Enmarcando el concepto gobernanza

Por un lado, la gobernanza se ha convertido en un concepto casi universal y global, el que du rante décadas ha atraído el interés de investigadores de muchas disciplinas a la hora de abordar los dilemas de la acción colectiva y facilitar la coordinación eficaz de los intereses y los recursos hacia objetivos comúnmente aceptados. En su sentido más amplio, que incluye la multitud de enfoques, gobernanza denota la coordinación de acción colectiva (^{Jessop, 1998}). Las contribucio nes a las teorías y perspectivas de la gobernanza se originan en diversos campos disciplinarios, incluyendo las ciencias políticas (^{Ostrom, 1990}; ²⁰⁰⁵; ^{Hirst y Thompson, 1996}; ^{Crouch, 2005}; ^{Feiock, 2007}), la sociología (^{Mayntz y Scharpf, 1995}; Jessop, 1998), la conomía (^{Williamson, 2005}), los estudios de organización (^{Gereffi et al., 2005}), geografía (^{Storper y Harrison, 1991}; ^{Liverman, 2004}; ^{Hughes, 2006}) y estudios de planificación (^{Nuissl et al. 2012}; ^{Lukas, 2019}).

Por otra parte, las concepciones de gobernanza varían considerablemente, y sus significados dependen de las perspectivas disciplinarias, las tradiciones teóricas y el enfoque empírico. Ma nuales recientes ofrecen una visión general de la amplitud interdisciplinaria de ideas y debates (^{Bache and Flinders, 2004}; ^{Cerrillo, 2005}; ^{Chhotray y Stoker, 2009}; ^{Bevir, 2010}; ^{Levi-Faur, 2012}; ^{Ansell y Torfing, 2016}). La multiplicidad de términos asociados a gobernanza abarca desde cam pos prácticos como la gobernanza empresarial, contractual, de proyectos, pública, privada o sin fines de lucro, hasta la gobernanza urbana, de suelo, de riesgo, del medio ambiente y del clima. Esta multidisciplinariedad también incluye los enfoques conceptuales o normativos de la gober nanza en red, la gobernanza colaborativa, participativa, justa o buena gobernanza, y a diversas es calas desde la local, regional y nacional, hasta la gobernanza mundial y la gobernanza multinivel.

A veces es útil que un concepto emergente no se defina de manera demasiado específica, para así atraer la atención y el esfuerzo de investigadores con el fin de estimular la conversación académica. Sin embargo, esta diversidad puede dificultar el intercambio, la comparación y eva luación de estudios empíricos sobre bases comunes. La polisemia del concepto de gobernanza plantea un desafío conceptual para la teorización coherente de los desafíos sociales, políticos, ambientales, institucionales y económicos de la acción colectiva a escala local y regional. En lu gar de restringir innecesariamente el concepto de gobernanza, quisiéramos definir algunas de sus características comunes mediante la comparación con nociones afines de las ciencias sociales.

En general, la gobernanza se refiere a modelos y prácticas de coordinación de la acción co lectiva en condiciones de intereses creados, recursos distribuidos y en la búsqueda de objetivos comunes legítimos y aceptados . Aunque es bastante inclusiva, esta definición general se ase meja a una serie de conceptos relacionados en ciencias sociales, tales como gobierno, gestión e instituciones. Todas estas categorías se relacionan con mecanismos que producen y mantienen cierto grado de orden social. Para captar el significado específico de la gobernanza, la ubicamos conceptualmente en un continuo que se expande a lo largo de las dimensiones del tiempo (de la convertibilidad a largo plazo a la convertibilidad a corto plazo) y de la autoridad (de la heterono- mía o la interdependencia a la autonomía). Concretamente, concebimos la gobernanza posiciona- da entre los conceptos de instituciones en un extremo de la coordinación social a largo plazo y de gestión en el otro extremo de la coordinación a corto plazo, donde la toma de decisiones ocurre dentro del ámbito de una autoridad única (organización, Estado).

