3.1. Inadmisibilidades “de forma”

En las 13 resoluciones que declaran inadmisible la solicitud por motivos de forma, la razón más frecuente para hacer dicha declaración es el incumplimiento del plazo de seis meses para presentar la solicitud desde que quede ejecutoriada la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento, impuesto por el artículo 1º del mencionado Auto Acordado. En concreto, siete solicitudes³⁴ (9,1% del total y 56,2% del universo de inadmisibles) fueron declaradas inadmisibles por este motivo.

El segundo motivo más frecuente es el incumplimiento de la obligación de acompañar uno o más de los antecedentes señalados en las letras a)-e) del artículo 1º del Auto Acordado. En concreto, tres solicitudes³⁵ (4,5% del total) omitieron este requisito. Una de ellas³⁶ omitió adjuntar los documentos de las letras b y c), otra³⁷ olvida adjuntar el documento señalado en la letra c) y, finalmente, otra solicitud³⁸ no acompañó documento alguno.

Por otro lado, una de las solicitudes³⁹ fue declarada inadmisible por no haber terminado la causa por sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria (requisito impuesto por el mismo artículo 19 nº7 letra i), puesto que se trataba de un recurso de amparo.

Con respecto a las dos solicitudes⁴⁰ restantes no fue posible determinar el motivo por el cual la Corte declara la inadmisibilidad. En una de ellas⁴¹ se decreta la inadmisibilidad por “no haberse dado estricto cumplimiento a lo que ordena el número 2° del Auto Acordado”, norma que no contiene requisitos, sino la orden de declarar inadmisible la solicitud que no cumpla con los requisitos del artículo 1º. En la resolución restante,⁴² se declara la inadmisibilidad “atendido el tiempo transcurrido sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado a fojas 65” y puesto que la causa está sujeta a reserva, no fue posible conocer la causal específica de inadmisibilidad.

Como conclusión de estos hallazgos, hasta aquí no pareciera que la Corte Suprema tenga una actitud excesivamente formalista cuando conoce estas solicitudes, puesto que siete de las 13 inadmisibilidad de forma (53,8%) son declaradas por ser extemporáneas, causal específicamente contemplada en el Auto Acordado y que cualquier sistema jurídico consideraría razonable para desechar una solicitud de esta naturaleza. Por otro lado, en tres ocasiones (23%) se declara la inadmisibilidad de la solicitud por no acompañar los documentos básicos que se requieren para su resolución y que se encuentran detallados también en el Auto Acordado. En suma, en el al menos el 76,8% de las inadmisibilidades de forma la Corte toma una decisión razonable que no podría calificarse como “formalista” o al menos “excesivamente formalista”.

3.2. Inadmisibilidades “de fondo”

En las tres inadmisibilidades por motivos de fondo,⁴³ se reclama sobre resoluciones de Juzgados de Garantía que decretan medidas cautelares de prisión preventiva,⁴⁴ sin especificar si el “vicio” del que adolece la resolución es un error injustificado, arbitrariedad o ambos,⁴⁵ tampoco ofrecen un concepto de “error injustificado” o “arbitrariedad”, ni especifican cómo la resolución cabría dentro de estos supuestos (todo ello según la información que entrega la Corte sobre la solicitud). Dos de estos casos⁴⁶ basan su solicitud en haber sido declarada y mantenida la prisión preventiva -“hasta la absolución” en un caso, y “por dos años aproximadamente” en el otro, respectivamente-, siendo que la prueba del Ministerio Público fue declarada “insuficiente” por el Tribunal Oral en lo Penal que los absolvió. En uno de estos casos⁴⁷, el solicitante alega haber sufrido daño moral por su avanzada edad y la traumática situación que vivió, daño emergente al no poder cobrar mensualmente su pensión y lucro cesante al no poder continuar con su trabajo. Por estas razones, estima que ha sido “injustamente privado de libertad”. En este caso, pareciera que el solicitante reclama una suerte de derecho objetivo a ser indemnizado por absolución, ya que en la resolución de la Corte no se registran argumentos en orden a establecer que las resoluciones que lo afectaron fueran injustificadamente erróneas, arbitrarias o que adolecieran de algún tipo de defecto. En cambio, en el otro caso,⁴⁸ el solicitante critica directamente la resolución que impugna, señalando que “existió un error de derecho por parte de la magistratura de San Bernardo y del Ministerio Público en cuanto ambos organismos tuvieron conocimiento de la falta de prueba que existía para acreditar la participación culpable del acusado lo que fue establecido finalmente por un fallo absolutorio”.⁴⁹

Ante estas alegaciones, la Corte Suprema respondió que el artículo 19 de la Constitución confiere el derecho a reclamar indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia del sometimiento a proceso o condena injustificadamente erróneos o arbitrarios y, para calificar estas actuaciones de tal manera, se requiere que las resoluciones “carezcan en absoluto de elementos de convicción que permitan sustentarlas racionalmente o que han sido expedidas por voluntad meramente potestativa, caprichosa o insensata”.⁵⁰ Luego, al aplicar éste estándar al caso concreto, señala que

“no se presentan los presupuestos de procedencia antes referidos, desde que el solicitante admite en su presentación que durante la investigación se recabaron una serie de antecedentes testimoniales, periciales y documentales que fundaron la imputación y que son, además, los usuales en la indagación de delitos como los de la especie, evidencias que fueron debidamente analizadas por los jueces del juicio oral y que se estimaron insuficientes a efectos de superar el estándar de duda razonable, circunstancia que, por sí sola, no tiene la aptitud necesaria para fundar una pretensión como la de estos antecedentes, motivo por el cual no se dará tramitación a la solicitud”.⁵¹

