3. Protección penal de los correos electrónicos del trabajador frente a intromisiones del empleador

A continuación se examina, respecto de cada una de las disposiciones penales ya individualizadas, si acaso la intromisión del empleador en los correos electrónicos de un trabajador satisface las respectivas exigencias típicas. En primer lugar se examinará muy brevemente el tipo del artículo 161-A del CP, para descartar su aplicación a este tipo de hechos (3.1). En seguida se examinará el tipo del artículo 146 del CP, para concluir que, si bien desde el punto de vista de su alcance semántico es capaz de abarcar las intromisiones de terceros en los correos electrónicos, una consideración sistemática -iluminada por un examen del derecho comparado- lleva a la conclusión opuesta (3.2). En efecto, en la medida que se considere aplicables a los correos electrónicos los tipos penales de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley de Delitos Informáticos (como se sostiene en la sección 3.3), entonces el artículo 146 del CP dejaría de serlo; en cambio, quien sostenga que aquellos tipos no son aplicables, no debería encontrar obstáculos para brindar a los correos electrónicos la protección que el artículo 146 del CP brinda a las cartas y papeles.

Por último, respecto de los tipos penales que podrían ser aplicables a la intromisión en la correspondencia electrónica hay un elemento que no se examinará sino al final (3.4), dada su relevancia común para todos ellos: la falta de autorización o de voluntad del titular de la información privada -las comunicaciones o datos- para que el agente acceda a la información privada.

3.1. Intervención y difusión de comunicaciones privadas, del artículo 161-A del CP

Más arriba se anticipó que uno de los contextos o circunstancias en que se brinda protección penal a las comunicaciones y documentos -o hechos_ privados se da cuando se encuentran o se producen dentro de recintos o lugares que no están abiertos al público y son, además, en otro sentido, “privados”.

Ese contexto y circunstancias son precisamente los señalados por el artículo 161-A del CP²⁴, que protege, según la doctrina, la intimidad de las personas²⁵ o la inviolabilidad de la vida privada²⁶.

Si se examina únicamente las conductas prohibidas, la intromisión del empleador en los correos electrónicos de un trabajador a lo menos realiza la hipótesis consistente en “captar”, “interceptar” o “grabar” comunicaciones de carácter privado.

Sin embargo, una modalidad típica de lugar no se presenta en la conducta realizada por los empleadores.

En efecto, el carácter privado de las comunicaciones, conversaciones, documentos o hechos a que se refiere la disposición, a diferencia de los demás delitos que se examinan en este trabajo, no deriva de que cuenten con un soporte o continente que impide la percepción directa -exigencia que no aparece en el tipo penal-, sino, en primer lugar, de la circunstancia que el titular les haya confinado a ese “recinto” o “lugar”²⁷, excluyendo el acceso de terceros no autorizados²⁸ y, en segundo lugar, de que sean “privados”²⁹. Y el caso es que ya la primera exigencia no se verifica en la intromisión del empleador en los correos electrónicos de sus trabajadores, que no tiene lugar en un “recinto” o “lugar” de acceso restringido, sino que consiste en una comunicación sostenida a través de un medio virtual, cuya protección contra el acceso no autorizado ciertamente puede afirmarse, pero no es (ni puede ser) relativa a un determinado “espacio”: pues el correo electrónico, por definición, primero viaja por el espacio -en forma de señal o impulso electromagnético- antes de alojarse en un sistema de tratamiento de información y de ser recuperado (“bajado”) en un dispositivo electrónico, que incluso puede ser portátil³⁰.

3.2. Apertura o registro de la correspondencia o de los papeles de otro

El artículo 146 tipifica y sanciona la conducta de “[e]l que abriere o registrare la correspondencia o los papeles de otro”. La doctrina, al parecer mayoritaria, entiende que la acción de “abrir” se refiere a la correspondencia; y la de “registrar”, a los “papeles” (documentos)³¹. A continuación se examina, de forma separada, ambas modalidades, para luego hacer referencia sintética a un elemento común a ellas: la calificación fundada en la divulgación de secretos descubiertos a través de cualquiera de tales conductas.

3.2.1. Primera modalidad: apertura de correspondencia

El concepto de correspondencia se interpreta muy mayoritariamente como una comunicación efectuada a través de un medio “material” y “transmisible”, cuyo contenido sea “aparente”³². La restricción estaría asociada a la interpretación del verbo rector “abrir”, que supone un objeto “cerrado”, sea por estar contenido en un sobre u otro continente similar, sea por estar doblado sobre sí mismo³³.

Esa interpretación del objeto material de la acción no parece dejar lugar al correo electrónico. Para ello, se opta por una comprensión, al parecer, naturalista de la voz “abrir”, por sobre una comprensión normativa, concluyéndose que los paquetes de datos que son portadores de un mensaje electrónico ya son necesariamente “abiertos” y descifrados por el sistema de servicios de Internet, antes de ser retransmitidos al destinatario³⁴.

Como se ve, la restricción del alcance del tipo del artículo 146 del CP no tiene nada que ver con el significado del vocablo “correspondencia”, cuyo sentido natural y obvio bien puede abarcar también a los correos electrónicos³⁵, sino con el sentido del verbo “abrir”, que se entiende referido a correspondencia “cerrada”. Sin embargo, si el sentido de la exigencia de un “cierre” es la expresión de una voluntad de exclusión, la “apertura” automatizada de los paquetes de datos efectuada por “el sistema” no constituye todavía aquella apertura intencional -efectuada por una persona- a la que el delito de inviolabilidad de las comunicaciones privadas quiere oponerse. Ese correo electrónico, ya alojado en el servidor, con indicación de un destinatario y de un “asunto”, no leído aun por nadie, sigue sin ser “abierto”, es decir, sin ser desplegado en la pantalla de un dispositivo -computador, teléfono móvil u otro- (o sin ser impreso), de modo que, entendiendo normativamente -en su sentido jurídico- el concepto de “apertura” no autorizada, no parece haber dificultades semánticas -es decir, derivadas del “sentido” de la ley- para entender que recién será abierto cuando alguien efectúe esa operación intencional.