El concepto de instituciones describe patrones relativamente estables de interacciones so ciales basadas en expectativas mutuas legítimas y la aplicación de sanciones sociales (^{Barley y Tolbert, 1997}; ^{Hodgson, 2006}; ^{Scott, 2007}; ^{Glückler et al., 2018}). Las instituciones se refieren a creencias y prácticas legítimas que son compartidas en diferentes grados por la sociedad, garan tizan el orden social, ofrecen orientación conductual y facilitan la acción individual en la socie dad. Por lo tanto, es difícil para los individuos y organizaciones cambiar o revocar activamente las instituciones existentes, y si es así, ocurre en períodos más largos. La relativa estabilidad de las instituciones frente a la acción individual ha sido una de las razones por las que el enfoque de la iniciativa empresarial institucional (^{Lawrence y Phillips, 2004}; ^{Leca y Naccache, 2006}), que hace hincapié en el poder transformador de las personas emprendedoras, ha evolucionado hasta convertirse en un enfoque de trabajo institucional (^{Lawrence et al., 2013}) que reconoce los límites empíricos de la transformación individual y deliberada de las instituciones.

Mientras que las instituciones se caracterizan por una estabilidad temporal relativa y, por lo general, por un ritmo de transformación lento, el otro extremo del continuo se refiere a las formas actuales de coordinación a corto plazo por medio de la gestión. La gestión describe la adminis tración de una organización, incluyendo la elección de una estrategia y la coordinación de los re cursos en la búsqueda del objetivo de la organización. Por consiguiente, la gestión es un modo de coordinación limitado al ámbito de una sola autoridad y legitimado por ella. Los gerentes tienen derecho a tomar decisiones dentro de su jurisdicción organizacional y, por lo tanto, están facul tados para asignar recursos, diseñar estructuras y procesos organizacionales, asignar funciones, responsabilidades y resolver conflictos en pos de los objetivos de la organización.

A diferencia de las instituciones a largo plazo y menos dirigibles y de la gestión jerárquica mente controlable a corto plazo, concebimos la gobernanza como la coordinación de las partes interesadas legalmente independientes hacia el cumplimiento de objetivos consensuados. A di ferencia de la gestión, la gobernanza va más allá del ámbito de una autoridad única y, por lo tan to, requiere la negociación entre los intereses creados (Rhodes, 1998). Además, la gobernanza difiere de las instituciones sociales en que los procesos de gobernanza se utilizan para abordar activa y deliberadamente Ios problemas de acción colectiva y para encontrar soluciones acep tables. Esta amplia comprensión de la controlabilidad interdependiente o 'heterarquía' (^{Jessop, 1998}), que incluye la negociación, la colaboración y la legitimidad, está respaldada en la mayoría de los enfoques de gobernanza.

Gobernanza y geografía (chilena)

La gobernanza cumple tareas en una amplia variedad de campos y a través de distintas escalas espaciales. Uno de los argumentos clave de este número especial es que la gobernanza no puede concebirse como una categoría sin espacio. Benz y Dose (2010: 33) enfatizan enérgicamente que "si utilizamos el término gobernanza, nos enfrentamos a la tarea de especificar sus características de manera contextualizada e implementar la perspectiva analítica con teorías y métodos apropia dos de investigación empírica. Esta es la única manera de obtener declaraciones que son relevan tes para la práctica". Por lo tanto, la geografía y el territorio son elementos cruciales en la concep ción, análisis y diseño de la gobernanza (^{Cerny, 2006}; Glückler et. al., de próxima publicación). La gobernanza debe responder a los contextos físicos, sociales, políticos e institucionales específi cos de cada espacio, a fin de conciliar los conflictos de intereses por un bien común. La geografía de la gobernanza no solo tiene en cuenta la diversidad y las relaciones entre los espacios, sino también las interdependencias a través de las escalas espaciales. Por lo tanto, hay gobernanza global entre Estados soberanos en cuestiones de derechos humanos y migración, medioambiente y cambio climático, o de la paz. Del mismo modo, identificamos desafíos de gobernanza a escalas espaciales más bajas, en las que las partes buscan encontrar soluciones a los riesgos compartidos colectivamente impuestos por el medioambiente (por ejemplo, sequía, inundaciones, tsunamis, terremotos, etc.) o por la sociedad (por ejemplo, desigualdad social y económica, conflictos de intereses territoriales, etc.). A menudo la gobernanza no puede limitarse a una sola escala, sino que requiere el análisis a varias escalas y de las interrelaciones entre ellas (^{Storper, 1999}).