En el tercer caso,⁵² se reclama respecto de una resolución que decreta prisión preventiva por no pago de la multa impuesta como condena y que, sin embargo, se encontraba debidamente cancelada. Por ello, afirma haber sido “injustamente privado de libertad”. Ante esta alegación, la Corte Suprema establece la misma definición de resolución “injustificadamente errónea o arbitraria” indicada más arriba y pasa a aplicarla al caso concreto señalando que “el solicitante admite en su presentación que fue condenado y que incluso dio cumplimiento a la sanción que le fuera impuesta, por lo que la inadvertencia al disponer su detención para el solo efecto de su cumplimiento, por sí sola, no tiene la aptitud necesaria para fundar una pretensión como la de estos antecedentes”.⁵³

Considerando todo lo señalado hasta aquí, pareciera que las inadmisibilidades no representan un obstáculo significativo para el ejercicio del derecho a indemnización por error judicial o, al menos, no es un impedimento que esté generando la Corte Suprema. En definitiva, si comparamos el comportamiento de la Corte analizado en este trabajo con el gran obstáculo que representa esta fase en otro tipo de recursos, llegaremos a la conclusión de que no estamos en presencia de una barrera significativa. En efecto, si comparamos por ejemplo con el recurso de revisión, podremos observar que en el período 2007 a 2016 la Corte desechó el 87,84% de los recursos “de plano”⁵⁴ y si lo hacemos con el recurso de nulidad presentado por la causal del artículo 373 letra a) del CPP en el período 2001 a 2013 la Corte declaró inadmisible el 72% de los recursos.⁵⁵ En este contexto, no podemos afirmar que las inadmisibilidades que se han decretado en los 12 años comprendidas en este estudio sean propiamente un impedimento para el ejercicio del derecho a la indemnización por error judicial, mucho menos si se analiza con detalle el motivo de estas resoluciones, como se ha hecho en la presente sección.

4.1. Argumentos utilizados por la Corte para rechazar las solicitudes: visión general

Un primer hallazgo de la investigación muestra que la principal razón para rechazar la solicitud es, como intuía la doctrina y los proyectos de reforma constitucional, el estándar de resolución “injustificadamente errónea o arbitraria”. En efecto, en 33 de las 46 solicitudes rechazadas (71,7% de 46) la Corte Suprema utilizó como único argumento para llegar a esta decisión el hecho de que la resolución impugnada no tenía este carácter.⁵⁶

Por otro lado, en cuatro casos más⁵⁷ (8,7% de 46) la Corte utilizó este argumento en forma secundaria. Es decir, a pesar que la Corte considera que no se cumplen las exigencias reguladas en el artículo 19 n° 7 letra i) ya que no se trata de resoluciones impugnables (en todas ellas no hubo auto de procesamiento ni condena o sobreseimiento definitivo) y, por ese sólo hecho podía rechazar las solicitudes de declaración previa, igualmente se hace cargo en todos los casos de consideraciones de fondo para arribar a la misma decisión, señalando que no podría afirmarse la existencia de un error injustificado o de arbitrariedad en las resoluciones impugnadas.

Finalmente, en cinco casos más⁵⁸ (10,9% de 46) la Corte rechaza la solicitud porque la resolución impugnada no es injustificadamente errónea o arbitraria y, de haber responsabilidad, esta correspondería al Ministerio Público. Específicamente, en cuatro de los casos⁵⁹ en que se condena a una persona inocente debido a un error en la identidad del verdadero imputado, la Corte afirma que, como no se han vulnerado las únicas normas invocadas por el solicitante en relación a la verificación de identidad del imputado, no es posible afirmar que la resolución impugnada deviniera de un error judicial puesto que la responsabilidad en la identificación de los imputados recae en los funcionarios de la policía, sea civil o uniformada, y luego, en el Ministerio Público. Con ello, la Corte descarta la existencia de un error por parte del juez y luego, pasa a afirmar que tal responsabilidad debe reclamarse a través del artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (en adelante LOCMP), norma no requiere una declaración previa de la Corte. En el otro caso, en que también se produce un error en la identidad del imputado, pero esta vez en el contexto de un procedimiento monitorio, la Corte afirma en su considerando noveno que:

“la resolución que aprobó el procedimiento monitorio no participa de las características de “injustificadamente errónea y arbitraria” pero agrega en el considerando undécimo que “si la acción impetrada pretende reprochar actuaciones del Ministerio Público, ya no se trata de un error judicial. Para este evento el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público contempla la responsabilidad de dicho ente público ante los ciudadanos”. ⁶⁰

En suma, además de los 33 casos en que la Corte rechaza la solicitud con el único argumento de que la resolución no es “injustificadamente errónea o arbitraria”, existen otras nueve ocasiones en que también usa este argumento, pero en complemento con otro. De esta manera, en 42 casos (91,3% de 46) ha sido una barrera lo que la Corte entiende por “resolución injustificadamente errónea o arbitraria”.

Con respecto a los cuatro casos restantes, en dos⁶¹ de ellos la Corte rechazó la solicitud por no impugnar una sentencia condenatoria o un auto de procesamiento sino una resolución sobre medidas cautelares. En estos casos, la Corte se limita a señalar que la norma autoriza la declaración en cuestión sólo respecto de sentencias condenatorias y autos de procesamiento y luego descarta que la resolución sobre cautelares sea una u otra. A diferencia de los casos descritos anteriormente, utiliza sólo este argumento para rechazar, sin usar, además, el argumento de fondo en cuanto a que las resoluciones impugnadas tampoco serían injustificadamente erróneas o arbitrarias. De esta manera, si sumamos los cuatro casos⁶² ya mencionados en que la Corte utilizó este argumento en conjunto con descartar que la resolución es injustificadamente errónea o arbitraria, podemos concluir que el hecho de que la Corte considere que la resolución sobre medidas cautelares no queda comprendida por la norma constitucional, ha sido una barrera en seis de 46 casos en el período estudiado (13%). Como ya hemos señalado en una sección previa, este criterio habría cambiado a partir del año 2015, es decir, en la parte final del período cubierto por nuestra investigación.