Por su parte, el carácter “transmisible” del objeto material de la acción, asociado por la doctrina recién reseñada a la necesidad de que sea aparente, tampoco se opone a la inclusión de un correo electrónico como objeto de la acción. Si “aparente”, en este contexto, quiere decir “que aparece y se muestra a la vista”,³⁶ ello también puede decirse de los signos que resultan de la decodificación de los paquetes de datos en que consiste un correo electrónico cuando se le “abre”; y ciertamente se trata, además, de un objeto transmisible.

Esas consideraciones podrían bastar, si se atiende al tenor literal y al argumento teleológico -referido a la finalidad de protección de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas- para admitir al correo electrónico como objeto de protección del tipo penal de violación de correspondencia, del artículo 146 del CP. Así lo entiende alguna doctrina, al parecer, más bien aislada³⁷,³⁸.

Sin embargo, a favor de entender excluida del ámbito del artículo 146 del CP la apertura de correspondencia electrónica, más allá de las razones basadas en su tenor literal, invocadas por una doctrina mayoritaria -si esta expresión puede usarse en un contexto de tratamiento más bien fragmentario de la cuestión por la literatura nacional-, también se ha esgrimido un argumento sistemático. Conforme a este argumento, implícitamente sugerido por los autores antes mencionados, el correo electrónico no estaría protegido por el artículo 146 del CP, sino que encontraría su protección penal, y de forma similar a la de las cartas (entendiendo a la “correspondencia” como referida únicamente a “cartas” escritas en papel u otro soporte semejante), en otras disposiciones penales -el artículo 36 B, letras c) y d) de la Ley Nº 18.168 y, en su caso, el artículo 2º de la Ley de Delitos Informáticos-³⁹.

Pero, aun teniendo en cuenta estas otras disposiciones, si se ha descartado una incompatibilidad semántica entre el concepto de “apertura de correspondencia” y la hipótesis de intromisión en los correos electrónicos, ¿no cabe la alternativa de afirmar, más bien, que también es aplicable, prima facie, el artículo 146 del CP, y que, sin embargo, estamos ante un concurso aparente de leyes penales que, resuelto por subsidiariedad⁴⁰, termina desplazando a la norma del artículo 146 del CP? La magnitud de las penas por el acceso o captación no autorizados de los datos informáticos o señales electromagnéticas, muy semejantes a las de la apertura de correspondencia, pero ligeramente exasperadas, sugeriría sin problemas esta solución. Y la preferencia por estas figuras se explicaría porque captarían las intromisiones en correos electrónicos ajenos con mayor especificidad, esto es, asignando relevancia al hecho de que la comunicación tiene lugar a través de servicios públicos de telecomunicaciones, o que la comunicación quedó alojada en un sistema de tratamiento de información.

Bajo esta interpretación, si, atendida la configuración específica de los tipos de la Ley de Telecomunicaciones, ellos dejasen una “laguna” sin punir, respecto de una conducta que, en cambio, sin dificultad puede ser entendida como “apertura de correspondencia” (electrónica), entonces no habría razón para dejar de aplicar el tipo del artículo 146 del CP -como norma subsidiaria- a tal comportamiento, con una pena semejante -en su caso, ligeramente inferior- a la de aquellas leyes penales especiales⁴¹. Asimismo, si en el futuro una modificación legal a los tipos de la Ley de Telecomunicaciones tuviere por efecto que deje der ser subsumible en ellos una hipótesis de captación de correo electrónico (por ejemplo, si se introdujere una exigencia típica de perjuicio) que, sin embargo, califica como apertura de correspondencia (electrónica), también cabría sancionar por la mera apertura de correspondencia.

Contra la tesis del concurso aparente de leyes penales podría sostenerse que, aun si el concepto de “apertura de correspondencia” pudiese abarcar semánticamente la intromisión en correos electrónicos, esta hipótesis quedaría fuera del alcance del tipo penal del artículo 146 del CP más bien por una cuestión de delimitación sistemática entre tipos penales que tienen capacidad de rendimiento similar para la protección de las comunicaciones privadas, pero que “se dividen el trabajo”, abarcando, uno de ellos, la protección de la privacidad de las cartas, y el otro, la de los mensajes enviados a través de telecomunicaciones o almacenados en sistemas de tratamiento de información. En ese sentido, los “nuevos” tipos introducidos posteriormente por leyes especiales habrían venido a acotar, por contraste, el concepto legal de “apertura de correspondencia”, que (ya) no se entendería referido a la correspondencia electrónica, a la que el legislador precisamente quiso proteger en otro lugar. En tal caso, el alcance de la protección a los correos electrónicos estaría circunscrito a los términos -más o menos estrictos- de estos nuevos tipos penales, y su suerte futura está atada a la de ellos, en el sentido de que cualquier “laguna” de punibilidad que sea identificada en la regulación vigente (apertura con dolo eventual) o que surja de una reforma futura (en el ejemplo propuesto, apertura sin irrogación de un perjuicio), ya no dejaría a salvo la posibilidad de recurrir, de forma subsidiaria, al artículo 146 del CP.

La disyuntiva tiene, como se ve, cierta relevancia. La cuestión se ha planteado en el derecho comparado, pero es interesante hacer notar que, para las hipótesis tenidas en cuenta en este trabajo, nunca ha estado en juego el resultado fundamental de que los correos electrónicos están protegidos penalmente. En efecto, sea porque al momento en que se masificó su uso sencillamente se les entendió como “correspondencia” y quedaron por ello cubiertos por los tipos tradicionales de apertura de cartas, sea porque, antes de su masificación, se crearon tipos penales específicos para proteger a los correos electrónicos, estos parecen haber gozado siempre de una protección relaticamente simétrica a la de las cartas⁴².

Panorama comparado: correlación entre una interpretación restrictiva del objeto de la violación de correspondencia y la existencia de protección relativamente simétrica para los correos electrónicos.

Tres casos de derecho comparado permiten iluminar la situación del derecho chileno, tanto para resolver la relación entre los tipos del Art. 146 del CP y los de las leyes especiales en materia de telecomunicaciones y delitos informáticos -en caso de que se consideren estos aplicables-, como para abonar la conclusión de que, si estos no se considerasen aplicables a los correos electrónicos, la apertura de correspondencia del Art. 146 sí debería serlo.

