1. Algunas cuestiones generales sobre el contenido y funcionamiento

En su texto vigente, el artículo 294.1 de la LOPJ establece que “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado un auto de sobreseimiento libre, siempre que le hayan irrogado prejuicios.”

El precepto contiene la regla básica que fija los contornos sobre los que rige la responsabilidad del Estado en esta materia, y que luego es complementado por los numerales 2 y 3. Su redacción actual es fruto de una reciente decisión del Tribunal Constitucional de junio de 2019¹⁴ la que, según la doctrina, realizó un cambio radical en la forma en que se había planteado el debate respecto a quiénes efectivamente tendrían derecho a obtener una indemnización por este título de imputación e incluso respecto a los fundamentos del mismo¹⁵.

Dos observaciones iniciales antes de analizar algunos elementos con mayor detalle. En su forma actual, el artículo 294.1 parece establecer una regla muy abierta de indemnización ya que, en principio, entregaría este derecho a todos los que estuvieron en prisión preventiva y no fueron condenados. La regla no exigiría que la prisión preventiva haya sido decretada erróneamente como lo hace nuestra normativa constitucional¹⁶. Las únicas restricciones que parece imponer esta regla son las formas de término específicas que debe haber tenido el caso (absolución o auto de sobreseimiento libre¹⁷) y el que la privación de libertad haya arrojado perjuicios a quien requiere la indemnización. De cualquier manera, no pareciera tratarse de límites intensos.

Una segunda cuestión es que esta redacción se aparta de la lógica en que los tratados internacionales de derechos humanos regulan el derecho a indemnización en casos de privación de libertad. En efecto, ellos establecen un derecho de indemnización que se construye en la idea de la ilegalidad de la privación de libertad (ya sea entendida como contravención a las reglas del propio instrumento internacional como lo regula el artículo 5.5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o incluyendo también violaciones de legislación interna como el artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)¹⁸. En consecuencia, la prisión preventiva decretada pudo haber sido perfectamente legal y acorde con disposiciones de derecho interno e internacional e igualmente daría lugar a la indemnización en el caso de que la persona que la ha sufrido sea absuelta o se la haya dictado un auto de sobreseimiento libre. Desde este punto de vista, se trata de un derecho que ofrece una cobertura muy superior al contenido en la legislación internacional de derechos humanos.

Esta apertura normativa tendría un cierto reflejo en las cifras del sistema. Entre los años 2000 a 2008 (al 30 de septiembre) se habrían presentado 1.453 solicitudes de indemnización por dicho concepto¹⁹ y entre 2015 y 2016 habrían sido otros 323²⁰. En consecuencia, y tomando estos años como base, habría un promedio de alrededor de 160 solicitudes anuales, siendo el segundo título de imputación con más solicitudes en dicho país luego del funcionamiento anormal de la administración de justicia²¹.

En relación a sus resultados, sólo tengo disponibles los datos expuestos en el estudio que revisó su funcionamiento entre los años 2000 a 2008. En dicho período se habrían estimado favorablemente 50 solicitudes, es decir, sólo un 3,44% del total²². Nuevamente se constata una diferencia importante entre un sistema normativo abierto y una situación en la práctica mucho más limitada.

Un estudio empírico más reciente arroja algunos datos relevantes a considerar para determinar los alcances prácticos de esta regla. En este se identifican 64 sentencias que concedieron indemnización a 70 personas en el período comprendido entre el año 2005 y el 2015 (hasta el 30 de junio)²³. Asumiendo que en el período se mantuvo relativamente constante el número de solicitudes de indemnización (lo que parece bastante razonable a la luz del número del año 2015 que ya cité), no se habría producido un cambio muy radical en el otorgamiento de las indemnizaciones respecto de las cifras del período 2000 a 2008 expuestas.