Por otro lado, en un caso⁶³ la Corte señala que “la acción formalizada no puede prosperar, al no acompañar el peticionario los antecedentes mínimos que eran de su cargo, para emitir un pronunciamiento estimatorio de lo solicitado”.⁶⁴ Específicamente, en este caso la Corte Suprema señala que el solicitante

“sólo agregó a este legajo copias de las actas de las audiencias en que pronuncian las resoluciones objetadas, las cuales no contienen una transcripción, extracto o resumen de las alegaciones y antecedentes expuestos por el Ministerio Público y la defensa en cada una de ellas, ni tampoco de las razones entregadas por el Tribunal en cada oportunidad para decretar o mantener la prisión preventiva -salvo en el acta de la audiencia de 16 de octubre de 2009-. Tal defecto impide emitir un pronunciamiento sobre el mérito de las resoluciones objetadas, pues en un sistema de estructura acusatoria como el diseñado por el Código Procesal Penal, tales dictámenes jurisdiccionales no son sino el resultado del debate sostenido en cada audiencia por el Ministerio Público y la defensa”.⁶⁵

En otro considerando, la Corte reprocha al solicitante no haber acompañado copia de antecedentes que respalden sus argumentos, específicamente, de aquellos que, según él, el Juzgado de Garantía habría desatendido al dictar las resoluciones (copia de la carpeta investigativa y declaraciones de testigos que configuraban su “coartada”), puesto que, sin ellos, no es posible efectuar un reproche al desempeño del Tribunal.

Finalmente, en el caso restante⁶⁶ la Corte rechaza la solicitud de declaración previa a la indemnización por error judicial por extemporánea y, luego, rechaza la petición subsidiaria del solicitante de que “se declare el error judicial sobre la base de las actuaciones erróneas del Ministerio Público, de conformidad con lo que al efecto disponen los artículos 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 5° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y 19 N° 7 letra i) de la Carta Fundamental”.⁶⁷ Específicamente, la Corte responde que

“si la acción se deduce subsidiariamente por las actuaciones que se reprochan al Ministerio Público, ya no se trata de un error judicial. Para este evento el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público contempla la responsabilidad de dicho ente público… Se trata de una hipótesis de responsabilidad administrativa del Estado, no jurisdiccional, que naturalmente no puede generar esta última clase de responsabilidad, merced a que es la actividad de una entidad autónoma impedida de ejercer labores jurisdiccionales, como expresamente dispone el artículo 1° de su Ley Orgánica. Por consiguiente, la acción para obtener la reparación del Estado por una actuación de tal peculiaridad del Ministerio Público es de responsabilidad administrativa del Estado y, como tal, debe ejercerse del mismo modo que todas aquellas que son contencioso administrativas y que no tienen designado un procedimiento especial”.⁶⁸

Los resultados expuestos en esta parte se resumen en la Tabla n° 9.

En lo que sigue analizaremos con más detención los casos en que la Corte estima que no está en presencia de una resolución injustificadamente errónea o arbitraria debido a que se trata por lejos de la causal principal invocada por la Corte Suprema para el rechazo de estas solicitudes según hemos visto.

4.2. ¿Cuándo la resolución no es injustificadamente errónea o arbitraria según la Corte Suprema?

A lo largo del período en estudio, la Corte frecuentemente ha ofrecido definiciones de los conceptos para explicar cuando una resolución es “injustificadamente errónea” y “arbitraria” y, también, ha registrado diversos argumentos para no subsumir las resoluciones impugnadas en dichas definiciones. Estas definiciones y argumentos serán estudiadas a continuación. Antes de abordar esto, es necesario aclarar que en 23 ocasiones⁶⁹ la Corte no ha sido tan precisa, y ha ofrecido una sola definición para la resolución “injustificadamente errónea o arbitraria”, de manera que convierte ambos conceptos en una sola hipótesis o, aun cuando los define por separado, entrega argumentos conjuntos para descartar la existencia de un error injustificado y la arbitrariedad, a la vez. Con el fin de aislar adecuadamente las definiciones separadas de ambos conceptos, así como los argumentos para descartar su presencia, el razonamiento de la Corte en estos casos “imprecisos” será revisado en forma separada.

5.1. Caso María Yáñez (rol nº 5411-2010)

El primer caso en que la Corte Suprema estimó que la resolución dictada fue injustificadamente errónea concierne a María Yáñez, abogada, cuya identidad fue suplantada. Según los hechos relatados en la sentencia, el año 2002 fue sustraída la cartera y cédula de identidad de la solicitante, mientras que, en octubre del mismo año, una mujer es detenida al interior de un supermercado después de cometer un ilícito, sin portar su cédula de identidad, por lo que al pedirle identificación afirma ser María Yáñez e indica el Rut que correspondía a ese nombre. La mujer detenida confesó haber cometido el hurto imputado, por lo que fue sometida a proceso y posteriormente se le otorgó libertad provisional, sin que nadie exigiera la exhibición de su cédula de identidad u otro documento idóneo, registrara sus huellas dactilares o enviado a prontuariar, antes de ordenar su libertad. Finalmente, fue condenada por el Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago como autora del delito de hurto frustrado a cumplir cuarenta y un días de prisión en su grado máximo, condena que jamás pudo ser notificada personalmente. En septiembre del 2008, “la verdadera” María Yáñez es detenida en el aeropuerto y mantenida privada de libertad por tres días hasta que es puesta a disposición del Juez competente. Ante esta situación se deduce recurso de revisión, el que es acogido por la Corte Suprema, invalidando el fallo condenatorio y absolviéndola del cargo formulado.¹¹⁶

Para afirmar el carácter “injustificadamente erróneo o arbitrario” la solicitante sostiene que implícitamente ello habría sido reconocido por la Corte Suprema en el fallo de revisión. Afirma que el juez de primera instancia cometió un “grave error judicial” al condenarla y que “no condujo adecuadamente la causa”. La solicitante no ofrece un concepto de “error injustificado” o “arbitrariedad” ni especifica cómo los hechos relatados concuerdan con esta calificación.