El primer caso es el del derecho penal español, que puede ser caracterizado como uno en que la simetría en la protección es completa, y explícita, de modo que no tiene ningún sentido -y con ello, deja de ser semánticamente posible- incluir el concepto de “correo electrónico” dentro del de “carta”.

En efecto, la voluntad del legislador español de brindar protección simétrica a las comunicaciones y documentos en uno y otro tipo de soporte se tradujo lisa y llanamente en que decidió tipificar en una única y misma disposición, de modo completamente equivalente, la intromisión en ambos tipos de comunicación. En efecto, el artículo 197.1 del CP español⁴³ castiga con penas de prisión y multa al que:

“para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales”.

Esa decisión, muy temprana, en términos relativos (en 1995, cuando apenas comenzaba a utilizarse el correo electrónico), evitó toda necesidad de preguntarse si el correo electrónico calificaba como carta o “papeles”. De hecho, un año antes, en 1994, el anterior CP ya había incluido junto al delito de descubrimiento y relevación de secretos del artículo 497 -que se refería solo al apoderamiento de cartas o papeles de otro-, en un nuevo artículo 497 bis, un delito de similar tenor (descubrimiento de los secretos) pero referido a la “interceptación de telecomunicaciones”⁴⁴. El nuevo CP de 1995 unificó ambas conductas, explicitando que los correos electrónicos eran un objeto protegido.

Es obvio, entonces, que el sentido de la palabra “carta” en el artículo 197.1 del CP español viene determinado -restrictivamente- por la protección simétrica que reciben los correos electrónicos en la misma disposición. Los correos electrónicos no son una especie del género “cartas”, sino un objeto distinto de estas. La “prueba” patente de ello es que el correo electrónico tiene protección paralela, en el mismo precepto, junto a (y no “dentro de”) la protección brindada a las cartas. Y si no existiese esa mención, que hace explícita la protección al correo electrónico, habría una (importante) razón menos a favor de una interpretación restrictiva de la “carta”, que pretendiese dejar a aquel fuera del contenido semántico de la voz esta.

El segundo caso es el del derecho alemán, y se caracteriza también por la introducción, bastante temprana, de una protección relativamente simétrica (aunque no completamente, como en el caso español) entre la protección de la privacidad de las “cartas” y la de los correos electrónicos.

En efecto, el concepto de carta (Brief), en el § 202 del CP alemán, se entiende de modo restringido, por la doctrina, abarcando solo aquellos escritos (Schriftstücke), con un contenido ideológico, cuyo soporte sea material y se encuentre cerrado⁴⁵. Ello no incluye a los correos electrónicos. Determinante de esta interpretación restrictiva es el hecho de que muy temprano, en 1986, antes de que el correo electrónico llegase a emplearse como medio de comunicación, una reforma legal había incorporado un tipo penal específico para la intromisión en datos electrónicos, el § 202a del CP, que permitía sancionar la apertura no autorizada correos electrónicos sin necesidad de recurrir al § 202⁴⁶. Esta interpretación viene abonada por el hecho de que el propio § 202, que castiga la apertura de cartas, antes de la reforma de 1986 contaba con un párrafo tercero que había sido introducido unos años antes para ampliar la protección penal a otro tipo de soportes de la comunicación de ideas, distintos de la “carta” en sentido estricto. Pero justamente en 1986, con la introducción del § 202a, que ahora sancionaba expresamente la intromisión en datos electrónicos, el § 202 fue modificado para (volver a) referirlo únicamente a escritos (e ilustraciones) en soporte físico, de modo de evitar que se solapase con el nuevo parágrafo referido a datos electrónicos⁴⁷. Finalmente, la introducción, en 2007, de un nuevo tipo penal -en el § 202b- que sanciona la captura de datos mientras son transmitidos por un medio que no es de acceso público, complementa la protección de los correos electrónicos, volviéndola bastante simétrica con la brindada por el § 202 a las cartas^{48 49}.

El tercer caso es el del Derecho austríaco.

Lo peculiar del caso de Austria es que estableció tipos penales especiales para la protección de los correos electrónicos ya bastante años después de que los correos electrónicos comenzaran a usarse masivamente, lo que hizo necesario preguntarse, antes de esa reforma, cuál era el estatuto penal de las intromisiones en los correos electrónicos. En efecto, recién en el año 2002 Austria estableció los tipos penales de acceso no autorizado a un sistema informático (§ 118a del CP) y de afectación del secreto de las telecomunicaciones (§ 119 del CP), en cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio sobre Ciberdelincuencia del año 2001 (Convenio de Budapest), que ese país había suscrito un año antes y ratificó ese mismo año. Hasta entonces, el único tipo penal disponible para proteger la privacidad de los correos electrónicos en Austria era justamente el de apertura de cartas cerradas (§ 118 del CP).

Ello explica que hasta el año 2001, un sector relevante de la doctrina no haya tenido problemas en considerar incluidos, dentro del ámbito de los objetos protegidos por el § 118a, a los correos electrónicos⁵⁰. Así, según Hoeren⁵¹, si las notas penalmente relevantes de la noción de “carta”, son que consista en un escrito, fundamentalmente a base de letras o números, con un contenido ideológico o conceptual perdurable, y que cuente con un remitente y un destinatario, todas esas notas son predicables de un correo electrónico. En particular:

“Si se compara esa definición con el proceso técnico que tiene lugar respecto de los e-mails puede apreciarse que, a través de la descarga de los e-mails es posible hacer legible para el receptor un contenido ideológico. Este contenido es transmitido a través de letras. También la exigencia de perdurabilidad se da del mismo modo que para una carta en sentido tradicional: esta se abre y, tras la lectura es, ora conservada, ora desechada. El e-mail es recuperado en la pantalla, leído y luego, o bien eliminado, o bien archivado en forma de un impreso o de un dispositivo de almacenamiento”⁵².

Y, en particular, la exigencia de que la carta esté protegida por una “cubierta”, que impida acceder directamente a ella, sin “abrirla”, es decir, sin romper una barrera de protección ideal (ideal, porque no importa por la dificultad material que opone), también se aprecia sin problemas en un correo electrónico:

“[e]l e-mail es producido con una “cubierta electrónica”. Ella no está hecha de un sobre protector de carácter físico y no puede por ello ser abierto de forma mecánica. Pero sería muy restrictivo exigir una afectación sustancial de esa especie para el concepto de “abrir”. El § 118 del CP designa como objeto la “carta cerrada”. Esta exigencia es satisfecha por un e-mail con código seguro. Para un e-mail cerrado no es necesario que esté en clave. Del mismo modo que para el envoltorio de un mensaje no se exige un blindaje, tampoco me parece que pueda exigirse, para cumplir con la exigencia de “cierre” del e-mail, que se encuentre en clave”⁵³.

