Introducción: Desnaturalizando el neoliberalismo ambiental en Chile

Chile, al igual que otros países de la región latinoamericana, en la última década fue protagonista de un crecimiento sostenido de conflictos socio-ambientales. Conflictos que adquirieron una generalizada visibilización pública en torno a los años 2011 y 2012, luego que se produjera una de las movilizaciones estudiantiles más largas experimentadas en el sistema educación superior y secundaria, la cual se expandió a otros sectores y organizaciones sociales y ambientales del país. En ese contexto, Chile experimentó una serie de protestas de carácter regionalistas, ambientalistas e indígenas, las cuales se dirigieron a cuestionar los alcances y limitaciones de la legislación ambiental e indígena de los años 1990, así como los impactos sociales y ambientales de la economía exportadora impuesta con la dictadura militar y profundizada por los gobiernos de centro izquierda. Diversos sectores sociales y organizaciones ambientales comenzaron a criticar las supuestas regalías del cobre en el norte, los impactos de las industrias forestales y las salmoneras en el sur, y la crisis en la disponibilidad y acceso al agua producto del intensivo extractivismo minero y agroexportador en la zona central del país.

Como sostiene Silva, los estudios sobre Chile desde su retorno a la democracia a inicios de los años 1990, estuvieron focalizados principalmente en temas como democratización, derechos humanos, de un lado; mientras del otro, sobre las cuestiones de como compatibilizar crecimiento económico y modernización con equidad, quedando marginalmente explorado el estudio sobre los impactos socio-ambientales del neoliberalismo¹. En este sentido, este trabajo busca contribuir desde el campo etnográfico, con análisis que den cuenta de las trasformaciones económicas, sociales y culturales que ha generado la confrontación de imaginarios identitarios en el marco de conflictos socio-ambientales y territoriales contemporáneos.

Estos conflictos que estallaron en el período 2011-2012, generaron un clima incierto para el sector exportador e inversionista, quienes se vieron desafiados y desconcertados por las múltiples protestas y oposiciones de comunidades indígenas, grupos ambientalistas y otras organizaciones sociales. Ellos a nuestro entender, dieron cuenta de las fricciones de un neoliberalismo que comenzó a ser desnaturalizado, no sólo por sus efectos depredatorios en términos ambientales, sino también en cuanto a sus formas de gestionar la participación y la democracia. Como señala Gudynas "Las protestas ciudadanas están proliferando y el extractivismo está chocando contra un límite democrático".²

Si bien los conflictos socio-ambientales tuvieron un temprano tratamiento en Chile como lo sugieren algunos autores³, durante el retorno a la democracia fueron ampliamente canalizados a través de la política pública y las expectativas de una legislación medioambiental aprobada en 1994 y puesta en marcha operativamente el 2001. No obstante, éste avance jurídico rápidamente mostró limitaciones e ineficacias para frenar la expansión extractivista minera y agroexportadora de la década de los años 1990 y que se consolidó en la década del 2000. Al menos esto es lo que plantearon las organizaciones y movimientos socio-ambientales, que durante la última década irrumpieron a lo largo de todo el país. En particular, el 2011 se presentará un escenario inédito en Chile con diversos conflictos que desde el extremo norte al extremo sur del país se dieron a conocer y que, entre otros, tuvieron como ejemplo las protestas en la ciudad de Calama exigiendo los beneficios del cobre, -el sueldo de Chile- (y cuya exportación en un 50% aproximadamente sale de ese territorio). Al otro extremo, el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Hidroaysén acaparó el debate ambiental tanto a nivel nacional como internacional, mostrando el trauma socio-ambiental generado por las presiones de las industrias energética y minera.⁴

En este sentido, el papel de los movimientos sociales y ambientales del nuevo milenio, aún en su heterogeneidad de demandas, abrieron una discusión que parecía superada durante los años 1990. Las posibilidades de compatibilizar democracia política y neoliberalismo económico, comenzaron un proceso de revisión y crítica una vez advertidos sus impactos negativos. Por lo demás, las estrategias de los movimientos socio-ambientales impusieron novedosas formas de activismo político y ecológico en el campo social chileno.

Esta crítica se habría radicalizado una vez advertidas las contradicciones entre las legislaciones ambiental, patrimonial e indígena desplegada en la década de los años 90, con la propuesta energética alineada con políticas internacionales que dieron pie a los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Chile durante ese período, y sus intentos de incorporase a grupos como el NAFTA (North American Free Trade Agreement) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En particular, lo ocurrido con la construcción de la hidroeléctrica Ralco en la región del Bío Bío el año 1997, y que significó el desplazamiento de familias pehuenches de sus territorios ancestrales, fue una clara señal de los gobiernos de la concertación respecto a su política económica, en este caso energética, y de su alineación con los intereses transnacionales⁵.

La institucionalización de las demandas sociales y ambientales en la legislación aprobada el año 1994 en Chile, se debe observar entonces como el resultado de una negociación política interna entre gobierno y organizaciones en el contexto de recuperación de la democracia; a su vez, la respuesta obligada a las exigencias impuestas por al aparato del desarrollo transnacional y su enverdecimiento a través del discurso de la sustentabilidad ambiental. De allí es posible comprender las limitaciones e ineficacias de la legislación ambiental de los años 1990, que bajo un formato neoliberal relevó mecanismos de control y regulación de la participación social, así como favoreció la construcción de un conocimiento tecnificado y burocratizado del medio ambiente. Estos han sido los principales argumentos puestos en cuestión por las organizaciones sociales y ambientales en los conflictos llevados adelante en el último período. Denunciando entre otras falencias, las argucias legales que limitan la participación social en los procesos de evaluación ambiental y la apertura de mercados especializados en la producción de conocimiento ambiental en manos de consultoras privadas. Se legitima un tipo de conocimiento y experticia sobre el medio ambiente, a la vez que se marginan los conocimientos locales que dan vida a los movimientos sociales y ambientales. Este tipo de conocimiento- el ambiental- en manos de sus expertos, se presenta entonces como la solución técnica a los problemas ambientales y sociales desde una visión economicista de los mismos, los cuales centran sus propósitos en la creación de marcos regulatorios flexibles, mercados de aguas competitivos, rentabilización de servicios ecosistémicos, sistemas de alerta temprana y monitoreo, compensaciones y/o propuestas de acciones de responsabilidad social empresarial.

En definitiva, esta nueva política medioambiental global que se impuso en Chile en la década de los años 1990 profundizará el tratamiento tecnicista de la naturaleza y la construcción del homo tecnocraticus . Como sostiene Grinberg: "La problemática ambiental es monopolizada por "expertos", condicionada por políticos, y deformada por la acción de grupos de presión o lobbies al servicio de corporaciones transnacionales nada interesadas en la alteración de las reglas del juego fijadas por los megapoderes que rigen la vida contemporánea"⁶.

La producción de conocimiento verde autorizado y la incorporación del discurso del desarrollo sostenible ambientalmente, fueron logradas en gran parte por las acciones de agencias multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo. Políticas orientadas a moderar los conflictos socio- ambientales emergidos en la década de los años 1980 frente a las medidas de ajuste estructural realizadas en varios países bajo el mandato de estas instituciones, las cuales generaron efectos directos sobre el deterioro social y ambiental en diversas partes del mundo. Debido a esta apropiación del discurso verde y la institucionalización de ecofalacias en torno al medioambiente tales como el "desarrollo sostenible" -como lo describe Grinberg-, el tratamiento de los conflictos socio-ambientales quedó entrampado entre los apoyos activistas de organismos no gubernamentales y las políticas conservacionistas de las agencias multilaterales.