Tanto el Consejo de Defensa del Estado como la Fiscal suplente de la Corte Suprema solicitan la inadmisibilidad del recurso por no haberse adjuntado los documentos exigidos por el Auto Acordado que regula esta solicitud y, respecto al fondo, piden su rechazo puesto que no se trataría de una resolución injustificadamente errónea o arbitraria. El Consejo de Defensa estima que para calificar de tal modo la resolución, debe advertirse “capricho o irracionalidad” en el actuar del juez, lo que no concurre en este caso, ya que la única persona responsable sería la suplantadora, que al no concurrir a prontuariarse, no sólo engañó a la recurrente sino también a la policía y al tribunal. Por otro lado, la Fiscal de la Corte señala que no se trata de una resolución injustificadamente errónea o arbitraria, puesto que existían antecedentes suficientes para dictar el auto de procesamiento y la condena (entre ellas, la confesión de la imputada y la incriminación en su contra por las otras dos mujeres que fueron detenidas con ella), por otro lado, según la historia fidedigna del establecimiento de la ley, una resolución tiene estas características cuando “es carente de motivación alguna, sin fundamento o causa plausible o pronunciada con error grave, sin justificación racional o inexplicable”, lo que no es posible afirmar respecto del auto de procesamiento impugnado.¹¹⁷

En el considerando tercero, la Corte concuerda con el Consejo de Defensa Estado y la Fiscal en el sentido de que existía merito suficiente para dictar el auto de procesamiento y sentencia condenatoria. Sin embargo, el juez incurrió en una omisión al no verificar la identidad de la delincuente, lo que produjo en error en la tramitación del proceso que afectó cada una de las etapas siguientes (considerando cuarto) y, si bien fueron jueces diferentes los que intervinieron en las distintas etapas “todos ellos debieron advertir el error subyacente, lo que no hicieron, actuando cual más cual menos con mayor descuido al dictar resoluciones cada vez más trascendentes” (considerando décimo). La Corte estimó que, en virtud de diversas normas del Código de Procedimiento Penal, existía la obligación de verificar la identidad de la imputada y, en cambio

“el juez no sólo se quedó con la sola declaración de la delincuente acerca de su identificación, sino que además, junto con someterla a proceso, la liberó, sin que conste en el proceso que la haya apercibido de concurrir a firmar el libro de excarcelados con la periodicidad dispuesta por él y sin que tampoco se le haya dado la orden de concurrir a prontuariarse. Por cierto, además, no se tomó siquiera la precaución de registrar sus huellas dactilares antes de liberarla” (considerando séptimo).

Este error en la tramitación del proceso sería “injustificadamente erróneo” a pesar de que las resoluciones tenían mérito suficiente en virtud de los antecedentes reunidos, puesto que “no lo tenían (mérito) en el aspecto subjetivo, esto es, en relación al sujeto de la imputación, por la falta de documentos o elementos idóneos para cotejar su identificación, circunstancia claramente atribuible a una negligente actuación de la autoridad jurisdiccional” (considerando undécimo).

Por estas consideraciones, la Corte acoge la solicitud presentada por doña María Yáñez y declara que tanto el auto de procesamiento como la sentencia definitiva dictados por el Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago, fueron injustificadamente erróneos. La sentencia en estudio fue acordada con el voto en contra del ministro señor Rodríguez, quien estuvo por rechazar la solicitud, puesto que “tanto para pronunciar el auto de procesamiento, como para dictar sentencia condenatoria, vistas objetivamente, ellas tenían el mérito suficiente para ese efecto, de modo que no ha existido error en el fondo, en la valoración de los cargos” (considerando primero). Por otro lado, el Ministro afirma que los errores en la tramitación del proceso (superar una etapa y pasar a la siguiente sin verificar la identidad del delincuente) no pueden calificarse como injustificadamente erróneos o arbitrarios, puesto que, como indica el artículo 260 del Código de Procedimiento Penal, la tarea de identificación de cualquier persona “se encomienda expresamente a la policía y no al tribunal, que ni siquiera tiene intervención en la diligencia”, por tanto, se trata de un caso de responsabilidad administrativa que debe ejercerse del mismo modo que todas aquellas que son contenciosas administrativas y que no tienen señalado un procedimiento especial (considerando segundo). Como tercer argumento, el ministro señala que el artículo 274 nº2 del mismo cuerpo legal “se refiere expresamente a la participación del encausado en el delito y no a su identificación, amén de su naturaleza eminentemente provisional”. Finalmente, señala que la responsable de los perjuicios que sufrió la solicitante

“fue la persona que la suplantó, unido a la pérdida de la cédula de identidad de la suplantada, la cual indujo a la policía a suministrar información equivocada al tribunal” y “en el evento que alguien supuestamente pudiere incurrir en error injustificado y arbitrariedad, sería la policía que habría omitido identificar en debida forma a una mujer detenida cuando acababa de cometer un hurto” (considerado sexto).

Una vez obtenida la declaración previa que exige el artículo 19 nº7 letra i), se demandó al Estado por la suma de $103.777.445 ante el 14º Juzgado Civil de Santiago, el que condenó al Fisco de Chile a pagar a la demandante la suma de $30.000.000 por concepto de daño moral, más reajustes e intereses.¹¹⁸ En cumplimiento de dicha condena, el Ministerio de Justicia resolvió el 14 de julio de 2015, por orden del Presidente de la República, que la Tesorería Regional Metropolitana debía pagar un total de $30.218.311.¹¹⁹

5.2. Caso Mauricio Hernández (rol nº 25658-2014)

En la segunda solicitud acogida por la Corte Suprema, Mauricio Hernández, también abogado, solicita que se declare injustificadamente erróneo el auto de procesamiento y posterior sentencia condenatoria dictados por el 3º Juzgado del Crimen de Santiago, en que se le condenó como autor del delito de estafa del artículo 470 nº 8 del Código Penal, por haber engañado al Tribunal al interponer una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de Impuestos Internos por el retardo de una devolución de impuestos, usando una ley vigente al momento de formular la solicitud y no aquella que era aplicable en la fecha en que ocurrieron los hechos y que prohibía dicha devolución. Sin embargo, el solicitante señala que en realidad no impetró la devolución del impuesto, sino una solicitud que se oficiara a Tesorería para continuar con el trámite, entidad que bien pudo negarse, no obstante, cursó el reintegro, proceder avalado por la Contraloría General de la República.