Ahora bien, tras la introducción en el CP austríaco de tipos penales destinados especialmente a proteger la confidencialidad del contenido de los sistemas informáticos y el secreto de las telecomunicaciones, la doctrina parece entender, casi sin matices, que el concepto de “carta”, del § 118 ya no puede referirse a los correos electrónicos⁵⁴.

Esta evolución de la interpretación del concepto de carta, y del alcance del tipo común de violación de correspondencia, en el Derecho austríaco, da cuenta clara, de nuevo, de la correlación entre una protección simétrica explícita entre cartas y correos electrónicos y una restricción del primer concepto.

¿En qué situación se encuentra el Derecho chileno, en comparación con la de esos otros ordenamientos jurídicos?

En mi opinión, como se verá al revisar el artículo 36 B, letras c) y d), de la Ley de Telecomunicaciones y los artículos 2° y 4° de la Ley de Delitos Informáticos, su relación con el Art. 146 del CP es -en términos relativos- similar a la que en el Derecho alemán se da entre la protección de la privacidad de los datos (en este caso interesan los correos electrónicos) y la protección de la inviolabilidad de las cartas: aquellas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Delitos Informáticos ofrecen a la privacidad de las comunicaciones (y documentos) electrónicas, desde antes de la masificación de los correos electrónicos, una protección relativamente simétrica con la que ofrece el artículo 146 a la “correspondencia”, de modo que sistemáticamente es lógico asumir una “división del trabajo”, conforme a la cual esta última disposición se debe entender referida únicamente a la correspondencia con soporte físico.

Pero, para insistir una vez más en que el argumento sistemático es determinante, si se concluyese que, en realidad, ni el artículo 36 B, letras c) y d), de la Ley de Telecomunicaciones, ni los artículos 2º y 4° de la Ley de Delitos Informáticos se refieren a correos electrónicos, el delito de apertura de correspondencia (y el de registro de papeles, como se verá) del artículo 146 del CP, sin ninguna dificultad semántica debería entenderse referido también a la apertura (o registro) de los correos electrónicos. Si en Austria, antes de la reforma de 2002, un contexto sistemático similar a ese -ausencia de tipos especialmente referidos a comunicaciones electrónicas- dio lugar a una doctrina relevante en tal sentido, aun sobre la base del concepto legal de “cartas”, con mayor razón ello sería posible en Chile a partir de un concepto legal aun más amplio, como el de “correspondencia”. El tenor literal no se opondría a ello -salvo con una interpretación naturalista del concepto “abrir”-, la interpretación teleológica lo favorecería, y la interpretación sistemática en tal caso no exigiría restricción alguna, pues no habría disposiciones en leyes especiales cuya referencia a los correos electrónicos clarificase, por contraste, la situación de estos en relación con el artículo 146 del CP.

3.2.2. Segunda modalidad: registro de papeles

Por lo que atañe a la segunda modalidad típica del artículo 146 del CP, el registro de los “papeles” de otro, la doctrina mayoritaria no tiene problemas, esta vez, en normativizar el concepto, abarcando el registro de cualquier “documento”, y entendiendo que los documentos pueden consistir en registros magnéticos, como el de una cinta magnetofónica⁵⁵. Esta normativización del concepto permite perfectamente entender abarcado, dentro de la figura de “registro no autorizado de papeles”, precisamente el registro de correos electrónicos o de documentos adjuntos a ellos.

Con todo, y de modo semejante al caso de la interpretación del concepto “correspondencia”, en relación con la pregunta de si abarcaba a los correos electrónicos, las dudas pueden venir planteadas por una interpretación sistemática del alcance de la noción “papeles”, desde el momento en que se sugiere, por la misma doctrina que normativiza este concepto, que para los documentos en soporte electrónico -o electromagnético- la legislación penal ha introducido, en el artículo 2º (y 4°) de la Ley de Delitos Informáticos, un tipo penal que ofrece una protección “simétrica” a la que el artículo 146 brinda a la privacidad de los “papeles”, como se desprende del siguiente planteamiento de Etcheberry:

“El artículo 146, como hemos visto, sanciona a quien abre o registra los papeles de otro, regulación que a la época en la cual se promulgó cubría las intromisiones en la esfera de la intimidad de los sujetos. El progresivo desarrollo de la tecnología ha puesto hoy a la informática o computación al servicio de los más vastos asuntos, al punto de que los “papeles” van siendo desplazados por la tecnología de almacenamiento digital […] El articulado del La Ley 19.223 contiene tanto figuras de destrucción como de mera intromisión […] [sancionándose en su artículo 2º] el mero conocimiento, para lo cual es necesario que preceda el registro previo”⁵⁶.

Es decir, y esta vez ya sin problemas derivados de una comprensión naturalista del tenor literal del objeto de la acción -pues los “papeles” claramente se entienden en sentido normativo-, una restricción del alcance de la figura típica, para excluir el registro de correos electrónicos y de sus documentos adjuntos, solo tiene sentido si resulta clara la existencia de una “división del trabajo” entre dos tipos penales, que aseguren una protección relativamente simétrica a la privacidad de los documentos, en formato electrónico -en los artículos 2° y 4° de la Ley de Delitos Informáticos- y en formato físico -en el artículo 146 del CP-.

Y, en mi opinión, como se verá más abajo, la protección de los datos electrónicos que resulta de los artículos 2° y 4° de la Ley de Delitos Informáticos efectivamente es, salvadas las diferencias por la naturaleza del soporte, relativamente simétrica con la que el artículo 146 del CP brinda a los “papeles”. Por ello, hay buenas razones para sostener, también respecto de esta modalidad, una “división del trabajo”, que semánticamente hace innecesario entender abarcados los documentos electrónicos dentro del concepto normativo de “papeles”.