Debido a su tradicional proximidad a los estudios urbanos más que a la economía o la sociolo gía, la geografía humana latinoamericana, y la investigación chilena en particular, se ha enfocado en la gobernabilidad como un proceso de toma de decisiones sobre temas de planificación del uso de la tierra, especialmente aquellos usos relacionados con las áreas urbanas y la gobernanza urbana. En términos de producción científica, esto se hace evidente, por ejemplo, en el hecho de que la gobernanza es un tema más frecuentemente examinado en la revista de urbanismo EURE que en la Revista de Geografía Norte Grande, aunque también se ha publicado un numero espe cial sobre gobernanza en la revista Geográfica de Valparaiso (^{Figueroa y Chia 2016}). Al inicio del nuevo milenio, la discusión sobre la gobernanza en la geografía latinoamericana se refería más o menos explícitamente a una forma colaborativa, participativa e integradora de planificar y ges tionar las ciudades u otros territorios (^{Arenas, 2008}). Tales puntos de vista están arraigados en la tradición de ^{Mayntz y Scharpf (1995}), quienes consideran a la gobernanza distinta de la jerarquía del Estado. Esto es coherente con nuestra definición, pero añade un criterio normativo con res pecto a la forma en que los diferentes actores deberían interactuar. Esta comprensión caracteriza una visión de gobernanza como nueva forma de coordinación, un modelo idealizado de cómo se deben tomar las decisiones relativas a los territorios (^{Bustos et al., 2019}: 164), específicamente un mecanismo de toma de decisiones que involucra a la sociedad civil (^{Delamaza-Thayer, 2016}; Fer nández Tabales et al., 2015), incluyendo el concepto de 'good governance'. En esos casos, aunque el criterio de 'interés común' no está siempre claramente definido, se relaciona implícitamente con el bienestar, la prosperidad, la integración social de la ciudad, la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad o, en ocasiones, se refiere explícitamente al uso más 'apropiado' del suelo (^{Vidal y Zamorano, 2016}).

Otra corriente de investigación en la geografía latinoamericana se ha centrado en el propio proceso de gobernanza urbana mediante el análisis del ejercicio de poder y las relaciones entre actores a diferentes escalas. Estudios que han examinado cómo las relaciones de poder y las deci siones trascienden y conectan diferentes escalas espaciales (^{Barton, 2008}; ^{Rehner y Pütz, 2008}) reflejan una cierta proximidad a la discusión del enfoque de gobernanza multinivel (^{Parra, 2010}; ^{Heinrichs et al., 2009}; ^{Klein, 2005}). Tales preguntas guían parcialmente contribuciones sobre la relación entre ciudad, gobernabilidad y poder (^{Yañez et al., 2008}) y una colección de trabajos sobre gobernabilidad ambiental (^{Ruelas Monjardin et al., 2015}). Estos enfoques reconocen la na turaleza de la negociación, incluyendo la simultaneidad de la colaboración y el conflicto en las relaciones sociales entre los actores (Torres, 2016).