Este escenario nacional tuvo su correlato a escala regional en Valparaíso, -una de las regiones de mayor concentración demográfica y sede del poder legislativo-, a partir de dos conflictos que tuvieron amplia repercusión nacional e internacional. Los conflictos por el agua en la Provincia de Petorca coincidieron con las movilizaciones que se reactivaron en las comunas de Puchuncaví y Quintero producto de la contaminación acumulada en 5 décadas (Figura 1). Ambos conflictos tomaron la agenda socio-ambiental de la región, y relevaron las inflexiones del neoliberalismo y sus impactos socio-ambientales, así como una nueva comprensión de derechos en torno a la recuperación de los bienes comunes como el agua y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Mapa de Provincia de Petorca y Comunas de Puchuncaví-Quintero. Región de Valparaíso-Chile. Elaboración propia. 

En este artículo, analizamos el surgimiento de lo que hemos definido como identidades post neoliberales en el contexto de estos dos conflictos socio-ambientales de la región de Valparaíso en Chile. Mostramos dos elementos centrales que la literatura académica coincide que representan las actuales resistencias al extractivismo en Latinoamérica. Por un lado, una redefinición y reapropiación del territorio a través de lo que Svampa define el giro eco-territorial; así como la defensa y demanda de una nueva ciudadanía ambiental como sostiene Gudynas, la cual opera como la búsqueda de una práctica política asociada a los bienes comunes como el agua y un ambiente libre de contaminación. Desde estos dos ejes, analizamos el denominado conflicto por el agua en la Provincia de Petorca, el cual se desarrolló producto de una intensa política agroexportadora impuesta el año 1990, y el conflicto por contaminación de Puchuncaví-Quintero, en donde la implantación del Complejo Industrial Ventanas con aproximadamente 15 empresas de alta peligrosidad y toxicidad, construyeron lo que se conoce hoy como una zona de sacrificio. Ambos conflictos convergieron en el escenario del 2011 y 2012, a partir de las denuncias de usurpación de aguas subterráneas a través de drenes ilegales en el caso de Petorca en la precordillera de la región de Valparaíso y que dio origen al Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA). Por otro, en el borde costero de la misma región, la reactivación del conflicto se produjo a partir de la intoxicación de los alumnos y alumnas de la escuela de la Greda en el sector de Ventanas de Puchuncaví y los 3 derrames de hidrocarburos en la Bahía de Quintero producidos entre el 2014 y 2016. Estos hechos visibilizaron la problemática a nivel nacional, y plantearon la urgencia de una política de restauración social y ambiental desde el estado. En particular, nos centramos en las entrevistas realizadas a dirigentes que lideraron estos conflictos y que hasta hoy cumplen un rol protagónico en sus territorios; así como también la información etnográfica obtenida en diversas reuniones sostenidas con las organizaciones durante ese período.⁷

La productividad de los conflictos socio-ambientales/territoriales en Chile y sus aportes al debate teórico

La privatización progresiva e intensiva de la naturaleza impuesta con la dictadura militar y su proyecto neoliberal, y su tratamiento eminentemente técnico-jurídico, debe entenderse como la alineación casi ejemplar de Chile a la agenda neo-extractivista y neo desarrollista de las instituciones globales que impusieron la narrativa de la "gobernanza" de los "recursos naturales"⁸. Esta denominación por largo tiempo legitimada y administrada entró en una fase de cuestionamiento por las organizaciones y movimientos socio- ambientales/territoriales que intentan recuperarlas y redefinirlas como "bienes comunes". La lucha de definiciones entre unos significados -recursos naturales- y otras -bienes comunes-, reflejan no sólo una distancia epistémica, sino marcan una distancia social radical impuesta por una economía política neoliberal que ha empezado a ser resistida en las últimas décadas.

Visto desde los aportes de la ecología política y la geografía e historia ambiental, el escenario actual de conflictos socio-ambientales en Latinoamérica plantea dos elementos que antes introdujimos brevemente. El primero se refiere a lo que Maristella Svampa denomina el giro eco-territorial y que da cuenta del retorno al territorio en clave ambiental para explicar las acciones y demandas de las organizaciones y movimientos actuales. En este sentido y siguiendo los aportes de esta socióloga argentina los conflictos socio- ambientales se tornan eminentemente en conflictos territoriales, en tanto que gran parte de ellos replantean los antiguos denominados problemas de la tierra bajo los actuales lenguajes de la ecología y el medioambiente⁹. Retomando esos lenguajes, las organizaciones plantean estrategias de recuperación del territorio y sus recursos como eje central de sus demandas y estrategias. Asimismo, intentan rearticular sus luchas en torno a la construcción de nuevas formas de ejercer ciudadanía, tanto por fuera del campo legal ambiental establecido, como a través de las estructuras internas del modelo ambiental institucionalizado (en particular a través del Sistema de Evaluación Impacto Ambiental SEIA encargado de autorizar o no los proyectos de inversión).

El segundo aspecto, se refiere a las nuevas comprensiones de ciudadanía y democracia que imponen las luchas contemporáneas de las organizaciones y movimientos, planteando una crítica directa a la democracia representativa/delegativa y abogando por estructuras democráticas más directas. En consecuencia, estos conflictos apelan a demandas de autonomía y participación bajo una lógica democrática reclamando derechos políticos como la participación vinculante en el desarrollo local y a que se garanticen derechos territoriales-ambientales como los que Porto Gonçálvez denomina derecho a la re existencia. El autor define este derecho en los siguientes términos:

... el territorio se convierte en una categoría central para dar cuenta del desafío ambiental contemporáneo, en la medida que, en su materialidad, sufre la tensión entre los diferentes modos de apropiación del espacio. La economía mercantil, por la lógica abstracta que la rige -la del dinero-, implica una dinámica espacial que "desarrolla" los lugares, las regiones, sus pueblos y sus culturas, instaurando tensiones territoriales permanentemente¹⁰.

El giro eco-territorial, así como la democratización socio-ambiental, dan cabida a una reinterpretación de la identidad de estas organizaciones en un contexto de crítica al neoliberalismo ambiental y que aquí hemos definido como post neoliberales, en cuanto se presentan como una crítica a la irracionalidad del modelo neoliberal impuesto en Chile y una propuesta de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental. En estas ecologías comunitarias y colectivas, como lo señalan Martínez Alier convergen variadas perspectivas y/o lenguajes de valoraciones que van desde las agrupaciones de carácter más ambientalistas-conservacionista, así como otras asociadas a luchas y movimientos indígenas, campesinos y feministas, quienes ponen en crisis el discurso y modelo capitalista¹¹. Aunque parte importante de la crítica al neoliberalismo en sus inicios tuvo su origen en los problemas de distribución, o redistribución de los beneficios de un capitalismo que no se derramó, hoy éstas críticas visibilizadas en un sinnúmero de organizaciones socio-ambientales existentes, plantean nuevas relaciones entre identidad y territorio que cuestionan las formas de propiedad y derechos privatizados. Surgen así, estrategias de contestación al modelo neo-extractivista que plantean novedosas formas de participación y ciudadanía ambiental. Una ciudadanía fuertemente resistida por el estado y los conglomerados transnacionales como lo describe Gudynas:

Esos énfasis hace que en muchos casos los gobiernos ignoren las demandas ciudadanas por los impactos ambientales de esos emprendimientos o del flujo del capital, y que incluso lleguen a enfrentar la protesta social. No se atienden los reclamos ciudadanos ya que la imposición de mayores condicionalidades ambientales, seguramente impediría el arribo de nuevos capitales o anularía algunos flujos exportadores, todo lo cual se considera indispensable para las economías nacionales. Los derechos ciudadanos quedan supeditados al capital, y persisten las limitaciones sobre las evaluaciones y controles ambientales. Algunos gobiernos incluso caen en paradojas donde no se aseguran los derechos de las comunidades locales, pero por el contrario protegen activamente los "derechos de propiedad" y "derechos de inversión" de corporaciones transnacionales y empresas locales, las que en muchos casos están detrás de esos impactos¹².