3.2.3. Calificación por la divulgación de los secretos descubiertos

Por último, respecto de ambas modalidades, es necesario tener en cuenta que el artículo 146 distingue entre una figura básica y una calificada, señalando penas distintas en cada caso. La calificación exige, en primer lugar, que la correspondencia contenga algún “secreto”, es decir, en palabras de Etcheberry, “un hecho que es conocido solo en un círculo restringido de personas y respecto del cual existe, por parte de alguien, un interés legítimo en que el conocimiento se mantenga limitado a ese círculo de personas, pues su conocimiento por otros afectaría adversamente a un bien de que es titular (su honor, sus intereses, su tranquilidad, etc.)”⁵⁷. Y, en segundo lugar, exige que ese secreto haya sido “divulgado” a terceros, bastando para ello con “la revelación a una sola persona”⁵⁸. La falta de cualquiera de esas dos circunstancias -no había secretos en la correspondencia, o no fueron divulgados-⁵⁹ lleva a la aplicación solo de la figura básica.

3.3. Captación y difusión de comunicaciones sostenidas a través de servicios públicos de telecomunicaciones, y acceso no autorizado y revelación de datos de un sistema de tratamiento de información

Los delitos que se examina a continuación tienen como objeto específico de protección comunicaciones o datos con soporte “técnico”. En el caso de las comunicaciones, el soporte son señales de telecomunicaciones, que se transmiten en base a “líneas o redes de telecomunicaciones mediante impulsos eléctricos”⁶⁰. En el caso de los datos, el soporte son diversos medios de almacenamiento, sean semiconductores, magnéticos u ópticos⁶¹.

Antes de examinar los tipos, en particular, es necesaria una breve explicación sobre el modo en que operan los correos electrónicos, sea como forma de comunicación, sea como datos que pueden ser almacenados.

3.3.1. Los correos electrónicos, su forma de operación y las alternativas para la intromisión en ellos

El correo electrónico es una herramienta de internet que permite enviar y recibir mensajes por medios electromagnéticos⁶². El recorrido de esos mensajes consiste en una red de computadores, a través de los cuales van viajando los paquetes de datos a partir de ciertas instrucciones efectuadas por los usuarios. En su recorrido más simple, el envío involucra a lo menos 4 computadores. El primer computador es el del remitente, que, a través de un programa de mensajería electrónica, redacta el mensaje, al que vienen asociados una fecha, el nombre del remitente y su dirección electrónica; una vez que el remitente da la instrucción de envío del mensaje, esa información viaja a otro computador, el del servidor de correo electrónico del remitente, que a su vez identifica -en la dirección de correo electrónico que el remitente señaló para el destinatario- cuál es el servidor que presta servicios al destinatario, y lo reenvía al mismo⁶³. El servidor del destinatario recibe, en un tercer computador, el mensaje y, luego de identificar la dirección específica del destinatario y su capacidad para recibir otro mensaje, lo envía al mismo. Una vez que el destinatario descarga el mensaje, este se almacena en su computador, el cuarto de la cadena⁶⁴.

Una peculiaridad a tener en cuenta es que, mientras el servidor del remitente no logra enviar el mensaje al destinatario, el mensaje se almacena en ese servidor, que reintentará el envío tiempo después -unas horas más tarde, generalmente-. Recién tras su despacho exitoso, el mensaje es borrado del servidor del remitente. A su vez, mientras el destinatario no descarga el mensaje, este permanece almacenado en su servidor -el servidor del destinatario-⁶⁵.

Así, los correos electrónicos pueden verse en dos facetas. En primer lugar, como comunicaciones, que son transportadas por señales que responden a impulsos eléctricos, y que tienen lugar a través de servicios públicos de telecomunicaciones, cuya inviolabilidad está protegida penalmente⁶⁶. En segundo lugar, pueden verse como datos almacenados en computadores, esto es, en un sistema de tratamiento de información, cuya confidencialidad también está protegida penalmente⁶⁷.

Cuál de esas facetas es la que está en juego en una determinada hipótesis fáctica, es algo que depende de la etapa en la que se encuentra el mensaje electrónico al momento de la conducta cuya tipicidad se examina.

Una mirada al derecho alemán, en el que estas dos facetas están claramente distinguidas, y son objeto de dos tipos penales diferentes, puede servir de aclaración, pues como se verá, el derecho chileno también puede ser interpretado a partir de la distinción entre ambas facetas de la protección de los datos.

En Alemania, en efecto, se entiende que los correos electrónicos pueden ser objeto de una intromisión penalmente relevante, tanto de la forma descrita por el § 202a del CP, que castiga el “espionaje de datos” -referido no solo al tráfico de las telecomunicaciones, sino principalmente a cualquier dato que pueda estar grabado en un computador y asegurado especialmente contra el acceso no autorizado-⁶⁸, como de la forma señalada por el § 202b del CP, que castiga el apoderamiento o captación de datos que están siendo objeto de una transferencia no pública de datos o de una transmisión electromagnética hecha por un equipo o planta de procesamiento de datos⁶⁹. Y la línea divisoria está trazada justamente en la distinción entre un acceso a datos almacenados y uno a datos cuyo envío aún está en curso. Así, si el mensaje está ya almacenado en el computador del trabajador de una empresa, luego de que este lo “bajó” desde el servidor a su computador, el acceso no autorizado es típico del § 202a del CP, siempre que los datos estén especialmente asegurados contra tal acceso (exigencia típica expresa de esa disposición); en cambio, si el mensaje está almacenado en el servidor del remitente, de modo que el trabajador, con solo conectarse al servidor, aun puede bajarlo a su computador, teléfono o dispositivo móvil, entonces se entiende que aún está en proceso de transferencia de datos⁷⁰.

Una delimitación similar puede efectuarse en el derecho penal chileno. Si el mensaje ya fue enviado, pero aún no recibido, porque aún se encuentra en el servidor del destinatario, lo que viene a cuento es examinar una posible afectación de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, realizadas por medio de un sistema público de telecomunicaciones, del artículo 36 B, letra c), de la Ley de Telecomunicaciones. Si el mensaje aún no ha sido enviado, o ya fue recibido por el destinatario, que lo descargó desde su servidor a su computador o dispositivo móvil, el acceso no autorizado a este computador o dispositivo, para conocer el mensaje, interesa como posible infracción a la confidencialidad de estos sistemas y de los datos contenidos en él, del artículo 2° de la Ley de Delitos Informáticos.