Pero este estudio agrega algunos elementos adicionales relevantes de considerar. La media del monto indemnizado habría sido de EU$ 42.295, pero con un nivel de variación bastante importante entre el caso con menor y el con mayor monto²⁴. El tiempo promedio de privación de libertad de los indemnizados fue de 245,2 días, también con una alta variabilidad entre ambos extremos²⁵. Este estudio incluyó también una comparación de los casos indemnizados con una muestra de asuntos que concluyeron con condenas. No se detectaron diferencias significativas en los promedios de duración de las prisiones preventivas ni en otras variables como género y edad, entre otras que se midieron. Sí, en cambio, se apreció una diferencia relevante respecto a los tipos de delitos, con una tendencia a imputaciones por figuras más graves tratándose del grupo que no fue condenado o, como señalan también sus autores, de “delitos altamente estigmatizantes y con fuertes repercusiones mediáticas”²⁶. Esto mostraría en cierta medida una mayor disposición del sistema español a utilizar la prisión preventiva en los asuntos más graves, aún sin considerar la fortaleza del caso, fenómeno que en nuestro país también ha sido identificado en investigaciones empíricas sobre su uso²⁷.

Si bien el porcentaje de casos estimados favorablemente es relativamente magro, me parece que desde el punto de vista positivo estamos en presencia de una regla que ha demostrado un mayor rendimiento si uno la compara, por ejemplo, con nuestro artículo 19 nº 7 letra i) de acuerdo a los datos entregados en la introducción. Esto, además, considerando que incluso el volumen total de personas en prisión preventiva en el promedio diario en Chile sería superior al de España, según muestran cifras que dispongo²⁸. Por otra parte, los montos promedios de las indemnizaciones efectivamente obtenidas no serían bajos en relación al promedio de días de privación de libertad.

Desde un punto de vista crítico, en cambio, es posible notar cómo este título de imputación contenido en una regulación amplia, al menos en comparación con los estándares internacionales, no se ha concretado en una práctica indemnizatoria tan frecuente ni robusta. En parte, esto se explica por la configuración previa de la regla y la jurisprudencia generada en el período de su vigencia²⁹. Sobre estos elementos me detengo en la sección que sigue.

2. La evolución de la regla de indemnización por prisión preventiva

Hasta antes de la decisión del Tribunal Constitucional de junio de 2019, el artículo 294.1 de la LOPJ incluía como un elemento de restricción adicional a la procedencia de este derecho el que la absolución o el sobreseimiento libre se hubieran basado en la “inexistencia del hecho imputado”. Al alero de esta redacción se generó una fuerte disputa interpretativa de los reales alcances de este derecho tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la que puede ser resumida a muy grandes rasgos en tres etapas previas a la situación actual.

En un momento breve inicial de vigencia de esta norma, que se extendió hasta el año 1989, el Tribunal Supremo la interpretó de manera estricta, comprendiendo que sólo cubría los casos en que la absolución o el sobreseimiento libre se fundaban en la inexistencia del hecho que originalmente había sido imputado a la persona que estuvo en prisión preventiva (inexistencia material u objetiva) y, además, interpretando literalmente que ello sólo podía proceder cuando se dictare sentencia absolutoria y sobreseimiento libre³⁰.

A partir de un conjunto de decisiones del Tribunal Supremo desde enero de 1989, poco a poco se consolidó una nueva línea jurisprudencial que estuvo vigente hasta el año 2010. Esta, que constituiría lo que se podría identificar como la segunda etapa,³¹ se ha descrito como “expansiva y favorable a la declaración de responsabilidad del Estado”³² o como una “interpretación extensiva”³³ o, simplemente, como más flexible³⁴. Dos elementos centrales caracterizaron al período. El primero y más importante es una ampliación interpretativa significativa del alcance de la expresión “inexistencia del hecho imputado”. En efecto, la jurisprudencia entendió que no sólo se refería a inexistencia objetiva, sino que incluiría la “subjetiva”, es decir, casos en que se dio por acreditada la falta de participación del acusado (no simplemente cuando hubiera falta de prueba sobre ello). El Tribunal Supremo justifica el abandono del tenor literal estricto por razones teleológicas o finalistas³⁵. Pero, además, la comprensión de la inexistencia objetiva se amplió cubriendo casos de inexistencia jurídica o falta de tipicidad de los hechos imputados³⁶.

El segundo aspecto en donde se produjo una ampliación de la interpretación estricta en esta etapa fue en materia del tipo de resoluciones judiciales que podían considerarse para efectos de estar cubiertas por el 294.1 de la LOPJ (sentencias absolutorias y sobreseimientos libres). Así, el Tribunal Supremo también señaló que el auto de sobreseimiento provisorio podía equipararse al libre cuando se encontrare firme y se haya retirado también la acusación de parte del Ministerio Fiscal³⁷.

