¿Dónde comité de autodefensa, dónde ha adquirido el armamento? a través de la cosecha de coca, mi comunidad, cosechando, hemos adquirido tres armas de larga distancia, con eso hemos defendido [el valle].”³⁰

Para los agricultores cocaleros el rol de sus organizaciones en la pacificación del territorio no es solo pasado. Un CAD de Pichari señala que su colaboración con las fuerzas militares y policiales es clave para “brindar seguridad y orden”, con una serie de riesgos, “nos meten bala, podemos morir y no hay nada [salario, seguro de salud]. Ese es el problema, nosotros sin embargo seguimos trabajando en bienestar del Estado.”³¹ Un dirigente cocalero manifestó que “han empezado a matar gente, creo que es ajuste de cuentas, pero, estas cosas pasan selectivamente, o sea, no es un descontrol, en el VRAEM, ¿dónde? Lo que tú vas a ver en cada comunidad es un Comité de Autodefensa con sus sacos, con su arma, con su escopeta. Entonces, esa es la autoridad, entonces tampoco permitiremos que una banda de narcotraficantes tome por asalto a un pueblo y que hagan lo que les venga en gana, no, no, no. Entonces, eso acá no ha ido a más por este tema del contrato, por todo el historial que tiene.”³²

El VRAEM no es un lugar con altos índices de violencia letal como otros lugares donde operan economías ilegales. Sin embargo, a medida que uno se aleja de Pichari, el centro urbano, y se acerca a los centros poblados más remotos podemos observar, al ingreso de estos centros poblados, sacos de arena con al menos un hombre con arma y ‘chicote’ en mano.³³ Los CADs pidieron nuestros nombres y documento de identidad para entrar a algunas comunidades, el cual nos fue devuelto al finalizar nuestra visita. ^{Poggi (2005}: 144) plantea que la pacificación del territorio por parte de Estado no significa necesariamente la desaparición de la violencia potencial, menos en un territorio de alta economía ilegal como el VRAEM, sino el control de su ejercicio real, o de que la amenaza de esta violencia disminuya debido al funcionamiento de un orden de control.

Este rol de vigilancia a nivel local permite a los CADs colaborar efectivamente con las fuerzas policiales y armadas. La conexión entre las fuerzas del orden y los miembros de los CADs es frecuente. El Ejército recluta principalmente en la zona, así los jóvenes que luego se vuelven miembros de las CADs cuentan con entrenamiento y una cultura militar. El Autodefensa señaló la importancia de ayudar a las fuerzas estatales “porque, digo la verdad, la Policía Nacional, por decir, hay un asalto en Pampa Hermosa, ellos no salen al toque, tienen que dar parte a su jefe, a su superior, al general, ellos autorizan,”³⁴ haciéndonos entender que ellos intervienen primero.

En nuestras visitas pudimos observar como la amenaza de la erradicación reactiva la apelación simbólica a su participación en la pacificación. Un líder nos señalaba “cuidado que el comité de autodefensa puede reaccionar contra el Estado, contra las fuerzas policiales y fuerzas militares. Lo decimos sutilmente, pero eso es lo que yo converso con mucha gente: ‘Yo soy autodefensa, yo soy activo. Tengo mi arma que nos ha dado el gobierno. Y si es que van a mi chacra, yo voy a disparar.”³⁵ Además, plantean que las fuerzas armadas y policiales son incapaces de mantener la seguridad y el orden en el VRAEM solos, “Si la autodefensa se desactiva, el VRAEM va a ser tierra de nadie, por qué, porque hay crimen organizado, con armas largas están, y eso saben muy bien las autoridades, la policía, todos saben. Entonces, la autodefensa de nosotros, hasta el momento, hacemos respetar, con nuestra arma que tenemos.”³⁶

En cada periodo en el que se ha buscado la erradicación en el VRAEM se han reactivados efectivamente estas apelaciones. En conjunto con la movilización, estas apelaciones, han logrado suspender la erradicación en un contexto estatal donde los diferentes actores miran con diferentes prioridades la política de erradicación. Como hemos señalado antes, en el Estado pueden convivir varios “proyectos estatales” que compiten entre sí (^{Auyero y Sobering 2019}: 12). En el Perú hay actores que más claramente buscan cumplir con sus metas nacionales de erradicación como DEVIDA y el CORAH; mientras que otros, como las fuerzas militares, encargadas de la tarea de la pacificación, tienden a considerar con mayor preocupación las consecuencias de la erradicación en el VRAEM.