Hechas esas aclaraciones, ahora corresponde examinar los tipos de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley de Delitos informáticos para verificar si es subsumible en ellos la intromisión del empleador en los correos electrónicos del trabajador.

3.3.2. Captación y difusión de comunicaciones sostenidas a través de servicios públicos de telecomunicaciones, del artículo 36 B, letras c) y d), de la Ley de Telecomunicaciones

El artículo 36 B, letra c), de la Ley de Telecomunicaciones castiga al que:

“[…] intercepte o capte maliciosamente o grabe sin la debida autorización, cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio público de telecomunicaciones”.

Por su parte, la letra d) del mismo artículo castiga:

“[l]a difusión pública o privada de cualquier comunicación obtenida con infracción a lo establecido en la letra precedente”.

La introducción de las letras c) y d) del artículo 36 B de la Ley de Telecomunicaciones, por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, durante la tramitación de la Ley Nº 19.277, pretendió, como la misma Comisión afirmó:

“sancionar en forma drástica la violación de las comunicaciones privadas, sin autorización del dueño […] Se viola la privacidad de las comunicaciones hechas a través de servicios públicos de telecomunicaciones, que no sean de libre recepción”⁷¹.

Además, esta nueva forma de protección a las comunicaciones se entendió como complementaria de la brindada, en general, a las comunicaciones, por el Código Penal, razón por la cual se prefirió mantener el tipo en una ley especial⁷².

Que el servicio de acceso a internet sea un servicio público de telecomunicaciones no parece estar en duda⁷³; y siendo el correo electrónico una de las herramientas de internet, tampoco se duda sobre la protección penal del mismo bajo el artículo 36 B de la Ley de Telecomunicaciones, en general, y de sus letras c) y d), en particular⁷⁴.

Se trata, pues, de uno de los casos en que la expectativa de exclusión de terceros se desprende del hecho que la comunicación o el documento cuenta con un soporte o continente que impiden la percepción directa, como ocurre con la telefonía, el correo electrónico, la mensajería a través de teléfonos móviles, entre otras⁷⁵. Su carácter “privado” se desprende del hecho que los intervinientes en la comunicación se dirigen a través de tales señales a destinatarios determinados, con exclusión de terceros. Así lo entiende la doctrina⁷⁶, y la jurisprudencia constitucional⁷⁷. El impedimento a la percepción directa viene impuesto por el medio a través del cual la comunicación tiene lugar, cuya percepción por terceros no autorizados exigiría emplear una herramienta o proceso técnico para captar o interceptar la señal en que se transporta y, en su caso, grabarla, que son justamente las hipótesis tipificadas por artículo 36 B, letra c), de la Ley de Telecomunicaciones.

Ahora bien, por lo que respecta a las conductas específicamente sancionadas, la letra c) castiga al que “intercepte” o “capte”, en ambos casos de forma maliciosa, o al que sin autorización “grabe” las respectivas señales de telecomunicación. La noción de “interceptar”, sugiere una interrupción de la comunicación, esto es, una obstrucción de la vía de comunicación, impidiendo que la señal llegue al destinatario, mientras que la de “captar” se conforma con “percibir”, “recibir” o “recoger” esas señales, sin impedir que lleguen a aquel⁷⁸.

Si se atiende a la forma como opera la transmisión de correos electrónicos, su captación es posible desde el instante inmediatamente posterior a aquel en que su redactor dio exitosamente a su computador la instrucción de envío, y hasta que el destinatario da al suyo, también exitosamente, la instrucción de “bajar” el mensaje desde el servidor, de modo que se aloja en su computador. Aplicado ello al caso de la intromisión por parte del empleador en los correos electrónicos del trabajador, la conducta podrá realizarse accediendo al servidor de la empresa para captar un mensaje “enviado”, antes de que haya llegado a destino, o a un mensaje “recibido” antes de que se descargue en el computador usado por el trabajador o en un dispositivo móvil que le permitiera recibirlo, pues hasta ese momento la comunicación aun está en curso. En estos casos, la conducta del empleador realiza las exigencias objetivas del tipo penal del artículo 36 B, letra c), de la Ley de Telecomunicaciones.

Por lo que respecta a la exigencia típica de “malicia”, mayoritariamente se la entiende como una referencia a dolo directo⁷⁹, una especie de dolo que, en cualquier caso, también se ve satisfecho con “un dolo de las consecuencias seguras”⁸⁰.

Por último, en relación con la difusión de la información, de la letra d), basta la difusión privada y, de acuerdo con el tenor literal de la disposición, la conducta se castiga respecto de cualquiera que divulgue el mensaje, sin necesidad de que se trate de la misma persona que lo captó⁸¹.

Una variante de interés puede producirse en el acceso por parte del empleador a los correos electrónicos de una cuenta a la que el trabajador ya no puede tener acceso, tras su desvinculación (por renuncia o despido), con el propósito de obtener información útil para defender los intereses de la empresa, incluso en una eventual demanda en tribunales.

En tal caso, los correos recibidos en esa cuenta, desde el instante de la desvinculación, quedarán alojados en el servidor, sin poder ser “bajados” por el trabajador a un dispositivo al que él tenga acceso. Nuevamente se trataría, entonces, de la captación de comunicaciones en curso, efectuadas mediante señales emitidas a través de un servicio público de telecomunicaciones. El hecho de que esa comunicación probablemente no iba llegar a destino no cambia en nada la base fáctica relevante para el enjuiciamiento. Si se trata de una comunicación privada, enviada por una persona natural a otra persona natural determinada, esta es la única autorizada para percibir su contenido. En este caso, la legítima expectativa del ex trabajador destinatario del mensaje no consiste en que se le dé acceso a esos mensajes, sino en que su cuenta sea dada de baja, de modo que quienes le envíen correos a ella reciban un mensaje automático del servidor, que les permita insistir por otra vía. En cualquier caso, todo ello sería irrelevante. Lo que importa para establecer la tipicidad bajo la modalidad típica de “captación” de señales, como ya se vio, no es la interrupción de la comunicación, sino la percepción o recepción no autorizada de ella, que en esta variante también se produciría. Si acaso la protección de intereses de la empresa justifica esta intromisión es algo que se examinará más abajo⁸².