Esta ciudadanía socio-ambiental y los conflictos que en torno a ella se desarrollan, deben comprenderse como una crítica al modelo extractivista o neoextractivista, caracterizado por la intensificación de la actividad productiva (en cuanto volúmenes e intensidad de los procesos extractivos), y los impactos sociales, culturales y ambientales que éste genera. El modelo extractivista sustentado en la mercantilización progresiva de la naturaleza, así como una reprimarización de las economías debe comprenderse según Svampa y Viale

como un patrón de acumulación basado en la sobre explotación de recursos naturales -en gran parte no renovables- y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como "improductivos"...En razón de ello y de modo similar al pasado, este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación -asociados a una lógica neocolonial- que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, provocan una fuerte fragmentación social y regional, y van configurando espacios socio-productivos dependientes del mercado internacional¹³.

Este patrón de acumulación por desposesión que define Harvey se realizará a través de imaginarios o mitos sobre el crecimiento de la economía y del empleo asociado a estos megaproyectos, que son contrastados con las cifras concretas y con la observación progresiva de la concentración desigual del capital y la reestructuración de clases que este modelo genera. Como señala Harvey¹⁴. En el ámbito jurídico, el extractivismo se caracterizará por presionar a flexibilizar los sistemas de regulación ambiental y subordinarlos a los tratados internacionales, en donde el ejemplo reciente de Brasil es uno de los más impactantes luego que después del desastre de Mariana en Minas Gerais (y que mató a varias personas, y contaminó kilómetros del Río Dulce), dejó sin efecto su legislación ambiental. En este sentido Gudynas repara en el mito de llamar a estas actividades extractivas "industrias", cuando en muchos ejemplos latinoamericanos muestran no haber procesos tecnológicos significativos asociados. Las empresas crecen en extracción pero no en innovación. Al contrario, el extractivismo minero y agroexportador se sostiene en la tercerización de los riesgos a través de la subcontratación y nuevos sistemas de precarización del trabajo como los son los temporeros agrícolas y donde los impactos de las fumigaciones aéreas, las intoxicaciones con agro tóxicos y otros impactos asociados a la contaminación son consideradas "externalidades"¹⁵.

No obstante, como señala Gabriela Merlinsky, los conflictos socio-ambientales actuales se han impuesto, -a fuerza de violencias y criminalizaciones- en la agenda pública, revelando innegablemente ser un campo de disputas políticas respecto a las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los bienes comunes en cada comunidad o región. A su vez, la dimensión positiva de estos conflictos, ha mostrado que producen aprendizajes y generan debates sobre la protección de estos bienes comunes, habilitando nuevos dispositivos de participación social¹⁶. La tensión entre territorio y participación en los conflictos socio-ambientales/territoriales actuales, representan de un lado la percepción de un riesgo asociada a la vida, la comunidad y los bienes asociados al territorio que generan sufrimiento e injusticia ambiental. Del otro, representan una respuesta ante las desigualdades socio-ecológicas. Es decir, la constatación de que no todos nos afectamos de la misma manera, ni que tampoco tenemos de igual forma acceso a bienes tan indispensables como el agua. De este concepto aparece la idea de zonas de sacrificio. Territorios que por diversas razones sociales, económicas y políticas han sido objeto de políticas de desarrollo extractivistas al punto de generarles una degradación tal que sólo puede ser justificada bajo discursos nacionalistas-desarrollistas de carácter productivistas. La idea de zona de sacrificio surge entonces justamente de "la desvalorización de otras formas de producción y de vida diferentes a las de la economía dominante"¹⁷.

Desde esta perspectiva, los conceptos de sufrimiento y justicia ambiental reparan en las comprensiones culturales de la contaminación como un hecho social y cultural en permanente construcción. El sufrimiento ambiental en tanto heredero de todo sufrimiento social, representa un catalizador de acciones y articulaciones, pero también de naturalizaciones y habituaciones de los grupos y organizaciones. Como bien describe el trabajo de Auyero y Swistun, a diferencia de lo que suele expresar la literatura de los movimientos ambientalistas que tiende a mostrar una suerte de coherencia de la acción colectiva, casos como el Inflamable en Argentina y para nosotros Puchuncaví-Quintero, se caracterizan más bien por la confusión, complejidad, equívocos y negaciones respecto a la toxicidad circundante¹⁸. La incertidumbre tóxica en este sentido cumple una doble función: legitimar la espera de que algo cambie o bien legitimar la estructura de dominación social en la cual se encuentran los grupos y otros actores en torno a la contaminación. Esta dominación social es reforzada por sistemas de relaciones de clases y distancias sociales que favorecen relaciones de tipo clientelares.

No obstante, este sufrimiento y la injusticia que conlleva, son interpretados en las organizaciones socio-ambientales, en términos de violaciones a derechos sociales y ambientales fundamentales que han dado lugar a importantes movimientos a nivel global. En este sentido, el movimiento de justicia ambiental ha relevado el derecho a vivir en un ambiente sano y descontaminado, involucrando aspectos ecológicos, económicos, políticos y sociales que pueden ser efectivamente exigidos¹⁹. No obstante, la literatura sobre el sufrimiento y justicia ambiental ha tenido escaso tratamiento en el campo académico en Chile, no así en el de las organizaciones socio-ambientales y organizaciones no gubernamentales, quienes han acogido estas demandas apoyando las movilizaciones y ofreciendo algunas herramientas a las organizaciones.

Surge entonces la pregunta ¿por qué Chile ha tardado en desnaturalizar el neoliberalismo ambiental impuesto por el extractivismo tanto minero como agroexportador? y en definitiva ¿por qué la negación e invisibilización de la problemática, así como la ineficaz respuesta institucional desde el estado ha preferido tercerizar este campo de disputas? Las razones que explican este fenómeno en Chile son múltiples, pero ellas en gran parte se entienden en el marco de legitimación que tuvo el neoliberalismo como proyecto cultural y social, y no tan solo como un proyecto económico. Este modelo definido por algunos como suigeneris o de tercera vía²⁰, constituyen una de las principales explicaciones de la profundización y naturalización del imaginario impuesto por modelo exportador chileno. Un modelo que ocupó el pasado minero asociado al salitre en el norte del país durante el siglo XIX, como un imaginario de continuidad histórica bajo el cual consolidarse y expandirse en la década de los 90 y el siguiente milenio.