El solicitante señala que el auto de procesamiento y subsecuente sentencia condenatoria de primera instancia eran injustificadamente erróneas puesto que él actuó en ejercicio legítimo de su profesión y del derecho de petición, sin efectuar ninguna puesta en escena, ni adjuntar documentación falsa o incompleta. Señala que incluso de estimarse engañoso su requerimiento, se trataría de un embuste inidóneo puesto que el tribunal tuvo a la vista todos los antecedentes para resolver con arreglo a derecho y, sin embargo, los ponderó irracionalmente, lo que condujo a que fuera procesado, privado de libertad por tres días y condenado.

El Consejo de Defensa del Estado y la Fiscal Judicial recurren a las definiciones utilizadas anteriormente por la Corte Suprema respecto al concepto de “error injustificado”. En efecto, el Consejo de Defensa lo define como una resolución “asociada a la irracionalidad o un capricho” (considerando tercero) y la Fiscal Judicial, utiliza exactamente la misma definición -y que se transcribe más adelante-, pero añade elementos que aumentan significativamente el estándar, tales como:

“contrario a la justicia o las leyes”, “cuando no hay elementos que intelectualmente a una mente normal puedan haberla llevado a una misma conclusión”, “decisión carente de motivación alguna, sin motivo o causa plausible, por un error grave sin fundamento racional, inexplicable, cometiendo un craso error”, “si media infracción a los deberes esenciales del juez, una ausencia absoluta de análisis, un actuar de mala fe, sin elementos que autoricen proceder como se hizo” (considerando cuarto).

Como puede apreciarse, las frases que agrega el Consejo de Defensa del Estado pasan a exigir contravención de normas legales o deberes del juez, ausencia absoluta de fundamentos y un actuar doloso del juez en este sentido, lo que va más allá de exigir “actuaciones de la judicatura desprovistas de elementos de convicción” o “expedidas por voluntad meramente potestativa, caprichosa o insensata” como lo hace la Corte. En este contexto, ambos intervinientes afirman que las dos resoluciones impugnadas se basaron en los antecedentes del caso y, en este sentido, cumplieron con los estándares normativos exigidos por los artículos 274 y 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Sobre la base de estos argumentos, ambos actores entienden que en el caso concreto no hay un error injustificado y por tanto debe desestimarse la solicitud.

La Corte estimó que la resolución impugnada había sido injustificadamente errónea por arribar a una conclusión que no podía sustentarse en los antecedentes del caso. En efecto, la Corte señala:

“estaba claro, ya en la etapa sumarial, que la conducta del querellado, en que se hizo consistir la acción reprimida en el artículo 470, N° 8, del Código Penal no era constitutiva de un engaño…” (considerando séptimo) “…que tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria de primera instancia que declararon equivocadamente que la solicitud formulada, propia del ejercicio profesional del abogado, configura un engaño ínsito en el tipo penal del artículo 470, N° 8, del Código sancionatorio, sin otros elementos de convicción que acrediten racionalmente las maniobras mentirosas, dado que el contexto fáctico latamente descrito impedía, desde los inicios del procedimiento penal, tener por justificada la existencia del delito” (considerando octavo).

En este sentido, la Corte no concuerda con los dichos de los demás intervinientes en orden a estimar que las resoluciones se basaron en los antecedentes del caso, puesto que los existentes demostraban la existencia de una conducta atípica. En este sentido, el Juez del Crimen incumplió uno de sus deberes básicos: valorar correctamente la prueba.

En definitiva, la Corte acoge la solicitud de declaración previa de error judicial y, por consiguiente, declara que la resolución que sometió a proceso a Mauricio Hernández y la sentencia definitiva que lo condenó dictadas por el 3º Juzgado del Crimen de Santiago, son resoluciones injustificadamente erróneas. La sentencia es unánime.

Obtenida la declaración previa que exige nuestra norma constitucional, Mauricio Hernández demandó al Fisco ante el 9º Juzgado Civil de Santiago por la suma de $381.455.200. En dicho proceso se condena al Fisco a pagar la suma de $118.505.200 más reajustes e intereses.¹²⁰ Dicha resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, salvo en aquella parte que libera a la demandada del pago de las costas de la causa, decidiendo en su lugar, que deberá hacer frente a su importe.¹²¹ En cumplimiento de dicha sentencia, el 7 de agosto de 2017 el Ministerio de Justicia, por orden del Presidente de la República, resuelve que la Tesorería Regional Metropolitana deberá pagar la suma de $136.126.945.¹²²

5.3. Caso Leonardo General Chavarría (rol nº1579-2015)

En la tercera solicitud acogida por la Corte, se reclama de las resoluciones sobre medidas cautelares dictadas por un Juzgado de Garantías que mantienen a Leonardo General Chavarría en prisión preventiva por más de tres meses y sujeto a arresto domiciliario nocturno por nueve meses frente a una imputación de ser autor del delito de violación, por ser injustificadamente erróneas. Estas resoluciones se basaron, entre otros antecedentes, en un video grabado por la víctima en que supuestamente se mostraba que el imputado la habría accedido vaginalmente bajo intimidación. Sin embargo, la defensa del imputado indicó que las conductas denunciadas habrían sido consentidas por la supuesta víctima y cuándo solicitaron la obtención del video para probar que se trataría de un montaje, primero al Ministerio Público y luego al tribunal mediante cautela de garantías, éste le fue denegado. El montaje fue acreditado posteriormente por el Tribunal de Juicio Oral, quien lo absolvió de los cargos declarando que no había antecedentes que acrediten un actuar coactivo de su parte.