La tercera etapa se desarrolló a partir del 23 de noviembre del año 2010, fecha en la que el Tribunal Supremo intenta hacerse cargo de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Europea de Derechos Humanos. A esa fecha había dos casos en que se condenó a España por violación del derecho a la presunción de inocencia (artículo 6.2 del Convenio Europeo) como consecuencia del tratamiento hacia a personas que solicitaron indemnización por prisión preventiva injusta y que les fue denegada debido a la falta de certeza total de la inocencia de los requirentes (por tanto, por no acreditarse el supuesto de inexistencia subjetiva). La Corte Europea consideró que esta distinción entre casos en que se acreditaba la no participación y los que no había prueba suficiente afectaban el tratamiento como inocentes que debían tener las personas no condenadas³⁸. En ese contexto, el Tribunal Supremo optó por el camino de restringir la interpretación que sostenía desde 1989 y volver a la tesis literal más estricta de que el único caso cubierto por el artículo 294.1 de la LOPJ era el de inexistencia objetiva, evitando así incurrir en razonamientos que potencialmente podría afectar a la presunción de inocencia³⁹. Sin embargo, esta interpretación fue objeto de diversas críticas⁴⁰.

La paradoja que se da con esta solución es que, a partir de una decisión de la Corte Europea destinada a aumentar el nivel de protección de derechos de los justiciables, el Tribunal Supremo opta por un camino que reduce significativamente la protección que hasta el momento se había ofrecido en España a las personas que habían sido objeto de prisión preventiva y luego no había resultado condenadas⁴¹. Con todo, el Tribunal Supremo se encarga de afirmar que no necesariamente los casos de inexistencia subjetiva quedarían sin protección ya que, al menos una porción de ellos, podrían obtener reparación por las vías del error judicial o del funcionamiento anormal de la justicia⁴².

Este escenario cambia de manera significativa a partir de la decisión del Tribunal Constitucional de junio de 2019. Explico esto en la siguiente sección.

3. La regulación vigente de la indemnización por prisión preventiva

Desde el año 2017, el Tribunal Constitucional comienza a manifestar una posición crítica hacia la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo al constatar que ella podría afectar la presunción de inocencia. De esta forma, ese año acoge dos recursos de amparo presentados por demandantes a quienes no se dio lugar a una solicitud de indemnización en casos de inexistencia subjetiva, poniendo en duda la constitucionalidad de la interpretación restrictiva asumida luego de 2010⁴³.

La situación concluye con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su decisión de junio de 2019. En esta, se elimina la frase que ya he mencionado, lo que en la práctica significan una apertura del artículo 294.1 de la LOPJ⁴⁴. En efecto, en el tenor literal actual no existe limitación para la procedencia de la indemnización más allá del tipo de resolución y que se haya causado un daño al solicitante, reforzando así el componente de responsabilidad objetiva de la norma. Con todo, como veré un poco más adelante, esto no establece un sistema automático de reparación.

No puedo entrar al detalle de la argumentación sostenido por el Tribunal Constitucional en su extensa sentencia en este punto porque ello me alejaría de los objetivos de este trabajo. Basta mencionar que los fundamentos principales descansan en la infracción al principio de igualdad contenido en la Constitución (artículo 14), al considerarse que restringir el artículo 294.1 de la LOPJ sólo a casos de inexistencia de hechos establecía una diferencia que carecía de una justificación razonable y que, además, resultaba desproporcionada⁴⁵. Por otra parte, el Tribunal Constitucional considera que en su redacción e interpretación vigentes a ese momento se producía una incompatibilidad estructural con la garantía de presunción de inocencia contenida en el artículo 24.2 de la Constitución española de 1978⁴⁶.