El neo-extractivismo minero y agroexportador en Chile tendrá sus antecedentes y relaciones con el extractivismo salitrero y la comunidad de desiguales impuesto por la economía hacendal agrícola de los siglos XVIII y XIX, los cuales desarrollaron las bases sociales suficientes para desplegar un modelo neoliberal como fue el que se implantó en el último tercio del siglo XX²¹. Impuesto en dictadura militar y consolidado en democracia, la ilusión desarrollista exportadora tardará en debilitarse en Chile, en particular porque como lo muestra el trabajo de Verónica Shild y Eveline Dagnino, la construcción de una ciudadanía de mercado o neoliberal facilitó la confluencia perversa del proyecto neoliberal y del proyecto de democratización a través de diversas formas de demandar una ciudadanía empoderada y responsabilizada de sus derechos. Comenzará un período de revisión y cuestionamientos al modelo luego de dos décadas de implementación de la política exportadora, la cual requirió un andamiaje jurídico específico sustentado en la constitución nacional de 1980 que consagró la propiedad privada, el código de aguas del año 1981 que privatizó este bien público y el código minero del año 1982 que facilitó la expansión de la minería transnacional. Los impactos de este ordenamiento implantado en la década de los años 80 pero intensificado en los años 90, se observaron progresivamente en los territorios, sus sistemas productivos tradicionales y las formas culturales asociadas. Las expectativas de regulación en torno al reconocimiento de derechos culturales como ambientales durante el retorno a la democracia, facilitaron la canalización de las demandas y regularon medianamente la conflictividad socio-ambiental vinculada a la expansión de la economía exportadora en ese período. Bajo discursos neodesarrollistas de la diversificación de la matriz productiva y energética, se legitimó la expansión de las fronteras extractivistas incorporando nuevas áreas y en nuevos territorios, que se tradujeron en flexibilizaciones y directamente transgresiones realizadas a otras legislaciones tales como las protecciones en territorios indígenas, en áreas silvestres protegidas por el estado (SNASPE) y/o las relacionadas con el otorgamiento de nuevos derechos de aguas subterráneas en zonas ya declaradas como "restringidas" y/o "agotadas".

La política exportadora de los años 1990, tanto en los sectores mineros, agrícolas y pesqueros, generaron una crisis especialmente en las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras una vez que vieron amenazados sus sistemas de vida económicos y culturales relacionados con las actividades de la tierra, los animales y en el mar. Estas experimentaron radicales mermas en la disponibilidad del agua de riego y potable para consumo humano, acceso a la tierra ahora destinada para los monocultivos de la palta y otros frutos, el deterioro de la pesca artesanal producto de la contaminación y la sobreexplotación de recursos por la pesca industrial. Agotados sus ríos, sobre otorgadas sus aguas subterráneas, contaminados sus lugares de pesca y agricultura, se inicia un proceso de activación y articulación social en pos de cuestionar la lógica productivista exportadora y la constatación de sus desastres. Estos desastres tecnológicos planificados, según Latta se encuentran en la intersección de las relaciones entre naturaleza y cultura,

... los desastres son fenómenos simultáneamente biofísicos y socioculturales. De este modo, es posible concluir que el carácter de cualquier desastre necesariamente varía conforme a sus propiedades materiales -sus impactos ecológicos- y según las relaciones socio-culturales que interactúan con tales propiedades. A diferencia de los desastres naturales, los desastres tecnológicos frecuentemente incluyen o consisten en la contaminación del medioambiente (Gill & Picou, 1998; Kroll-Smith & Couch, 1993). El daño arquitectónico causado por un terremoto, un derrumbe o un huracán normalmente puede ser revertido -a través de la reconstrucción y la restauración-, pero es mucho más complejo (y a veces imposible) sanear por completo un medio que ha sido contaminado con químicos tóxicos, metales pesados o radiación. De tal modo, un desastre como el reciente accidente nuclear en Japón, o la catástrofe de British Petroleum en el Golfo de México en el 2010, constituyen un daño ecológico cuyos efectos perduran por años o incluso décadas, así presentando un riesgo de trasfondo a la salud humana difícil de cuantificar y mitigar...²².

En este sentido, y a partir de los conflictos del 2011 y 2012, entendemos que no sólo se produce una activación que dio origen a diversas movilizaciones y generaron múltiples conflictos socio-ambientales, sino se produce también una elaboración de nuevos contenidos sobre la política, la economía y la naturaleza, que dieron cuenta del surgimiento de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental. Esta impondrá una nueva mirada del territorio que buscará transformar los recursos naturales en bienes comunes. De la misma forma, mostrará el despojos y degradaciones del boom exportador cuestionando las políticas del conocimiento ambiental acaparado por el estado y las empresas. Este proceso irá planteando lo que hemos definido el surgimiento de una identidad post neoliberal, en tanto se ubica en parte fuera del modelo tradicional de la distribución económica, en un lenguaje de valoraciones culturales, sociales y ambientales que confrontaran la mirada privatizadora y mercantilizada de la naturaleza en Chile.

La nueva racionalidad eco-socio-ambiental y la construcción de identidades post neoliberales

En la Provincia de Petorca y luego de una activa lucha a partir de las denuncias de la usurpación de aguas el año 2011, las organizaciones del territorio iniciaron un proceso de articulación interna formando un movimiento a inicios del año 2015. Este agrupará a gran parte de las organizaciones quienes se autodefinirán como un Movimiento Social y Político de Recuperación del Buen vivir en la Provincia de Petorca. Éste tendrá como principios fundamentales una denuncia al sistema de explotación y privatización de los bienes comunes, -en particular del agua-. Pero también plantearan una nueva ecología sobre el modelo agrícola basado en la agroecología, y la eliminación de tóxicos para la producción. La propuesta del movimiento dejará entrever entre otras cosas la recepción de una narrativa latinoamericana hasta ahora excluida como es el buen vivir, así mismos mostrará una reapropiación de tipo cultural asumiendo sus relaciones con la historia ancestral de los pueblos indígenas mapuches y diaguitas de la zona.

En el sector de Puchuncaví-Quintero, agrupaciones ecologistas, de mujeres, pescadores y agricultores, serán protagonistas de fuertes confrontaciones con el estado y las empresas, quienes demandaron una política de producto de la contaminación que se inició el año 1964 con la instalación de la refinería y fundición de cobre de la empresa ENAMI y que se prolonga hasta hoy. Agrupaciones como Chinchimen, y Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, el Sindicato de Pescadores S-24, así como los ex funcionarios de ENAMI, defenderán el derecho a vivir en un territorio libre de contaminación. El caso de Chinchimen, se enfrentará principalmente a lo que Svampa y Viale definen como urbanismo neoliberal que expande sus fronteras sobre el borde costero a través de gigantescos proyectos inmobiliarios ubicados en sectores que aún no tienen servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia se concentrará en las afectaciones en la salud, principalmente de los niños y niñas del territorio, mientras que el Sindicato de Pescadores S-24 abogará por recuperar el borde costero y poder continuar la cultura de la pesca artesanal arraigada en el sector. En la punta del iceberg la agrupación ASOREFEN, constituida por los afectados y afectadas por la contaminación de metales pesados -especialmente cobre- durante el primer período de funcionamiento de la refinería en ENAMI (hoy CODELCO-Ventanas), serán el ejemplo más dramático de la larga historia ambiental de esta zona de sacrificio. Los conocidos bajo el nombre de "hombres verdes" y "viudas de los hombres verdes", representan uno de los casos más antiguo y a la vez más invisibilizado relacionado a la contaminación en el sector de Puchuncaví Ventanas.