Según el solicitante, el error reside en decretar la prisión preventiva y mantener esa medida, así como rechazar la cautela de garantías con la que se buscaba oír el audio, diligencia que habría permitido descubrir el montaje de la supuesta víctima.

Tanto el Consejo de Defensa del Estado como la Fiscal Judicial piden que se rechace la solicitud, porque las resoluciones impugnadas no resultaban carentes de todo fundamento o justificación, puesto que existían una serie de antecedentes o indicios respecto de la comisión del delito investigado además del video (considerandos segundo y tercero). El Consejo agrega, adicionalmente, que debe rechazarse la solicitud puesto que la prisión preventiva es una medida cautelar que no equivale al antiguo auto de procesamiento al que alude el artículo 19 nº7 letra i), invocando así lo que había sido la doctrina prevalente de la Corte hasta el año 2014 como hemos mencionado.

La Corte Suprema descarta que la resolución que decreta la prisión preventiva no pueda puedan ser objeto de la declaración que pretende la solicitud y, además, excluye del análisis el actuar del Ministerio Público, por existir otro procedimiento adecuado para reclamar de él.

Al decidir el caso, la Corte señala que, al momento de decretar la prisión preventiva, no se presentaron los demás antecedentes distintos al video aludidos por la Fiscal y Consejo de Defensa, sino que sólo son incorporados en el juicio oral. Por otro lado, la defensa no cuestiona la ocurrencia de los hechos, sino sólo la existencia de fuerza o intimidación, de modo que resulta patente la escasez e insuficiencia de los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público para justificar la existencia de dichos elementos (considerandos séptimo y octavo). Por lo demás, los antecedentes existentes sólo consistían en la declaración de la víctima y de su conviviente, que es sólo testigo de oídas, siendo el relato de aquélla carente de racionalidad y mínima sensatez, mientras que el video no aportaba indicio alguno que permitiera descartar una relación sexual consentida. Al contrario, el video mostraba cómo la mujer quitaba el pestillo a la puerta para dejar entrar al acusado y realizar conductas propias o comunes de un acto sexual consentido entre adultos. De esta forma, ninguno de los antecedentes daba cuenta de elementos serios que avalaran la conclusión del tribunal de tener por “acreditado” el delito materia de la formalización. Ello también se veía ratificado por el propio tenor de la resolución que nada decía o precisaba para justificar la concurrencia del elemento “fuerza o intimidación”, ni siquiera anunciaba qué antecedente de los expuestos por el fiscal sustentaba su convicción en este punto, silencio que se explicaba por la imposibilidad de construir tal determinación “y de ahí que esa decisión resulta desprovista de elementos de convicción que habiliten su sustento racional, en definitiva, injustificadamente erróneo” (considerando noveno).

Por estas consideraciones, la Corte acoge unánimemente la solicitud de declaración previa de error judicial y, por consiguiente, declara que la resolución que sometió al solicitante a prisión preventiva y la que le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno dictadas por el Juzgado de Garantías de Los Andes fueron injustificadamente erróneas.

Leonardo General Chavarría demandó al Fisco por la suma de $211.000.000 ante el 12º Juzgado Civil de Santiago, tribunal que acoge parcialmente la demanda y condena al Fisco a pagar a título de indemnización de perjuicios la suma de $45.000.000, más reajustes e intereses.¹²³ Dicha resolución fue apelada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y ésta la confirmó el día 8 de noviembre de 2018.¹²⁴

5.4. Caso Ernesto Galaz (SCS nº11486-2017)

En este caso la Corte declara injustificadamente errónea la sentencia del Tribunal de Justicia Militar en Tiempos de Guerra que condena a muerte a Ernesto Galaz Guzmán, pena que posteriormente fue modificada por presidio y, ésta, a su vez, sustituida por extrañamiento. La solicitud señala que luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, fue detenido ilegalmente, torturado, sometido a Consejo Guerra y condenado a muerte como autor de delitos de incumplimiento de deberes militares, traición, promoción a la sedición, y otros delitos. Una vez recuperada la democracia, abre un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que, por sentencia de 2 de septiembre de 2015,¹²⁵ ordenó al Estado de Chile adoptar las medidas legislativas, administrativas o de cualquier índole, adecuadas para que personas condenadas por Consejos de Guerra durante la dictadura, vieran revisadas y anuladas las sentencias condenatorias dictadas en procesos que pudieron haber tomado en cuenta pruebas o confesiones obtenidas bajo tortura, como fue su caso. En cumplimiento de esta disposición el Consejo de Defensa se dirigió al Fiscal Judicial de la Corte Suprema para interponer un recurso de revisión en contra de la sentencia condenatoria, el que fue acogido por sentencia de 3 de octubre de 2016, invalidando el fallo en cuestión y declarando la absolución del solicitante por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia.¹²⁶

El Consejo de Defensa del Estado, por su parte, solicita la declaración de inadmisibilidad de la solicitud y, subsidiariamente, su rechazo, puesto que ya había sido reparado por el Estado con el pago de la suma de US$25.000, como lo ordenó la Corte Interamericana. En segundo lugar, señala que el Consejo de Guerra constituye una comisión especial, de modo que no sería un órgano encargado de la administración de justicia, mientras que las normas invocadas establecen un régimen de responsabilidad del Estado por actos del Poder Judicial. La Fiscal Judicial, en cambio, concuerda con la solicitud, siendo una de las cuatro veces en el período en estudio en que adopta esta postura y la primera en que la Corte acoge sus argumentos en este sentido.