Dos elementos adicionales. El primero, es que el Tribunal Constitucional se detiene en el análisis de la finalidad o sentido del artículo 294 de la LOPJ⁴⁷. En esta dirección concluye que la exposición de motivos de la LOPJ no informa sobre la materia, pero que es posible concluir que su existencia, por su configuración específica que permite reparar casos en que la prisión preventiva haya sido adoptada legalmente y sin error, se justifica por la singularidad del derecho involucrado con su uso y por la magnitud de la injerencia que ella supone causando efectos en extremo gravosos. Bajo esa perspectiva, la sentencia ancla la indemnización en estos casos en la idea de que ella corresponde a una situación de “daño sacrificial” de la libertad⁴⁸ regulada por el legislador, que es consecuencia de una medida como la prisión preventiva que representa un sacrificio instrumental de la libertad con un carácter aflictivo extraordinario⁴⁹. El Tribunal Constitucional resume su análisis en este punto señalando: “En suma, la persecución de intereses objetivos vinculados a la protección de la comunidad permite la limitación del derecho inviolable a la libertad, en las condiciones y en los casos previstos por la ley, pero también activa un mecanismo de compensación del extraordinario sacrificio que impone”⁵⁰. Lo interesante de esta reflexión es que abandona por completo la idea que el fundamento de la indemnización por uso indebido o injusto de la prisión preventiva surge asociada al problema del error en el sistema judicial o a ser una forma específica de funcionamiento anormal, independizándola de esta forma de los otros dos títulos de imputación contenidos en la Constitución y la LOPJ⁵¹.

El segundo aspecto que destaco se refiere a los alcances de esta decisión del Tribunal Constitucional. Como ya señalaba, una primera lectura que sería posible abordar es que, a partir de ella, todo caso de una persona que estuvo en prisión preventiva y que no resulta condenada (ya sea por absolución o sobreseimiento libre) tendrá derecho a obtener indemnización de parte del Estado de una manera relativamente automática para todos quienes se encuentren en esa situación⁵². En la parte final de su decisión, el Tribunal se hace cargo en forma explícita de esta materia sosteniendo que su decisión no tiene por objeto establecer un sistema de indemnización automática. Se postula que el legislador tendrá libertad para acotar los presupuestos y alcances del artículo 294.1 de la LOPJ y, aun antes de eso y en su ausencia, éste deberá ser desarrollado mediante “…interpretaciones congruentes con su finalidad y con la teoría general de la responsabilidad civil que realicen la administración y, en último término, los órganos judiciales”⁵³. El Tribunal menciona como ejemplos de estos elementos de la responsabilidad civil la compensatio lucri cum damno y la relevancia de la conducta de la propia víctima. Autores como Medina Alcoz luego han desarrollado pautas bastante detalladas de cómo estos elementos debieran ser ponderados para efectos de determinar la existencia o no de una indemnización en el caso concreto⁵⁴.

El artículo 294 de la LOPJ regula otras dos materias que no fueron alteradas por la decisión del Tribunal Constitucional y que describo brevemente para completar el cuadro de la regulación vigente en la materia. El artículo 294.2 establece un criterio para determinar la cuantía de la indemnización que debe considerar el tiempo de privación de libertad y las consecuencias personales y familiares que se hayan sufrido con ellas. Se trata de otra materia en la que no existe posibilidad de un comportamiento automático por parte de los órganos que toman la decisión, debido a la inexistencia de un baremo constitucional o legal específico⁵⁵.

Una última materia que regula la LOPJ está contenida en el artículo 294.3 y se refiere al procedimiento a seguir en estos casos. Este se sujeta a la misma tramitación prevista para las situaciones de funcionamiento anormal, es decir, se permite recurrir directamente al Ministerio de Justicia a solicitar la indemnización sin tener que pasar previamente por el Tribunal Supremo.

Como se podrá apreciar, la reciente decisión del Tribunal Constitucional ha significado una ampliación muy relevante de la posibilidad de obtener indemnizaciones por prisiones preventivas. A la fecha, el legislador español no ha reaccionado con alguna regulación complementaria que precise alcances y límites del artículo 294.1 de la LOPJ, como tampoco existe un tiempo suficiente acumulado para evaluar el impacto que esta decisión ha tenido en la práctica del sistema⁵⁶. Todo debiera indicar que a un breve plazo se debiera producir un aumento importante en el número de solicitudes y de casos estimados favorablemente. Con todo, las resistencias en esta materia a veces se sobreponen a las regulaciones legales vigentes, por lo que será necesario hacer seguimiento sobre esto.

1. Alemania: la diversidad de vías indemnizatorias

El caso alemán pareciera ser un buen ejemplo de cómo la reparación de víctimas de privaciones de libertad erróneas se podría lograr a través de diversos mecanismos. Se trata, además, de un país con larga tradición en leyes especiales dedicadas a la reparación de personas que han sido objeto de un proceso penal⁵⁷.