Los aportes recientes de la geografía latinoamericana y chilena al debate sobre gobernanza señalan críticamente que los enfoques participativos, multiniveles, de buen gobierno y similares son, en primer lugar, medios estratégicos utilizados por actores poderosos para lograr una mayor legitimación de sus decisiones, a menudo motivados por la búsqueda de mayor competitividad (^{Varela, 2015}; Diez-Orueta et al., 2018). Esta visión crítica de la gobernanza como herramienta para aumentar la competitividad territorial ha sido influenciada por el trabajo teórico sobre ciudades y globalización (^{Sassen, 2007}) y por el trabajo de ^{Harvey (1989}). Por lo tanto, refleja una crítica al neoliberalismo e identifica la gobernanza urbana como un mecanismo para reemplazar la toma de decisiones liderada por el Estado por asociaciones público-privadas, lo que debilita la influen cia del Estado (^{Bustos et al., 2019}; ^{Lukas y Brück 2018}). Palabras como 'gobernanza neoliberal' o 'gobernanza empresarial' han surgido para etiquetar esta ideología (^{De Mattos, 2010} y ²⁰¹⁴), y el concepto 'empresarialismo' de Harvey (1989) resuena en la investigación latinoamericana sobre gobernanza urbana (^{Cuenya y Corral, 2011}). Trabajos recientes de esta tradición se alejan de la planificación urbana y abordan cuestiones de geografía económica, por ejemplo, haciendo re ferencia a la gobernanza neoliberal en la acuicultura (Bustos, 2012) o a la gobernanza financiera mundial (^{Daher, 2016}).

^{Bustos et al. (2019}) y ^{Lukas (2019}) discuten de manera sistemática diferentes enfoques de go- bernanza. Desde una perspectiva crítica, proponen prestar mayor atención al ejercicio del poder, especialmente para revelar cómo los intereses empresariales hacen uso de la etiqueta de gober nanza y de sus instrumentos para imponer sus propios intereses. En nuestra opinión, el punto crítico de este argumento no es que los actores privados pretendan legitimar sus intereses y deci siones, sino que esas decisiones podrían no reflejar objetivos y consensos comunes. Por lo tanto, este número especial ofrece la posibilidad de discutir una variedad de temas y entendimientos de la gobernanza que enfatizan la idea de negociar objetivos comunes por parte del Estado, de las empresas privadas y otras organizaciones. En el contexto de la gobernanza ambiental, el primer artículo de este número especial se centra en los procesos de negociación y colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y los actores estatales de Australia Meridional. Michael ^{Scott (2019}) se basa en un análisis cualitativo de los principales actores de la gobernanza del uso de la tierra para deconstruir cómo estos actores despliegan técnicas de neutralización para desviar las críticas, gestionar la oposición y justificar nuevos y controvertidos desarrollos costeros amenaza dos por el aumento del nivel del mar. Explora específicamente cómo estas técnicas se basan en metáforas espaciales tácitas y cómo, finalmente, la legitimidad de los sistemas de planificación del uso de la tierra no se pone en duda. El artículo contribuye así a desmantelar el 'lado oscuro' de la urbanización neoliberal global.

Recientemente, un nuevo enfoque ha ganado cierto protagonismo en América Latina: el con cepto de 'buen vivir' (^{Acosta, 2008}), que tiene sus raíces en una epistemología y tradición dife rente de producción de saberes. Está ligado a la noción de post-crecimiento, pero basado en una cosmovisión latinoamericana (^{Unceta, 2014}, ^{Arteaga-Cruz, 2017}) y, por lo tanto, difiere ideoló gicamente del concepto de gobernanza. Extrañamente, en algunas publicaciones orientadas a las políticas, el buen vivir se ha fundido en una teleología orientada a los objetivos y la eficiencia (^{Bravo, 2018}; ^{Saavedra, 2014}), acercándose más a la gestión (gubernamental) que a la gobernan za, lo que genera cierta confusión en cuanto a las características distintivas de este enfoque y dudas sobre el objetivo común. Para evitar tales contradicciones, el concepto de buen vivir se puede vincular a la gobernanza empleando las reglas de Ostrom para la gobernanza de los bienes comunes, tal como Pamela ^{Mischen, Carl Lipo y Terry Hunt (Mischen et al., 2019}) proponen en la segunda contribución en este número. Al aplicar una visión a largo plazo sobre Rapa Nui (Isla de Pascua, Chile), se reconstruyen algunas de las prácticas de gobernanza. Los autores sugieren que muchas de las soluciones actuales de buena gobernanza de los bienes comunes resuenan con la gobernanza pre-europea de la isla. Además, discuten cómo el cambio de las estructuras impues tas por el gobierno central hacia la gobernanza local nativa ha mejorado aspectos importantes, tales como la rendición de cuentas, la inclusión y las necesidades locales.