La Corte Suprema desestima los argumentos del Consejo de Defensa del Estado en cuanto que los perjuicios padecidos por el solicitante ya habrían sido indemnizados, puesto que se trataría de una excepción de fondo que debía ser ventilada en el procedimiento civil de indemnización. La Corte también estima que las sentencias impugnadas en esta causa tenían el carácter de decisión emanada de un órgano jurisdiccional, al punto de estimarlas susceptibles de ser invalidadas por la vía del recurso de revisión, por lo que no es posible admitir las alegaciones que les niegan el referido carácter. Para hacer tal afirmación se basa en dos argumentos. En primer lugar, porque los argumentos del Consejo de Defensa contravienen la doctrina los actos propios, puesto que este mismo interviniente había argumentado a favor de la solicitud de revisión reconociendo lo que ahora niega: el carácter de resolución emanada de un órgano jurisdiccional (considerando noveno). En segundo lugar, que los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra hayan actuado en contra de las disposiciones del Código de Justicia Militar, que los regla, y hayan actuado “excediendo sus atribuciones y en abierta vulneración del estatuto que justificaba su constitución, competencia y procedimiento, no quita el carácter de acto amparado por la presunción de juricidad que tuvieron tales dictámenes, los que surtieron todos sus efectos al haberse impuesto coercitivamente a los condenados el cumplimiento de las penas que se determinaron, entre ellos el requirente de autos” (considerando décimo).

En cuanto al fondo, la Corte estima que se está en presencia de una decisión injustificadamente errónea en el caso, puesto que, tal como se indicó en el fallo de revisión, una vez demostrado el método de tortura utilizado para obtener las confesiones del solicitante, éstas no podían sustentar las condenas impuestas, de forma que prescindiendo de esas confesiones y declaraciones no quedan elementos probatorios que permitieran a los Consejos de Guerra alcanzar la convicción condenatoria en las sentencias objeto de revisión. La Corte señaló que “la condena del actor fue consecuencia de una actuación de la judicatura militar carente de elementos de convicción que la fundamentaran racionalmente, por lo que no cabe si no concluir que tal decisión fue injustificadamente errónea, al ser consecuencia de una voluntad meramente potestativa”.

Finalmente, la Corte acoge la solicitud de declaración previa de error judicial y, por consiguiente, declara que las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Militar en Tiempos de Guerra respecto a don Ernesto Galaz Guzmán, son injustificadamente erróneas. La sentencia fue dictada por unanimidad, con la prevención del ministro señor Künsemüller que tiene en cuenta, además, que de acuerdo al Código de Justicia Militar no es factible sostener que los Consejos de Guerra tuvieran el carácter de “comisiones especiales” sino que, por el contrario, que se trata de órganos jurisdiccionales consagrados legalmente, que ejercen atribuciones propias de los tribunales de justicia en un escenario fáctico - jurídico - procesal extraordinario que concita un procedimiento penal especial, propio del tiempo de guerra.

Actualmente este caso se encuentra en tramitación ante el 7º Juzgado Civil de Santiago, en que Ernesto Galaz demandó al Fisco de Chile por la suma de $300.000.000.¹²⁷

5.5. Algunas reflexiones sobre el razonamiento de la Corte Suprema en las resoluciones que acogen la solicitud de declaración previa

El primer conjunto de datos relevantes consiste en el tipo de sistema en que se dicta la resolución impugnada, el tribunal que la dicta y el tipo de resolución que se impugna. De las cuatro solicitudes acogidas por la Corte Suprema, en dos se impugnan resoluciones dictadas en el sistema penal antiguo por Juzgados del Crimen de Santiago, específicamente, los autos de procesamiento y las sentencias definitivas condenatorias.¹²⁸ Por otro lado, una resolución impugnada corresponde al sistema acusatorio actual, dictada por un Juez de Garantía y recae sobre medidas cautelares.¹²⁹ Finalmente, una se refiere a las resoluciones condenatorias dictada en sede de justicia militar, por el Tribunal Militar en Tiempos de Guerra.¹³⁰

Con respecto al tipo de resolución que pone término al proceso, resulta que, de las cuatro resoluciones estudiadas en esta sección, dos terminaron por sentencia absolutoria dictada por la Corte Suprema luego de que acogiera un recurso de revisión.¹³¹ Por otro lado, una causa terminó con la sentencia absolutoria de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago luego de acoger la apelación deducida.¹³² Finalmente, un caso terminó con la sentencia absolutoria dictada por un Tribunal de Oral en lo Penal.¹³³

Para ilustrar más claramente los datos descritos en los dos párrafos anteriores, incluimos a continuación una tabla resumen que permite comparar simultáneamente estos datos respecto de cada una de las causas.

A partir de estos datos pareciera que la Corte Suprema no tiene objeciones en cuanto al tipo de sistema en que se puede producir una resolución injustificadamente errónea. Como puede verse, no sólo reconoce resoluciones con este vicio en el sistema inquisitivo (que es el que se encontraba vigente cuando se crea esta norma) sino también en el sistema de justicia militar y sistema acusatorio. En este sentido, argumenta explícitamente que las resoluciones dictadas por el Tribunal Militar en Tiempos de Guerra y las resoluciones sobre medias cautelares dictadas por jueces de garantía pueden originar indemnización por error judicial. Por lo tanto, éste ítem no sería un obstáculo para obtener la indemnización.

La Corte, además, ha consolidado su criterio respecto a que no sólo procede la indemnización por error judicial tratándose de los autos de procesamiento y de las sentencias condenatorias, como dice expresamente la norma, sino también sobre las resoluciones que decretan medidas cautelares. Si bien la Corte ha afirmado desde el 2014 esta posibilidad como ya señalamos, la primera vez que declara una resolución de este tipo como injustificadamente errónea se produce en el caso de Leonardo General Chavarría de 2015.

Finalmente, un dato destacable es que, en dos de las cuatro resoluciones estudiadas, la Corte ya se había pronunciado en forma favorable al solicitante, concediendo un recurso de revisión en contra de la sentencia impugnada. Sin embargo, no podría afirmarse que la Corte falla en compromiso con su propia decisión previa o que es un factor que permite a las solicitudes tener éxito, puesto que los recursos de revisión acogidos son muchos más¹³⁴ y, como puede apreciarse, sólo dos obtuvieron decisión favorable de la Corte Suprema por esta vía.