3.3.3. Acceso no autorizado y revelación de datos contenidos en sistemas de tratamiento de información, de los artículos 2° y 4° de la Ley de Delitos Informáticos

El artículo 2° de la Ley de Delitos Informáticos castiga al que:

“con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él”.

El artículo 4° de la misma ley, por su parte, castiga al que:

“maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información”.

Ya durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado por una moción parlamentaria, quedó en claro el propósito de brindar protección, entre otros aspectos, a la privacidad de los datos contenidos en los sistemas automatizados de información, tal como ocurría en otros países que habían legislado en la misma dirección⁸³.

Así lo entiende la doctrina, que precisamente ha destacado la relativa simetría existente entre la protección brindada por estos delitos a la privacidad de los datos informáticos, con la que el artículo 146 del CP ofrece a la privacidad de los “papeles”⁸⁴.

La ley, entonces, no solo castiga el hacking “duro” o cracking del sistema informático o de los datos, destinada a dañar uno u otros, sino también el hacking “blando”, consistente en el acceso indebido, sin intención de dañar el sistema o los datos⁸⁵. Precisamente eso basta para afectar la privacidad de los datos.

Y, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, como el alemán⁸⁶, la violación de la confidencialidad o privacidad de los datos, por intromisión, no requiere que estos se encuentren especialmente asegurados contra el acceso⁸⁷, como lo ha reconocido ya alguna jurisprudencia⁸⁸.

También es relevante señalar que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido la protección de la privacidad de los datos con independencia de la propiedad sobre el computador en que se encuentra, a favor de los datos que un funcionario guarda en el computador que le ha sido facilitado para desempeñar sus funciones⁸⁹.

Por lo que respecta al artículo 4°, la difusión no tiene por qué ser hecha a un gran número de personas. Según la misma Corte Suprema, hubo difusión en la conducta consistente en dar conocimiento de la información a la que se accedió indebidamente a otras tres personas⁹⁰. En el derecho alemán, sobre una base normativa semejante a la chilena, se acepta que hay difusión incluso en el acto de entregar la información a las autoridades de persecución penal, sin perjuicio de que pueda luego discutirse si esa conducta -indudablemente típica- se encuentra justificada⁹¹.

Por último, la Corte Suprema también afirma, como por lo demás viene sugerido por el tenor literal, que, para ser sancionado, no es necesario que quien revela los datos haya sido la misma persona que accedió ilícitamente a ellos⁹².

El tenor de estas disposiciones no parece oponer problemas, prima facie, para subsumir en ellas la intromisión del empleador en los correos electrónicos del trabajador. Pues en tal caso se accede a datos de un sistema de tratamiento de los mismos, el servidor del remitente del correo electrónico, sin autorización de alguno de los titulares de los datos -el remitente o el destinatario-.

Ahora bien, la circunstancia de que el acceso por parte del empleador se produzca en terminales y servidores de su propiedad plantea la siguiente cuestión: ¿Qué relación debe tener el titular de los datos con el sistema de tratamiento de los mismos al cual el tercero accedió indebidamente? Es claro que no tiene por qué tener propiedad sobre ellos. Pero, ¿debe tener la facultad de acceder a él o de autorizar a otro que acceda al mismo? La disposición nada dice, pero la analogía con el caso del computador puesto a disposición del trabajador o funcionario, respecto del cual este tiene ciertamente una facultad de acceso y en su caso, de permitir a otro hacerlo, sugiere que el titular de los datos no puede ser ajeno al computador o sistema de tratamiento de datos. La finalidad de protección del tipo sugiere, de hecho, que el sistema de tratamiento de datos debe ser uno sobre el cual el titular de los datos puede ejercer el poder de acceder, y de permitir o negar el acceso a otros, sin que esto último suponga, como se vio, medida de seguridad alguna, pero sí al menos, la posibilidad de permitir un acceso lícito.

¿Se encuentra en esa situación el servidor del correo electrónico del destinatario de este? Bien vista su situación, me parece que sí. El titular de la cuenta de correo electrónico tiene la facultad de acceder a la información que, bajo su nombre de usuario, y mediante uso de su clave secreta, se encuentra alojada en el servidor. Él puede permitir a otros el acceso y, ciertamente, puede negarles el acceso.

Nada hay, pues, en el tenor literal de la disposición, que se oponga a subsumir en el tipo la intromisión del empleador, siempre que se satisfaga, además, la exigencia subjetiva de que el acceso haya sido efectuado con el ánimo de conocer indebidamente la información.

Sin embargo, dado que la intromisión del empleador en los correos electrónicos del trabajador lo más probable es que se produzca mientras el correo electrónico aun está alojado en el servidor, al que el empleador (en general, a través de su departamento de informática) suele tener acceso directo, esa conducta no solo realizaría el tipo de acceso indebido a la información, del artículo 2° de la Ley de Delitos Informáticos, sino también la del artículo 36 B, letra c), de la Ley de Telecomunicaciones, pues se trataría de una comunicación que está aun siendo transmitida, y se encuentra protegida contra la captación no autorizada⁹³. En mi opinión, en tal hipótesis nos encontraríamos ante un concurso aparente de leyes penales, que debe resolverse por subsidiariedad (tácita) a favor del tipo penal de interceptación o captación de señales de telecomunicaciones, sancionado con una pena ligeramente superior a la de acceso indebido a un sistema de tratamiento de información, que expresa un interés del legislador también (ligeramente) superior en la protección -junto con la privacidad de la comunicación- de la inviolabilidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, en comparación con su interés en proteger la inviolabilidad de los sistemas informáticos. En cambio, si la intromisión del trabajador se produce cuando la comunicación ya no puede entenderse aun en transmisión, por ejemplo, cuando el correo ya fue “bajado” y alojado en su computador, la conducta debe sancionarse como acceso no autorizado a datos informáticos, con el ánimo de conocerlos.

3.4. Falta de autorización o de voluntad por parte del titular de los datos o comunicaciones

Como se señaló más arriba, a los tres tipos que se ven realizados, siquiera en una primera consideración, por la intromisión del empleador en los correos electrónicos del trabajador, es común la exigencia de que el agente no cuente con la autorización del titular de la información privada a la que accede. Se trata de un elemento normativo del tipo, de carácter jurídico, formulado de manera negativa: el agente no debe haber contado con la debida autorización. Tal exigencia es explícita en el artículo 146 del CP y en el artículo 36 B, letra c), de la Ley de Telecomunicaciones, y debe entenderse como exigencia implícita del artículo 2° de la Ley de Delitos Informáticos, en relación con la cualidad de “indebido” del conocimiento buscado por el agente.