Otro desafío de gobernanza que es de actualidad para Chile se refiere al riesgo, especialmente en la interfaz entre las amenazas naturales y el hábitat humano. La investigación en este campo estudia el papel de los organismos públicos y los conocimientos técnicos, y a menudo se cen tra en procesos participativos, por ejemplo, en relación con el riesgo de inundaciones (^{Usón, et al., 2016}), el riesgo sísmico y los deslizamientos de tierra (^{Castro et al., 2015}) o la adaptación al cambio climático (^{Barton et al., 2015}). Además, el programa de investigación Risk Hapitat Mega city ha dedicado parte de sus esfuerzos a analizar la gobernanza del riesgo en Santiago de Chile (^{Heinrichs et al., 2012}). En este contexto, Michael ^{Handke (2019}) ofrece un enfoque diferente del trabajo geográfico sobre la gobernanza del riesgo. En el tercer artículo de este número, aborda el riesgo de incendios en la silvicultura chilena. A partir de un estudio de caso cualitativo, examina las prácticas complementarias de gestión de riesgos de las empresas forestales y de las compa ñías de seguros que tienen como objetivo diversificar y externalizar económicamente el riesgo. Su artículo muestra que el conocimiento geográfico detallado sobre los incendios forestales se des- contextualiza explícitamente e incluso se ignora en las prácticas actuales de gestión de riesgos. Se está perdiendo la capacidad de comprender oportunamente las causas y efectos cambiantes de los incendios forestales en Chile, lo que es importante de considerar para un enfoque más amplio de la gobernanza del riesgo en el trabajo. Las responsabilidades sociales no especificadas en la gobernanza del riesgo a escala regional hacen que los incendios forestales se perciban prin cipalmente como efectos externos.

Gobernanza y redes

SI la gobernanza se refiere a la coordinación Intencionada de la acción colectiva entre partes Interesadas interdependientes, entonces el concepto de redes es crucial para comprender cómo funciona la coordinación real. Las personas crean y mantienen redes mediante el intercambio de información, el aprendizaje, la ayuda mutua, el trabajo conjunto y la negociación de decisiones aceptables para un comportamiento legítimo. Es en esta intersección donde la teoría de la gober nanza y la teoría de redes ofrecen un espacio para la fertilización cruzada. La investigación sobre redes no solo ofrece métodos útiles para caracterizar los patrones de relaciones entre conjuntos de actores. También ofrece valiosas teorías sobre cómo las posiciones específicas dentro de una red y las formaciones específicas de redes facilitan ciertos resultados sociales como la innova ción, el apoyo social y la solidaridad u otros tipos de resoluciones a los problemas (^{Kilduff y Tsai, 2003}; ^{Knoke, 2012}). La investigación reciente sobre las redes sociales pone especial énfasis en dos aspectos (^{Glückler y Doreian, 2016}; ^{Glückler et al., 2017}). En primer lugar, niega el determi- nismo estructural y destaca la relación contingente entre la estructura de la red y los resultados sociales dependiendo del contexto geográfico. Tal contextualidad requiere un conocimiento adi cional, sensible al caso y al lugar sobre el entorno físico y el contexto institucional para tener en cuenta el significado de las redes sociales y sus potenciales efectos. En segundo lugar, los méto dos de análisis de redes sociales no son fuentes autosuficientes de conocimiento empírico, sino que deben considerarse instrumentos para el desarrollo de teorías sociales.