Pasando a otro tema, específicamente, a la descripción de la solicitud que hace la Corte en su resolución, parece que no es relevante, o al menos la Corte no lo registra en su sentencia, si el solicitante ofrece una definición de los conceptos de resolución “injustificadamente errónea” y resolución “arbitraria” o si dedica argumentos explicar por qué la resolución impugnada tendría estas características. Llegamos a esta conclusión porque en dos¹³⁵ de las cuatro causas estudiadas simplemente se describen los hechos procesales del caso, mientras que en sólo una de ellas¹³⁶ el solicitante describe, además, porqué la resolución que impugna es “injustificadamente errónea o arbitraria”. Finalmente, sólo en una solicitud¹³⁷ se ofrece tanto una descripción de los hechos, una definición de los conceptos indicados y una explicación de por qué la resolución impugnada tendría estas características, previamente definidas. De esta manera, sólo en esta última solicitud los argumentos del litigante podrían considerarse como “adecuados” al propósito de esta instancia que, recordemos, consiste en persuadir a la Corte de que se ha cometido un error judicial “injustificadamente erróneo o arbitrario” para que haga una declaración en ese sentido.

En cuanto al género de los solicitantes favorecidos por la Corte Suprema, sólo una de los cuatro solicitantes es mujer, es decir, 25%. Ello representa un porcentaje levemente superior a la cantidad total de mujeres solicitantes en el período en estudio que, como se vio anteriormente, corresponde al 14,3%. En este sentido, el género no parece ser un obstáculo o un factor determinante a la hora de obtener una sentencia favorable en esta materia. Con respecto a los delitos imputados a los solicitantes de esta sección, no se aprecia ningún tipo de uniformidad o similitud. En este sentido, no parece ser relevante el tipo penal en juego.

En relación a los perjuicios sufridos por los solicitantes, resulta que es un factor común en los cuatro casos la presencia de alguna forma de privación de libertad. En efecto, en dos casos los solicitantes estuvieron detenidos por tres días,¹³⁸ en uno el solicitante estuvo en prisión preventiva por tres meses y sujeto a arresto domiciliario nocturno por nueve meses,¹³⁹ mientras que otro solicitante alega haber sido detenido e incluso torturado.¹⁴⁰

Sobre las penas impuestas en las tres sentencias condenatorias que fueron declaradas injustificadamente erróneas, en una no hay información,¹⁴¹ en una se condena a una pena privativa de libertad (41 días de prisión grado máximo¹⁴²) y en una el solicitante es condenado a muerte, pena que fue modificada a presidio perpetuo, la que a su vez fue sustituida por extrañamiento.¹⁴³ De esta manera, en al menos dos de los tres casos en que la Corte declara una sentencia condenatoria “injustificadamente errónea”, se trata de condenas privativas de libertad (prisión y presidio).

En cuando a la postura del Consejo de Defensa del Estado y del Fiscal Judicial en uno de ellos ambas instituciones se oponen a la solicitud tanto por motivos de forma como de fondo.¹⁴⁴ En dos casos se oponen a la solicitud por motivos de fondo.¹⁴⁵ Finalmente, en un caso el Consejo de Defensa se opone a la solicitud por motivos de forma y fondo y, en cambio, la Fiscal Judicial concuerda con la solicitud.¹⁴⁶ En suma, parece ser que, en las resoluciones favorables a la solicitud, la opinión de estos intervinientes no resulta decisiva a la hora de determinar el éxito o fracaso de una solicitud, puesto que en tres de los cuatro casos en que intervienen, la Corte falla en total oposición a la opinión de éstos. Sin embargo, si observamos la totalidad de resoluciones podemos llegar a la conclusión contraria, puesto que de los 52 casos en que interviene el Consejo de Defensa del Estado, en todos se opone a la solicitud y, como hemos visto, sólo en estos cuatro casos la Corte falla en contra de sus pretensiones.

Como se pudo apreciar en la descripción detallada de los casos realizada anteriormente, todas las sentencias que acogen la solicitud en estudio, han declarado las resoluciones impugnadas como “injustificadamente erróneas”, de modo que no se sabe aún, en qué casos la Corte considera que existe “arbitrariedad”. Sin embargo, a partir de estas resoluciones podemos concluir en qué casos la Corte estima que una resolución es injustificadamente errónea o arbitraria. En primer lugar, se puede extraer del caso de María Yáñez que la Corte estimaría que una resolución es injustificadamente errónea cuando los jueces no toman las medidas mínimas para cerciorarse de la identidad del sujeto a quien se condena o respecto de quien se toman decisiones a lo largo del proceso. En este sentido, los jueces no podrían simplemente confiar en lo que dice el Ministerio Público o el propio imputado respecto de su identidad, debiendo hacer uso de las herramientas que le proporciona el sistema para cotejar la identidad del sujeto, por ejemplo, obtener del Servicio de Registro Civil e Identificación el cotejo de sus huellas dactilares.¹⁴⁷

En los casos de Mauricio Hernández y de Leonardo General Chavarría, la Corte estima que el error injustificado recae en la valoración de los antecedentes que, a su juicio, eran insuficientes para decretar la resolución en cuestión. Es menester notar que se trata de jueces de sistemas distintos; Juez del Crimen y Juez de Garantías, respectivamente, lo que demuestra, en principio, que la Corte Suprema no hace diferencias en el estándar de razonabilidad que deben cumplir al valorar los antecedentes del caso, de manera que ambos cometen un “error injustificado”. En este sentido, un tribunal incurre en un error injustificado cuando no hay antecedentes, en absoluto, respecto de un elemento objetivo del tipo penal. En un caso, no había antecedentes que acreditaran el engaño de la supuesta estafa mientras que en el otro no había antecedentes que probaran la falta de consentimiento de la víctima en la supuesta violación.

Finalmente, con el caso Ernesto Galaz la Corte afirma que existe un error injustificado cuando el tribunal impone una condena basada únicamente en una confesión obtenida por vía de la tortura. Deja claro, además, que no es un impedimento para obtener la indemnización por error judicial, haber obtenido otro tipo de indemnizaciones o haber sido condenado por el Tribunal Militar en Tiempos de Guerra.