La nueva racionalidad eco-socio-ambiental el ingeniero agrónomo y secretario de MODATIMA Rodrigo Mundaca la describe en los siguientes términos,

Muchos de aquí nos conocemos... nos hemos tomado carreteras, hemos funao a los ladrones de aguas, nos hemos tomado las comisarías, nos hemos ido detenidos, hemos enfrentado la represión juntos, veo compañeros que decidieron ponerse de pie y echar a andar por la recuperación de un bien natural que es indispensable para las personas. La verdad, estamos acostumbrados a hablar del agua como un recurso y el concepto del agua como un recurso tiene que ver precisamente con el carácter del modelo primario exportador extractivista que existe en el país. Dicho esto, somos de los que sostenemos que el agua es un bien natural indispensable para las personas, pero también indispensable para la vida de los vegetales, para el funcionamiento de los ecosistemas, para el desarrollo de las economías locales. Yo creo que hoy cuando se habla del agua, se habla del elemento más importante para la vida, para todas las vidas (Rodrigo Mundaca, secretario del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Diciembre de 2014)²³.

Con estas palabras, Rodrigo Mundaca, presentaba su libro la "Privatización de las Aguas en Chile. Causas y Resistencias" en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Esto en medio de su condena por el juicio ganado en favor del ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma, quien el año 2013 lo demandado por estas denuncias, las cuales un par de años después fueron afirmadas por los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Ambos informes representaron una evidencia de que la problemática tenía fundamentos y evidencias suficientes, y consiguieron que se constituyera una comisión investigadora de recursos hídricos en la cámara de diputados, la cual emitió luego de una larga demora, su informe corroborando los hechos denunciados por este dirigente y las diversas agrupaciones socio-ambientales de la Provincia de Petorca. En este proceso, la propia Dirección General de Aguas -DGA- debió tomar cartas en el asunto y multar a los que infringieron las normas del código de aguas con la construcción de drenes ilegales, así como por el uso de aguas subterráneas en una cantidad mayor a la que podían por los derechos de aguas constituidos autorizados. A su vez, la DGA debió suprimir derechos provisionales de aguas que habían sido entregados a los mismos titulares que ya tenían derechos permanentes y que en un contexto de sequía y de escasez hídrica, habían agotado los ríos de Petorca y la Ligua, principales alimentadores del territorio. Finalmente, los informes declaran un sobre otorgamiento y sobreexplotación de derechos de aguas subterráneas en la cuenca respectiva luego de que aparecieran los informes y estos fueran ratificados por la comisión del senado.

En este contexto, MODATIMA (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente) junto con denunciar la usurpación de aguas en la Provincia de Petorca levantarán el debate respecto al agua como un derecho humano, refrendando la comprensión de agua como un recurso transable en el mercado como lo consagró el código de agua del año 1981. El código de aguas impuesto en la dictadura militar el año 1981, otorgó derechos a privados a perpetuidad y bajo una lógica de separación entre tierra y agua. Aunque desde el inicio fue objeto de críticas de diversos sectores, los 17 intentos de modificaciones presentadas en el parlamento, no obstante, fueron infructuosas. En parte, algunas de las razones que han atentado a mejorar la administración del agua a nivel nacional las explicó el año 2013 su propio director en un encuentro de la CEPAL, quien reconoció que la DGA no alcanzaba a tener un registro de esos derechos por más del 17%. Esta "desinformación" operó como el eje central del sobre otorgamiento de derechos en sectores protegidos y frágiles en términos ambientales que, no obstante, cedieron a la lógica y presión de la expansión minera y agroexportadora en el período de recuperación de la democracia. Por último y no menos importante, este "desorden" y falta de información dio origen a que Chile se transformara en uno de los principales mercados de aguas, donde los derechos son rematados independiente si estos pueden seguir o no obteniéndose.

Como lo registra el trabajo de Baeza²⁴ realizado en las comunas de Petorca y la Ligua-región de Valparaíso, los conflictos por el agua se intensificaron en los años 1990 por la expansión de la industria agro-exportadora (principalmente centrados en la exportación de paltas de la cual casi el 60% sale de esta región)²⁵. Esta generará un crecimiento de la desigualdad entre grandes empresarios agrícolas y pequeños campesinos de la zona, no sólo por las diferencias en el acceso a derechos de aguas legalmente constituidos y a los sistemas de riego tecnificados, sino también por las extracciones ilegales de agua en un contexto de sequía prolongada. La política exportadora de los años 90 en territorios semiáridos como Petorca, significaron un nuevo proceso de concentración de la tierra (y por ende del agua) que reforzará históricas relaciones de desigualdad entre los terratenientes y/o agrícolas como son denominados (los antiguos patrones), y los campesinos y temporeros empobrecidos y precarizados (antiguos inquilinos). Estas relaciones asimétricas de raigambres coloniales y republicanas, tuvieron un componente nuevo con la incorporación de sectores de la clase política actual a la economía agroexportadora, la cual se beneficiaría de las diversas políticas estatales desplegadas en los últimos años a fin de "desarrollar el campo" y "diversificar la economía exportadora chilena" (hasta ahora centrada en la exportación de cobre). Este nuevo grupo social y económico asociado a los partidos políticos tradicionales, se constituirá en una nueva clase económica que se incorporará al territorio, y que generará transformaciones radicales en la fisonomía agro-ganadera del territorio precordillerano (Figura 2). Esta será la encargada de terminar por descomponer la histórica actividad pirquinera minera de la zona y la de estimular un sistema de producción agrícola basada en el monocultivo de la palta. La sobreexplotación del suelo, así como el uso indiscriminado de aguas subterráneas pusieron en peligro tanto la sustentabilidad hídrica como la capacidad agrícola del lugar, y estimuló el abandono de las economías de subsistencia a fin de que fuesen sustituidas, en muchos casos de manera violenta por el asalariamiento en la agricultura industrial²⁶.

Figura 2: Fotografía de las plantaciones de paltos en Petorca. 

Los procesos de privatización del agua y la tierra²⁷ durante el régimen militar, fueron el marco regulatorio propicio para la pérdida de los territorios y para una territorialización impuesta que otorgaba soberanía a las corporaciones transnacionales globales. Así es como se impuso la hegemonía neoliberal vía transnacionalización de los territorios y su localización simultánea en comunidades territorializadas bajo los dictámenes del mercado. Este verdadero "vaciamiento territorial"²⁸ y el consecuente proceso de acumulación por desposesión²⁹ del modelo neoliberal en el campo ambiental, sufrirá heterogéneas contestaciones en el Chile del siglo XXI. Como nos cuenta un comunero de Petorca, los cambios fueron acelerados en la última década y el hito de la nueva política agroexportadora de los años 1990 quedó en la memoria de sus habitantes:

Había mucho ganado, en estos sectores... la gente vivía de la cosecha, de los animales... crianceros... ovejas, caprinos, chanchos, burros, gallina, de todo. La gente cosechaba el trigo, la lenteja, el chicho, el poroto, el zapallo chacho, le decíamos nosotros... así era la vida... Lamentablemente después los años... se fue deteriorando tanto el campo, que a la final no están quedando los animales porque, porque desde que llegaron los señores agrícolas, aquí tomaron ellos como dueño todo, los cerros, planes y ríos, no dejan nada al campesino ni al poblador... había gente que tenía 500, 600 cabras. Así era la vida, al final era sacrificada pero a la final también bonita, porque resulta el campo era libre, no como ahora. Ustedes tiene que andar pasando entre alambres y mallas,... y si lo pillan está robando... antes no era así... ahora el agua es totalmente privada (Gilberto Tapia, campesino e integrante de MODATIMA, agosto 2015)