Desde la perspectiva de la gobernanza, la investigación en economía institucional y socio logía económica ha establecido una comprensión de las redes como un modo alternativo de gobernanza frente a los mercados y jerarquías (^{Powell, 1991}). Sin embargo, todavía sabemos poco acerca de qué diseños y procesos de red son adecuados para que las organizaciones faciliten una gobernanza eficaz con propósitos específicos y en contextos particulares. Por lo tanto, solo recientemente ha surgido un campo de investigación sobre la gobernanza de la red (^{Provan y Kenis, 2008}; ^{Maggetti y Gilardi, 2014}; ^{Keast, 2016}; ^{Berthod et al., 2016}). En este número espe cial, Johannes ^{Glückler (2019}) va más allá de considerar a la red como un modo alternativo de gobernanza además de los mercados y las jerarquías. En cambio, en el cuarto artículo de este número especial, reconoce la variación empírica en las formas en que las redes pueden coordi narse para explorar cómo las partes interesadas realmente crean y distribuyen la legitimidad para una gobernanza efectiva de la red. En un intento por superar el dualismo convencional entre los mecanismos formales e informales de gobernanza, Glückler propone el concepto de gobernanza de redes laterales como estructura para la delegación legítima de la toma de decisiones. A partir de la utilización de un enfoque analítico de redes sociales, se compara con casos empíricos de organizaciones de redes de negocios y encuentra patrones reales de legitimidad que difieren significativamente de la autoridad formal de gobierno. Su metodología sirve como herramienta también para la práctica de la gobernanza y ayuda a monitorear y ajustar las redes de gobernanza también en otros contextos.

La distinción entre el proceso de gobernanza y la gobernanza como estructura (el diseño de roles y responsabilidades) pone en juego otros niveles de análisis (^{Stoker, 1998}; ^{Pierre y Pe ters, 2000}). Las tradiciones de la investigación sobre gobernanza también difieren en la forma en que se conciben los actores participantes y los roles que se les atribuyen (^{Knill y Lehmkuhl, 2002}; ^{Peters, 2014}). En un extremo, la gobernanza puede ser impulsada como un proceso de auto-organización de las partes interesadas (^{Ostrom et al., 1992}; ^{Rhodes, 1996}). En el otro ex tremo, la gobernanza consiste en organizar de manera diferente las relaciones entre el Estado y los actores cívicos (^{Bell y Hindmoor, 2009}). Los papeles del Estado en la gobernanza van desde las alianzas directas con múltiples actores (^{Osborne, 2000}) hasta su acción como 'sombra de la jerarquía' (^{Heritier y Lehmkuhl, 2008}; ^{Chignola, 2014}). En la última contribución a este número especial, Lisen ^{Schultz, Simon West y Cláudia Florencio (Schultz et al., 2019}) desarrollan el con cepto de gobernanza adaptativa para captar los roles cambiantes de los actores, las prácticas y la política. Sostienen que la capacidad de adaptación es crucial para dar respuestas eficaces de gobernanza a los complejos desafíos de la sostenibilidad. En su evaluación teórica, identifican la necesidad de explorar cómo surge la gobernanza de adaptación en contextos geográficos, y la necesidad de desarrollar relatos de gobernanza de adaptación enraizados en las experiencias cotidianas de aquellos a quienes se les ha asignado hacerla como vacíos fundamentales de in vestigación. Al proponer un marco analítico que gira en torno a las personas, las prácticas y la política, analizan el surgimiento de la gobernanza adaptativa en la región de la biosfera de Kruger to Canyons, Sudáfrica. Su enfoque sensibiliza a los investigadores para el análisis de la situación y la comprensión de los factores contextuales necesarios para aprender y mejorar la práctica de la gobernanza regional.

Aunque las propuestas seleccionadas en este número contextualizan su análisis empírico en los desafíos específicos de la gobernanza a nivel regional, también reflexionan sobre el impacto de los niveles nacionales o internacionales en las prácticas de la gobernanza regional. En cuanto a la capacidad de resolución de problemas de las prácticas de gobernanza, la teoría tiene que medirse continuamente con los hallazgos empíricos. Para comprender y explicar las peculiarida des de situaciones y casos específicos de gobernanza, se requieren herramientas metodológicas y analíticas adecuadas. Los cinco artículos contribuyen a la comprensión de los enfoques, méto dos, procedimientos y prácticas fundamentales de gobernanza. Se emplean diferentes métodos como el análisis de redes sociales (^{Glückler, 2019}), entrevistas personales y análisis cualitativos (^{Schultz et al., 2019}; ^{Scott, 2019}, ^{Handke, 2019}) y el análisis histórico de documentos y datos (Mis- chen et al., 2019). Al mismo tiempo, ilustran adaptaciones específicas de modelos de gobernanza más generales en lugares y regiones concretos.