El principio básico sobre el cual se construye el modelo alemán es que, al igual que en España, la responsabilidad por daños causados por la actividad judicial es del Estado y no de los jueces en particular, salvo casos calificados de actuación ilegítima⁵⁸. A partir de ello, en la actualidad se prevén varios estatutos que permiten solicitar indemnización más allá de los casos de condenas erróneas.

Roxin reporta que el imputado está autorizado a iniciar un procedimiento con este objetivo en varias situaciones⁵⁹. La primera, se trata de los casos de una persecución penal desde sus inicios ilegítima, es decir, en colisión con las normas de la Ordenanza Procesal Penal Alemana. A ello agrega casos de ilegitimidad fundados en disposiciones como el artículo 5.5 del Convenio Europeo referido a detenciones ilegales⁶⁰.

Un segundo título indemnizatorio se referiría a casos en los que se puede solicitar la compensación aun cuando las autoridades hubieran actuado conforme a derecho o legalmente. Este título surgiría de la regulación de 1971 conocida como la Ley sobre resarcimiento de medidas de persecución penal del 8 de marzo de ese año⁶¹, que ha sido objeto de diversas modificaciones en el tiempo. El parágrafo 2 (1) de esta ley confiere el derecho a reclamar la indemnización al imputado que haya sufrido daños como consecuencia de que en el proceso hubiera sido objeto de prisión preventiva, internación, aprehensión provisional, secuestro y retiro provisional del permiso de conducir en caso de ser absuelto o el procedimiento dirigido en su contra haya sido sobreseído⁶².

Roxin explica que la ley distingue las consecuencias según si se trata de una absolución o un sobreseimiento. En el primer caso procede la indemnización salvo se den algunas de las situaciones reguladas como exclusiones en los parágrafos 5 y 6 de la ley⁶³. Estas exclusiones hacen afirmar a Domenech que se trata de un sistema de responsabilidad que entregaría amplias facultades a los tribunales para admitir o denegar una solicitud de indemnización, citando, por ejemplo, el parágrafo 6(1)(2) que permite rechazar la solicitud si la absolución se produjo por un impedimento de tipo procesal⁶⁴. Tratándose de un proceso concluido por sobreseimiento, si el caso debe ser concluido por esa vía hay un derecho automático a la reparación. En cambio, tratándose de situaciones en que esta forma de término surge como una ponderación del tribunal, la indemnización dependerá de la discreción del mismo⁶⁵. Estas distinciones pondrían un matiz en relación al alcance de la discrecionalidad judicial identificado por Domenech para decidir sobre el punto.

Finalmente, un tercer título de indemnización ha surgido a partir de una reciente ley elaborada con el objeto de incorporar en la legislación interna algunas decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos en contra de Alemania. Se trata de una ley de 2 de diciembre de 2011, que introdujo el parágrafo 198 a la GVG (Código de Constitución de Cortes) y que tiene por propósito indemnizar casos en los que ha existido una excesiva duración de los procesos en todo tipo de materias (no penales exclusivamente)⁶⁶. La indemnización cubriría tanto perjuicio patrimonial material e inmaterial y concede EU$ 1.200 por cada año de retraso⁶⁷. Con todo, esta nueva regulación se ha criticado debido a que se trataría de una regla extremadamente limitada en cuanto al ámbito de procedencia ya que sólo se haría exigible en casos de excesiva duración y de clara y especial inactividad del sistema⁶⁸.

Finalmente, se ha agregado más recientemente una nueva hipótesis de reparación en favor de imputados en casos en que “existen motivos para preocuparse de que el proceso no será concluido en un tiempo proporcionado” en el parágrafo 198 (3) de la GVG⁶⁹.

Como se puede apreciar en esta somera revisión, el caso de Alemania presenta interés ya que ha ido ampliando paulatinamente en el tiempo las vías para obtener indemnización en diversas situaciones que el proceso penal puede generar daños. Desafortunadamente, carezco de evidencia empírica que muestre el funcionamiento de estas reglas en la práctica. Si ellas se cumplen de acuerdo al parámetro normativo sería posible pensar que entregan una cobertura más amplia que lo que hemos estudiado hasta el momento, pero se debe ser cauteloso por la enorme brecha que en estas materias suele existir entre norma y práctica.