Las palabras de don Gilberto del sector de Chincolco, dan cuenta de los cambios acelerados generados por la actividad económica del agro-negocio. Una de las provincias más grandes y menos pobladas de la región, heredera de un clima semiárido que la conecta cultural y socialmente con las actividades agro-pastoras que desarrollan las comunidades precordilleranas del norte chico (Región de Coquimbo). En ese contexto, las memorias de los pequeños campesinos de Petorca, Cabildo y la Ligua dan cuenta de un proceso acelerado de deterioro de la tierra, en el cual muchos alcanzaron a conocer la vida de inquilinaje en sus infancias -en la casa del patrón-, y de las luchas que se desataron con la Reforma Agraria impulsadas por el presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y luego por el gobierno socialista de Salvador Allende (1971-1973). La memoria que marcó el paso de comuneros (tierras comunitarias incentivadas por la reforma) a parceleros (tierras divididas y entregadas a titulares durante la dictadura militar), va paralela a la historia de la violencia política experimentada durante la dictadura y su política de contra-reforma (política de recuperación de las tierras entregadas durante la reforma agraria realizada durante el régimen militar). De crianceros que alternaban sus economías con agricultura de subsistencia y con la pequeña minería del oro, en un contexto semiárido sus habitantes son empujados a convertirse en temporeros precarizados y trabajadores sobreexplotados de un enclave agroexportador. La concentración de la tierra que vuelve a producirse en el periodo postdictadura, marcada por la transformación de parcelas en nuevos fundos, provocó una crisis social y humana de proporciones por la escasez de agua que obligó el año 1994 a decretar agotado el Río Petorca, principal alimentador del territorio. Pese a este reconocimiento público de la crisis en Petorca, los "agrícolas" y "terratenientes" (como son denominados los empresarios del agro-negocio por los campesinos y pequeños agricultores), expandieron su actividad e intensificaron la sobre explotación de las aguas subterráneas. Esto principalmente producto del sobre otorgamiento de derechos permanentes de aguas por la Dirección General de Aguas (entregados a perpetuidad), y la entrega en un contexto de crisis de derechos de aguas provisionales a los mismos titulares haciendo cada vez más inaccesible el agua para las comunidades agrícolas locales. Éstas finalmente sucumbieron, viéndose obligadas a vender sus animales (aunque hasta hoy mantienen sus corrales como una memoria viva de lo que esa actividad fue décadas pasadas), y a vender sus parcelas a sus antiguos patrones.

Esta sobre explotación del agua en un contexto de sequía prolongada y el agravamiento de la disponibilidad del agua para riego y consumo humano en el caso de Petorca, derivaron en la construcción de un círculo vicioso pero virtuoso para algunos, el cual favoreció la creación de otros mercados de aguas: la compra y venta de agua potable tanto por el poder local (departamento municipal) como por la empresa ESVAL a particulares, a fin de abastecer de agua potable como agua para riego. Agua que a su vez es distribuida en camiones aljibes que reparten sin la autorización sanitaria respectiva y exigida por la ley, provocando problemas de salud en la población que la consume. El círculo se cierra con la exigencia implícita a consumir agua embotellada, producto de la falta de acceso al agua potable y de la incertidumbre de su calidad (finalmente el producto más sofisticado y más caro de este círculo).

En tanto en la costa, se erige una zona de sacrificio cuya historia de conflictividad socio-ambiental data de casi 5 décadas. Se trata de la Bahía de Puchuncaví-Quintero, lugar donde se emplaza un cordón industrial que alberga a más de 15 empresas en menos de 5 km y que expone a la población local a altos niveles de toxicidad. Estas empresas conforman lo que se conoce como el Complejo Industrial Ventanas³⁰ y que hoy tiene a empresas, estado y comunidades enfrentados en complejas y heterogéneas relaciones que -como señala Sabatini (1996)-, forman un espiral que pasa por períodos de mayor y menor tensión. Estos conflictos en este último período se han reactivado producto de 3 vertimientos de hidrocarburos en menos de dos años en la bahía, que han destruido la biodiversidad marina de la zona y han dejado sin recursos a los pescadores artesanales de la zona. El dirigente de Sindicato S24 de Quintero Hugo Poblete después del último derrame ocurrido en mayo de 2016, describió el sufrimiento ambiental que experimenta la bahía en los siguientes términos,

... Es super frustante pa' uno, más que como pescador, también como ciudadano de acá la comuna, ver que los administradores públicos, las autoridades no tienen las competencias como para llevar acá una actividad industrial acá en la Bahía. Nos damos cuenta de que hay un desorden total en términos legislativo, administrativo, y medioambientales. No hay un orden, no hay políticas de control, fiscalización, sustentabilidad. Todo está en función del negocio, de maximizar el negocio... la bahía no tiene ningún futuro con los niveles de contaminación que hay, no solamente por el tema de los eventos, estos episodios puntuales que han sucedido, sino por la exposición crónica que tiene la bahía a diario de los riles que bota la industria, del tema carbón, de metales pesados, la bahía está constantemente con una carga que está ingresando de sustancias nocivas. Y esto no es de ahora, de 50 años. Debemos recordar que Quintero, Puchuncaví sobre todo era el vergel de esta zona. Aquí se daban las mejores legumbres, poroto, arvejas... y ahora está todo eso un desierto, muerto, acaba con una cultura... nosotros estamos dando el último respiro como pescador artesanal. Lo interesante de esta zona es que había una cultura antigua, que era la cultura batos, es milenaria. Cientos de años atrás, aquí había una actividad relacionada con la pesca artesanal. ...y se realizaba la actividad del trueque como en toda la costa. S iba al interior, se traía verduras, y aquí peces y mariscos... lo que hacía las culturas de ese tiempo... A raíz de eso se venía sosteniendo, ...antiguamente había muchas embarcaciones... quería ser pescador, todo el rato pensando que cuando ibas a llegar ser grande, tu que querías ser igual que tu papá... uno escuchaba la historia de los papas, nos identifica a nosotros... eso dos décadas atrás... Ahora estamos confinados netamente a la pesca de un recurso que antiguamente no se le daba importancia que es la jibia. A raíz de la sobre explotación de los recursos, de la industria pesquera, de la nefasta ley de pesca que expropia los recursos no sólo a la pesca artesanal, sino que a todos los chilenos. Y la ponen en manos de cuatro grupos económicos, que son los que gobiernan al país... a través de la ley de pesca y estos problemas medio ambientales estamos yendo a la extinción... un genocidio es la palabra correcta, extinción de una cultura, y ahí estamos tratando de hacer educación, de empoderar (Hugo Poblete, Sindicato de Pescadores S 24, mayo de 2016)

Estos episodios de derrames no obstante, tuvieron como antecedente las intoxicaciones de alumnos y profesores ocurridas entre el 2011 al 2013 que obligaron a trasladar la escuela de la comuna a solo dos kilómetros. En una constante rueda de expertos, estudios y protestas, esta zona de sacrificio se rearticuló en términos de género en el último período a través de la aparición de una organización denominada Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, que apuesta a una resistencia en clave de género y que articula aún más ampliamente el territorio, incluyendo a mujeres de Puchuncaví, Quintero y Concón. Como nos expresa una de las Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, la contaminación hoy se puede observar en la salud de las personas, aunque esta realidad es rechazada por las autoridades excepto cuando se producen los puntos más altos de contaminación y cuyas consecuencias sanitarias son imposibles de negar:

Hay un miedo, un miedo muy grande porque el daño ha sido muy grande, muy grande y la otra es la gente que llego a trabajar acá, que encuentra que es fantástico, que está contenta, porque tiene un trabajo, aunque sea los trabajos más malos, tu sabes que la gente de aquí son muy pocos los que tienen un trabajo digno... hay hasta contratos diarios, el puerto de Ventanas hay hasta contratos diarios, jamás no tienen antigüedad, no tienen nada, nada. Llega el barco, firman el contrato, se va el barco hacen el finiquito... cuando me empecé a instalar, empecé a observar los abusos, como contaminaban en la noche... vimos como tiraban la escoria, como salía, lo que se transforma, como se va al aire, la vuelta que da... Era una cuestión escandalosa...tú dices ¿cómo puede esto suceder?, ...empecé a ver todos los problemas que hay de los niños, la cantidad de niños con problemas neurológicos, con déficit atencional, malformaciones, me empecé a enterar los abortos espontáneos, como han subido los canceres de mama, y ahí empezai a conocer la realidad, y empezai a mirar, empezai a mirar, ...además las cifras están, las estadísticas están pero todo escondido, nadie dice nada... el estado de Chile las normas son tan paupérrimas y además las dan un plazo grandísimo para cumplir igual no las cumple, igual no se fiscaliza, entonces es un círculo vicioso, mientras firmaron un acuerdo de producción limpia y pusieron unas mallas rachel. No sé si las viste a la entrada, porque la gente quedaba llena de carboncillo, si hay viento podemos ir, siguen llenas de carboncillos (Katta Alonso, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, septiembre de 2015).

En esa larga historia ambiental de Puchuncaví y Quintero, el caso más antiguo y complejo lo representa el de los denominados "hombres verdes", quienes trabajaron en la empresa ENAMI (Empresa Nacional del Minería) desde su instalación el año 1964 (Figura 3). Organizados el año 2006 y con el fin de ser indemnizados por la empresa del estado que ahora pertenece a CODELCO Ventanas, buscan justicia ambiental para ellos y sus familias debido a la contaminación de sus miembros. Muchos de ellos ya murieron y por eso la agrupación presentó una querella y el fiscal a cargo inició un proceso de exhumaciones de los cuerpos que, sin embargo, quedó inconcluso. Aunque éstas determinaron la presencia de metales pesados especialmente cobre en los cuerpos hasta ahora exhumados, tanto el fiscal como otros sectores señalan que eso no determina que hayan sido la causa de muerte. Para ello se requieren terminar las exhumaciones cuyos informes el instituto médico legal ha entregado sin firmar y no ha terminado con las otras exhumaciones pendientes (ver al final del texto Figura 3: Los hombrecitos Verdes en la Revista APSI de 1987).

Este caso, reiteradamente silenciado por diversos sectores políticos y de gobierno, representan el lado más complejo de la minería en Chile, en tanto se trata del propio estado que no ha querido reconocer esta deuda social y ambiental y cuyo sufrimiento han denunciado desde el 2006, fecha en que se crea ASOREFEN. Su presidente desde entonces y luego de que se desempeñó casi 20 años en la empresa de pequeña minería ENAMI, don Luis Pino cuenta:

...22 años estuve como representantes de los trabajadores en distintos sindicatos tanto en Santiago como acá en la Quinta Región, refinería las Ventanas. Siempre tratamos de cumplir lo mejor las funciones de un empleado público en un cargo tan trascendente como era la minería. También a la vez, con un compromiso moral y ético en dar a conocer, cuando se cometían errores y esta contaminación fue comunicada al vicepresidente en el momento, estamos hablando de 1987, en la cual - tengo la carta-, y la verdad de las cosas, de haber trabajado en faena... y vivir aquí dentro del diámetro de contaminación, estábamos como si estar en la faena. La empresa de pequeña minería nos trajo para no gastar dinero y tenerlo a mano cuando se produjera una emergencia tanto en fundición, tanto en refinería, controles de calidad y materia prima... indudablemente aquí hay varios culpables de esto, sobre todo la cámara de comercio de Valparaíso, ellos presionaron para que quedara la empresa nacional de minería fundición y refinería las Ventanas... mirando los costos que iba a ser más fácil poner los productos en Valparaíso... porque esto era un vergel, pero la verdad de las cosas, ustedes pueden ver ahora no es un vergel. Había ganadería, agricultura, había una salera en Campiche, los agricultores del fundo carrizal en la cual hay datos y antecedentes, que para eliminar ese proyecto compraron el terreno y se terminó el fundo carrizal... y fuera de eso las salinas que también se cerró y se les pagó el perjuicio que había, pero no a los trabajadores que han entregado sus vidas para mantener al país y darle riqueza a esta nación...era la familia ENAMI, prácticamente esa familia se destrozó... aquí llego gente que llego a destrozar la empresa nacional de minería. Y esto se lo dijo a todo nivel. Codelco estuvo desde el principio de ENAMI, porque no era lo mismo trabajar en la gran minería a 45 km de Viña sin contaminación, sin gastar nada, a estar aislado en el norte. Se ve una diferencia enorme (Entrevista a Luis Pino, agrupación ASOREFEN, julio de 2015).

En el caso de Puchuncaví-Quintero, y luego de varios intentos infructuosos del estado por reparar el daño ambiental de esta zona, a la contaminación por aire, suelo y biodiversidad, se agrega el papel del "urbanismo neoliberal"³¹. En particular, el implementado por los grandes proyectos inmobiliarios. No obstante, los discursos y acciones tanto del estado como de las empresas en torno a los instrumentos de monitoreo puestos por ellos mismos y las cifras de sus inversiones en tecnología, revelan permanentes momentos de sobre saturación del aire producto del azufre de la refinería, así como de otros metales que se encuentran en el aire. Estos instrumentos y medidas a su vez, han sido incapaces de determinar la incertidumbre tóxica y contener los desastres ecológicos producidos por los derrames de hidrocarburos y sus impactos en la contaminación de la flora y fauna marina en la Bahía de Quintero. Como antes señalamos, el 2014, y luego de los varios pick de contaminación del aire en Puchuncaví, la conflictividad de esta zona sacrificada, retornará luego del derrame de casi más de 30 mil litros de petróleo en la Bahía de Quintero -cifra indeterminada-, las cuales no pararon hasta el mes de abril del 2016, cuando se produjo un tercer derrame importante (en menos de dos años). En ambos casos, el desastre ambiental y social fue y ha sido producido paradójicamente por dos empresas estatales: la Empresa Nacional del Petróleo -ENAP- y -CODELCO Ventanas-. Esta situación le otorga una complejidad mayor, una vez que el discurso nacionalista en torno al desarrollo y a que el sacrificio de ciertas zonas se explica por los beneficios del cobre, se entrecruza con que estas empresas están conformadas por directorios que el gobierno de turno designa de acuerdo a las alianzas políticas.