La anécdota de un Coronel(r) con larga actividad en el VRAEM gráfica bien esto: “el año pasado, el Ministro de Defensa fue a inaugurar una franja ahí en Pichari, ahí un aeródromo, una franja y dijo en su discurso ‘este gobierno va a pacificar el VRAEM.’ Al día siguiente me llama un amigo agricultor, y me dice, como contándome la historia, ‘mi coronel, ayer ha venido el Ministro de Defensa, ha dicho que va a pacificar el VRAEM…, pero, pero si acá estamos en paz.’” El coronel reflexiona y continúa, “¿cuál es la amenaza ahora en el VRAEM? Ninguna, más bien los que amenazamos somos la fuerza del orden, con esos anuncios [] despiertan los muertos vivientes [SL y discursos radicales] []. Para la población el narcotráfico es una forma de vida, tal vez no para el Estado, pero para la población sí, hay que entender eso.”³⁷

VI. CONCLUSIONES

Este artículo busca explicar la heterogeneidad del alcance territorial del Estado en la erradicación de cultivos ilícitos de coca en el Perú, en particular la política de tolerancia en el VRAEM. Plantea que no solo la capacidad unilateral del Estado es importante (ej. su fuerza militar, administrativa), sino la capacidad relacional, en particular en contextos de actividad ilegales. Los actores no estatales imponen importante resistencia a las políticas nacionales de los Estados. Planteamos que los actores sociales son actores no estatales, que en contextos de actividad ilícita han sido menos estudiados porque se los ha visto como más débiles en contexto de alta violencia. Sin embargo, estos actores sociales como lo mostramos en este artículo son actores que se relacionan con el Estado de formas complejas, ya que pueden experimentar múltiples vinculaciones directas e indirectas a las economías ilegales, pero también pueden negociar los bordes de su legalidad con el Estado y la sociedad en general. Los agricultores cocaleros han hecho esto desde la prohibición de los cultivos de coca, con diferentes resultados, no solo nacionales, sino subnacionales, como mostramos en este artículo.

La creciente literatura del Estado en zonas de ilegalidad enfatiza que la capacidad de alcance de los Estado es frecuentemente negociada con actores armados no estatales, el cual muchas veces debe hacer coaliciones para gestionar, en lugar de monopolizar los medios de coerción. En estos casos, la violencia política y las economías ilegales se encuentran fuertemente vinculadas. Sin embargo, ambas dinámicas son diferentes y pueden configurar diferentes formas de relación entre los Estados y los actores vinculados a economías ilegales, como el caso peruano plantea: los Estados pueden aliarse (o tolerar) a los actores vinculados a las economías ilegales para privilegiar el control de la violencia política, mientras estos actores colaboren en garantizar la pacificación y un relativo orden social. La forma en cómo los actores sociales se vinculan a estos procesos emprendidos por el Estado, y sus desafiantes políticos, parece clave para entender su rol en el futuro en socavar los planes futuros de centralización del Estado, en particular de reducir las economías ilícitas.

La literatura de colusión de los actores estatales e ilegales nos permiten entender mejor la acción e inacción del Estado respecto a las economías ilícitas, el acomodamiento de los actores estatales a estas economías cuando éstas pueden viabilizar el desarrollo del propio Estado, o incluso de los políticos mismos. Encontramos que nuestros resultados dialogan con estudios de la minería informal del oro que señalan que, por ejemplo, en zonas de Bolivia, el Estado ha buscado un acomodamiento con los actores sociales vinculados a esta economía para viabilizar el desarrollo del Estado en un momento de boom de precios que podía atraer actores desestabilizantes del orden social, como ocurrió en otros contextos, ej. Perú y Colombia (^{Baraybar y Dargent 2020}). O el análisis más reciente de ^{Holland (2017)}, que plantea que el cumplimiento de la ley no solo responde a la capacidad del Estado de sancionar, sino también de si políticamente elige hacerlo.

Para finalizar es importante mencionar que la “suspensión” de la erradicación, no es solución. Y que el carácter temporal de estas negociaciones expresa las asimetrías entre los agricultores y el Estado, con implicaciones para los pobladores y su futuro. La suspensión de la ley y las negociaciones descritas implican relaciones de poder asimétricas que otorga a los agentes del gobierno central el control del “suspenso”, o de la espera, diría ^{Javier Auyero (2012)}. Los agricultores experimentan la incertidumbre sobre cuándo y por qué el Estado decidirá intentar aplicar la erradicación otra vez, y esperan una salida negociada (hasta ahora no permitida) para practicar el cultivo de coca bajo un orden menos informal, precario y amenazante.