2. Holanda: ¿un estatuto generoso en su práctica?

Otro ejemplo que me parece interesante revisar se refiere al caso de Holanda. Este país mantiene aún uno de los procesos penales de mayor apego a los sistemas inquisitivos de justicia vigente en Europa⁷⁰ y, por otra parte, tiene números de población y flujos de casos del sistema relativamente similares a los nacionales como veré.

En la legislación procesal penal de Holanda también se contempla la posibilidad de que un imputado que ha sido objeto de privación de libertad durante el desarrollo del proceso pueda solicitar compensación por los daños causados invocando diversos títulos de imputación. El primero corresponde, al igual que en Alemania, al caso establecido en el artículo 5.5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prevé el derecho a indemnización si se produce una detención ilegal⁷¹.

Existen dos vías más para intentar obtener una indemnización, una en la que incluso se podría solicitar en el evento que la privación de libertad haya sido decretada en forma legal⁷². En efecto, el artículo 89.1 del Código de Procedimiento Penal de dicho país establece el derecho que tiene de cualquier sospechoso que haya sido detenido y cuyo proceso no haya concluido con sanciones en su contra a solicitar una compensación por los daños ocasionados, los cuáles podrían ser pecuniarios y no pecuniarios⁷³. A pesar de esta redacción, que en principio parece establecer un sistema de responsabilidad objetivo y automático, el artículo 90.1 del Código cualifica la posibilidad de obtener indemnización a que el tribunal que conoce de la solicitud lo estime conveniente, para lo cual debe tener en cuenta todas las circunstancias e identificar que existen motivos o razones de equidad para su concesión. Según Domenech esto, al final de cuentas, se traduce en que el legislador entrega amplia discrecionalidad a los tribunales para decidir otorgar o denegar las indemnizaciones bajo este título⁷⁴, lo que nos alejaría de estar en presencia de una norma que opere en forma automática. Esta lógica pareciera haberse recogido ampliamente por la jurisprudencia en Holanda⁷⁵.

En cuanto a la indemnización misma, el artículo 90.2 del Código de Procedimiento Penal señala que para fijar el monto deberá considerarse las circunstancias personales del requirente. El artículo 90.4 permite, por su parte, que la compensación se produzca por vía de imputar los días privados de libertad al cumplimiento de penas por otros casos⁷⁶. Finalmente, diversos instructivos dictados por el Poder Judicial de Holanda han fijado un baremo para indemnizar por cada día privado de libertad dependiendo del lugar en que esta se produce. Ese corresponde a EU$ 105 por día en caso de haberse ejecutado en una celda de la policía, EU$ 80 en una casa de preservación y EU$ 105 en una prisión o cárcel de máxima seguridad. Se trataría, en todo evento, de una guía y no de cifras obligatorias⁷⁷.

En términos procedimentales, el artículo 89.3 del Código de Procedimiento Penal establece que la solicitud de indemnización debe presentarse dentro de los tres meses de concluido el caso y esta podría ser incluso solicitada por los herederos (artículo 89.6), caso en el cual la compensación no incluirá pérdidas no pecuniarias. Según el artículo 89.4 la cámara que conozca la solicitud debe estar integrada en la medida de lo posible por jueces que hayan intervenido previamente en el juicio.

Un segundo título de imputación está previsto en el artículo 519a del Código de Procedimiento Penal. Dicha norma establece que una persona que ha sido condenada tiene derecho a solicitar compensación en el evento de que la detención policial o la prisión preventiva haya sido ilegal para el delito específico por el cual fue privado de libertad⁷⁸. Procedimentalmente se aplican las mismas reglas, por analogía, del mecanismo del artículo 89 según dispone el artículo 519a.4.

Según se puede apreciar, se trataría de una situación completamente diferente que descansa sobre la idea de ilegalidad de la detención que es objeto de indemnización, pero que tiene el aspecto interesante de explicitar que esa ilegalidad no se “blanquearía” por la existencia de una condena en el caso.

Es importante también señalar que una misma persona podría recurrir por ambas vías mencionadas si es que se dieran las dos situaciones en su favor⁷⁹.