El discurso minero en Chile y que muchas veces ocupó la crítica a la expansión de la minería transnacional, se torna débil ante el hecho de que las empresas causantes de la contaminación en Puchuncaví y Quintero son las del estado. mientras los organismos de salud y medioambiente involucrados se ciñen persistentemente en el argumento técnico- médico de que la existencia de la presencia en altas cantidades de metales pesados no asegura una afectación directa a la salud de las personas. Hasta ahora, éstos han sido los argumentos en un diálogo de sordos, y en donde todos responsabilizan a todos, mientras los estudios epidemiológicos que se requieren no se realizan y la participación de la academia y la investigación es precarizada frente a los recursos económicos dispuestos para la producción de conocimiento ambiental privatizada.

Conclusión: "¡Que la virgen también ponga su mano y le hable a los famosos empresarios, que dejen algo pa'l pueblo!"

La expresión de don Gilberto, comunero de Chincolco de la agrupación MODATIMA, de cuenta de la espera casi milagrosa de un cambio en su territorio. Aunque él mismo fue protagonista en una oportunidad de una interrupción al sacerdote que clamaba a San Isidro por el término de la sequía, pidiéndole mejor que rezara para que no se siguieran usurpando el agua, bajo el mismo lenguaje religioso encontramos en su testimonio como en el de otros habitantes de la Provincia de Petorca y Puchuncaví, un intento por recuperar no un "recurso" sino un "bien común" para todos. El vaciamiento territorial producido por las transformaciones económicas y políticas con impactos directos en la cultura e identidades de las poblaciones de tradición campesinas y mineras de Petorca, así como las campesinas y mariscadores en Puchuncaví, dan cuenta de una nueva cartografía exportadora, pero también de una nueva cartografía de las resistencias socio- ambientales. Estas luchas abogan por democratizar el acceso a los bienes comunes como el agua en tanto derecho humano fundamental en palabras de MODATIMA, así como también el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que asegure la vida y salud de las personas, de la flora y fauna marina de la Bahía y de sectores ricos en biodiversidad como Quirilluca, como sostienen agrupaciones como Chinchimen y Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia.

Campesinos, pequeños mineros, pescadores y activistas, comprenden el actual abandono del estado y de sus empresas como la destinación de su territorio en una zona de sacrificio y como una estrategia para privatizar las últimas empresas del estado (ENAP y CODELCO Ventanas). Paralelamente, como un avance del sistema de acumulación por desposesión centrado en la privatización de los bienes comunes, que es a su vez confrontado y resistido por las organizaciones actuales. Se trata de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental fundada en sistemas comunitarios y colectivos que buscan recuperar la reciprocidad e interdependencias en las relaciones entre naturaleza y cultura.

Lo cierto es que hoy los extractivismos de derecha y de izquierda han llegado a un consenso respecto a su manejo de los "recursos naturales" y la obstrucción a que se transformen en "bienes comunes" dentro de una lógica antidemocrática. El paso de una epistemología -ética y política- a otra, plantean entre otras medidas, romper con el imaginario que el crecimiento económico por si solo puede generar desarrollo, y que este es posible sobre la base de unos recursos inagotables cuya destrucción pueden mitigarse o compensarse. El mito del eterno retorno del mal desarrollo, diría Svampa y Viale, intentan siempre seducirnos con la idea de que la redistribución -y su teoría del derrame algún día se concretarán. Pero como señala Harvey³², lo esencial al neoliberalismo no es la redistribución de las ganancias sino la reestructuración de clases, en la cual las clases dominantes tienden a condensarse cada vez en el punto de una pirámide invertida.

En el caso de la región de Valparaíso, las pretensiones de patrimonializar la ciudad en compatibilidad con un turismo transnacional creciente, en las últimas décadas entraron en contradicción con el extractivismo minero y agroexportador. Los hechos asociados a la contaminación del Complejo Industrial Ventanas, así como la usurpación de aguas en la Provincia de Petorca, reflejan sólo una parte de los múltiples sufrimientos y traumas socio- ambientales de la región. En definitiva, se visualiza la construcción de una región de sacrificio entregada a la desregulación de los mercados en Chile, y a una actividad depredadora incentivada por las instituciones del estado y sus aliadas internacionales. Se rentabiliza la naturaleza y la cultura, y en ella la historia, a costa de la negación de otras memorias e identidades: campesina y pesquera principalmente, las cuales no obstante están destinadas a la pobreza y la exclusión.

Las eco-falacias del estado y las empresas y sus mitos del progreso y desarrollo, evitan avanzar en los estudios epidemiológicos e insisten en fortalecer vínculos clientelares con los afectados, iniciando una incipiente y tardía política del buen vecino a través de acciones de responsabilidad social empresarial. Aunque la agricultura y la ganadería, así como la pesca artesanal (que además se enfrenta a la pesca industrial), se encuentran en condiciones muy difíciles de recuperar; las nuevas prácticas políticas socio-ambientales de las organizaciones insisten en su derecho a vivir y morir en sus territorios.

En ese contexto, los esfuerzos de reconstruir una identidad post-neoliberal asociada al buen vivir y a la ética del cuidado en las organizaciones socio-ambientales /territoriales que están actualmente dando la lucha en la región, son una propuesta política y utópica de emancipación que se alimenta de algunos ríos que no lograron secarse ni por la contaminación ni por la usurpación. En particular, varios de ellos nacen en las colaboraciones con otras organizaciones populares, indígenas y latinoamericanas que están en luchas similares, mostrando una articulación a escalas transnacionales pero que cuando intentan a avanzar al interior, chocan siendo expulsadas al ámbito de la judicialización y criminalización progresiva. Mientras tanto, otras organizaciones insisten en dar la pelea desde dentro, friccionando en los intersticios de las legislaciones neoliberales flexibles que permiten grados de contestación, retrasos y complicaciones a las autoridades y órganos ambientales encargados de las autorizaciones a los mega-proyectos.

Las luchas desde los territorios y las ecologías que emanan de ellas, intentan mostrar que la relación identidad y territorio funciona con autonomía suficiente para generar movilización y articulación. Asimismo, da origen a múltiples organizaciones que con mayores accesos al capital económico unas que otras, han dado el giro eco-territorial necesario para defender el derecho a su re-existencia. Esto es lo que explica finalmente que tanto los habitantes de Petorca y Puchucancavi-Quintero, no hayan decidido desplazarse a otros lugares. El territorio junto al conjunto de relaciones sociales, culturales y políticas desplegadas en él, forman parte de las razones por las cuales se oponen al neoliberalismo ambiental. Lo post-neoliberal de las identidades propuesto aquí, sin embargo, no significa ensimismo una superación del neoliberalismo, si no los inicios de su fricción interna y su desnaturalización paulatina. En ese sentido, las organizaciones socio- ambientales/territoriales aún son parte de un lento y duro proceso de desnaturalizar la naturaleza y reconstruir el mercantilizado tejido social que se construyó en estas 4 décadas. Su capacidad crítica y reflexividad, en un contexto de privatización del conocimiento ambiental, las han convertido en poderosas y efectivas productoras de un conocimiento experto alternativo en el campo socio-ambiental, dando señales claras de la emergencia de un nuevo escenario socio-histórico que tiene en el centro la dimensión ambiental/territorial. Es en este sentido, -la recuperación de los "recursos naturales" en "bienes comunes"- al que me he referido respecto de las identidades post-neoliberales y su importancia en el marco de los procesos de democratización socio-ambiental que experimenta la región Latinoamérica.

Figura 3: Los hombrecitos Verdes en la Revista APSI de 1987. Gentileza Hernán Ramírez.