Es trivial que la “debida autorización” en el artículo 36 B, letra c), de la Ley de Telecomunicaciones puede ciertamente referirse a la de la autoridad judicial⁹⁴. Más interesante es examinar las condiciones bajo las cuales puede tenerse por concurrente una autorización del titular de la información o comunicación en el caso relativamente habitual, en la práctica empresarial, de que el reglamento interno de la empresa califique la casilla de correo electrónico proporcionada a sus trabajadores como una “herramienta de trabajo”, y se reserve el derecho de acceder a su contenido, reglamento interno que a los trabajadores, con frecuencia, se solicita firmar en señal de consentimiento. Estas cláusulas suelen tener el sentido de permitir a los encargados informáticos proteger la integridad de los sistemas informáticos y la confidencialidad de los datos de la empresa y de la correspondencia oficial.

¿Es suficiente esa circunstancia para considerar que el titular de la información y de la comunicación autoriza a la empresa a captar y abrir su correspondencia electrónica privada y a acceder a y registrar los documentos electrónicos asociados a tales comunicaciones, para enterarse de su contenido?

Las mejores razones llevan a concluir que no. El titular de la información no da tal autorización.

Como se observó más arriba⁹⁵, de acuerdo con la doctrina de la Dirección del Trabajo y del Tribunal Constitucional, las comunicaciones privadas, aun sostenidas por medio de una casilla de correo electrónica habilitada por el empleador, se encuentran protegidas por la garantía constitucional de la inviolabilidad de correspondencia y de las comunicaciones privadas. Esta protección no desaparece porque la empresa se arrogue una potestad unilateral de revisar los correos electrónicos. Y tampoco es renunciable por un trabajador, tratándose de una garantía constitucional, como ha dictaminado la Dirección del Trabajo⁹⁶.

Ello no quiere decir, sin embargo, que un trabajador no pueda renunciar al carácter privado de una comunicación, precisamente autorizando a terceros a acceder a su contenido. Ya no se trataría, entonces, de una renuncia a la garantía constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, sino de una autorización expresa del trabajador de que se acceda al contenido de una comunicación privada. Así, por ejemplo, si un trabajador enfermo en casa, telefónicamente autoriza a un compañero de trabajo o a su jefe para abrir su correo electrónico para que así estos puedan revisar si ha recibido alguna comunicación que estaba esperando y a la cual es importante responder con urgencia, no está renunciando a la protección que la garantía constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas le brinda, sino al carácter privado de una comunicación en particular.

¿Y no es posible deducir del carácter oficial de la cuenta de correo electrónico una autorización general del trabajador al empleador para consultar sus mensajes?

En Chile el tema no se ha planteado en sede penal, pero el Tribunal Constitucional ha sugerido, respecto de los correos electrónicos enviados y recibidos por funcionarios públicos, a través de sus casillas institucionales, que se asume su carácter privado, a no ser que esté expresamente prohibido el uso privado de tales casillas⁹⁷.

En ese contexto, de la firma del reglamento interno en el que la empresa se reserva el derecho a acceder al contenido de los correos de las cuentas asignadas a los trabajadores difícilmente puede afirmarse que el trabajador autoriza el registro de todas sus comunicaciones privadas, mantenidas a través de la cuenta de correo electrónico unipersonal que le proporcionó la empresa, identificada justamente con su nombre. El reglamento interno, cualquiera que fueren sus términos, no podría imponer a los trabajadores, incluso si se les exigió firmar un recibo, la renuncia a la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia. Eventualmente podría haber prohibido el uso privado de los mismos, pero tampoco puede desprenderse de ello, sin más, que los trabajadores renunciaban a la privacidad de las comunicaciones efectuadas por ese medio⁹⁸.

Así, respecto del trabajador que firma el reglamento interno, a lo más puede afirmarse que es consciente de que su cuenta de correo electrónico puede ser monitoreada por la empresa, con un fin muy específico: asegurar la integridad de los sistemas informáticos de la empresa y garantizar la reserva y confidencialidad de las operaciones de carácter profesional que a través del correo electrónico efectúa, es decir, para garantizar que terceros ajenos a la empresa no tengan acceso a tales operaciones, que es la única confidencialidad que a la empresa puede interesarle. Pero no cabe desprender de ello que ese trabajador accede a que incluso sus comunicaciones extralaborales sean registradas. Eso nada tiene que ver con la integridad de los sistemas informáticos y la garantía de la reserva y confidencialidad de operaciones de carácter profesional. El trabajador que declara conocer el Reglamento puede seguir confiando, entonces, en que sus comunicaciones privadas no serán registradas.

Por lo demás, la clara doctrina de la Dirección del Trabajo, conforme a la cual, ni aun con acuerdo del trabajador, la regulación en el uso de los correos electrónicos por parte de la empresa, puede traducirse en que ella conozca el contenido de los mismos, puede entenderse como un argumento en contra de la eficacia de una supuesta renuncia anticipada, in totum, a la privacidad de los correos electrónicos enviados y recibidos desde cuentas unipersonales. Tal renuncia debería efectuarse de forma singular, en términos acotados.

Sin embargo, otra cosa cabe concluir si el carácter colectivo o compartido de la cuenta descarta la existencia de una expectativa de privacidad de las comunicaciones. La cuestión se ha planteado en el derecho alemán, donde la doctrina ha entendido que falta el carácter privado en el mensaje electrónico cuando está dirigido a una cuenta colectiva de la empresa (por ejemplo: adquisiciones@empresaimaginaria.cl), afirmando, por el contrario, el carácter privado de todo mensaje dirigido a una cuenta unipersonal, a nombre del trabajador (por ejemplo, pedro.perez@empresaimaginaria.cl)⁹⁹. En el primer caso habría que incluir también a las cuentas que, con conocimiento del trabajador, emiten automáticamente una copia de todo mensaje enviado o recibido a través de ellas a un oficial o departamento de compliance.