Más allá de esta descripción de los títulos de imputación existentes, el caso holandés es interesante por la existencia de estadísticas oficiales que permiten conocer un poco mejor la forma en que en la práctica estas reglas se cumplen⁸⁰. Así, en el año 2016, los datos indican que en virtud del artículo 89 del Código de Procedimiento Penal (casos de privaciones de libertad sin sanción) se presentaron 7.235 solicitudes de compensación en estas materias, siendo concedidas 6.222, es decir, un 86% de ellas. El monto total de las compensaciones otorgadas llegó a EU$7,9 millones y el promedio concedido por solicitud fue de EU$1.266. El número de peticiones e indemnizaciones concedidas ha crecido en forma sistemática y estable desde el primer año en que están disponibles los registros (1990 con 692 solicitudes y 451 concedidas), sin embargo, el monto promedio de 2016 es más bajo que el año 1990 (EU$ 2.065), el año 2000 (EU$ 2.538) y el 2010 (EU$ 2.189) por mencionar algunos ejemplos del período. Se mantiene estable el porcentaje en que acogen solicitudes que se mueven entre el 80% y 90% y el gasto total no ha superado los EU$ 11,1 millones anuales (años 2012 y 2013 como puntos más altos).

Tratándose del artículo 519a del Código de Procedimiento Penal, el año 2016 se habrían presentado 10.375 solicitudes de indemnización, de las cuáles se acogieron 9.680, es decir, un 93%. El monto total de las compensaciones otorgadas llegó a EU$15,3 millones y el promedio concedido por solicitud fue de EU$1.576. Al igual que en el caso anterior, el número de solicitudes e indemnizaciones concedidas por este título ha crecido en forma sistemática y estable desde el primer año en que están disponibles los registros (1990 con 711 solicitudes y 564 concedidas). También ocurre que el monto promedio de 2016 es más bajo que el año 1990 (EU$ 1.969), el año 2000 (EU$ 3.513) y el 2010 (EU$ 2.132) por mencionar algunos ejemplos del período. Se mantiene estable el porcentaje en que se acogen solicitudes que se mueven también entre el 80% y 90% y el gasto total no ha superado los EU$ 16,4 millones anuales (año 2014 como punto más alto).

Para contextualizar el alcance de estas cifras me parece interesante tener presente algunos datos generales del sistema de justicia penal holandés y demográficos del país. Al año 2014, la justicia penal holandesa tenía alrededor de un millón de ingresos registrados por la policía (1.006.770), de los cuáles un 60% estuvo constituido por delitos contra la propiedad⁸¹. Ese mismo año, el sistema alcanzó un poco menos de 160.000 condenas o equivalentes funcionales (entendidas como alguna respuesta de tipo punitivo que puso fin al caso)⁸². Su población al año 2018 era de 17,2 millones de habitantes aproximadamente⁸³. Por otro lado, cifras del 2013 indicaban que el 39,9% de la población penitenciaria eran personas en prisión preventiva⁸⁴ y un estudio sobre la práctica en el uso de esta medida cautelar indicaba que en un porcentaje mayoritario de los casos en que el fiscal la solicita, ésta se obtiene y que, en casi en todos ellos, el proceso terminó con una condena (96,4%)⁸⁵.

Como puede apreciarse, se trata de cifras similares de población que las de nuestro país y con ingresos y condenas del sistema de justicia penal porcentualmente comparables, aun cuando menores en términos absolutos que Chile⁸⁶ y con un uso similar de la prisión preventiva⁸⁷. En este escenario, el hecho de que en el año 2016 se haya dado lugar a cerca de 16.000 solicitudes de indemnización por ambas normas revisadas y de tasas de aceptación de las solicitudes que se mueven entre 80 y 90%, habla de una práctica completamente diversa en relación a la posibilidad concreta y vigencia real de las normas que establecen un derecho a obtener indemnización. Existiendo diferencias importantes en la configuración de ambos sistemas de justicia penal, mi punto es que en esta materia pareciera que la explicación no puede simplemente obedecer al carácter más inquisitivo del modelo holandés por sobre el nacional. Lo mismo podría argumentarse también tratándose del sistema español, y sin embargo Holanda también se distancia de la cobertura que hasta la fecha se ha dado en dicho país a los casos de personas sometidas a prisión preventiva que no han sido finalmente condenados.