Formación y práctica de gobernanza

Más allá de la investigación académica, existe una creciente necesidad de habilidades prác ticas y expertos calificados para desarrollar, implementar y operar modelos y soluciones de go- bernanza para propósitos colectivos específicos y en contextos geográficos particulares. En la práctica, la gobernanza significa más que gobernar y gestionar, ya que implica la capacidad de coordinación de las diferentes organizaciones y sus intereses particulares dentro de un marco institucional específico. Esto requiere diferentes competencias y diálogos entre disciplinas, tradi ciones de producción de conocimiento y, lo que es más importante, el desarrollo de capacidades para identificar y negociar objetivos comunes.

En Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg (Alemania) han colaborado para establecer un programa de Magister en Ciencias sobre Gobernanza de Riesgo y Recursos. Ubicado en el Centro Heidelberg para América Latina en

Santiago de Chile, este programa ha atraído desde 2012 a más de 150 estudiantes de disciplinas tan diversas como geografía, sociología, economía, antropología, ingeniería civil, derecho, inge niería forestal, medicina veterinaria, etc. Además de ser un programa multidisciplinario, también ha desarrollado visibilidad internacional. Estudiantes de 10 países diferentes han estudiado teorías, modelos y métodos de gobernanza para transferir estas habilidades a varios campos de prácticas.

En la búsqueda de un mejor conocimiento de la gobernanza, debe hacerse especial hincapié en el análisis de casos en esta área, para evaluar la utilidad de los modelos, su adecuación y para diseñar soluciones contextuales adecuadas. Además, mediante la recopilación y la comparación constante de casos de gobernanza, se evidencia que los modelos se comportan de manera dife rente en distintas situaciones, que desafíos similares pueden afrontarse con modelos diferentes y que los procesos de gobernanza bien diseñados pueden fracasar o tener consecuencias no deseadas.

Chile está expuesto a abundantes riesgos inducidos tanto por la naturaleza como por la so ciedad. Por ende, se necesita una conversación académica sobre casos reales de gobernanza, así como conocimientos transformadores y respuestas prácticas para hacer frente a los riesgos ambientales, sociales y económicos, por ejemplo, en relación con el riesgo de tsunamis, inunda ciones, sequías e incendios (Martínez y Arranguiz, 2016; ^{Castro et al., 2015}; ^{Lagos, 2012}; ^{Handke, 2019}). Además, Chile enfrenta severos desafíos en materia de recursos naturales, y su relación con aspectos generales del desarrollo, y en asuntos de las herramientas de gestión y gobernanza en campos como la minería, la salmonicultura o la gestión del agua (^{Rehner y Rodríguez, 2018}; ^{Bustos, 2012}; ^{Donoso, 2018}). Por lo tanto, el país ofrece una plataforma adecuada para seguir ela borando teorías e instrumentos sobre la gobernanza regional de la acción colectiva en América Latina y más allá de sus fronteras.

Conclusión y agenda de investigación

Con la creciente necesidad de que la geografía aborde los problemas de gobernanza y ex plore la diversidad de las prácticas de gobernanza local, en este número especial se presentan varias contribuciones en las que se explican con más detalle conceptos alternativos y a menudo complementarios de la gobernanza y se muestra su viabilidad en estudios de casos empíricos. Se presenta aportes de académicos fuera de América Latina con el propósito de hacer más visibles sus propuestas y así nutrir el trabajo sobre gobernanza en la geografía chilena y latinoamericana. Por lo tanto, no pretendemos presentar una visión global de la gobernanza, sino discutir concep tos y técnicas particulares. Los conceptos incluyen la gobernanza de la red (^{Glückler, 2019}), la gobernanza adaptativa (^{Schultz et al., 2019}), la gobernanza del riesgo (^{Handke, 2019}) y la gober nanza ambiental (^{Scott, 2019}), así como la buena gobernanza (^{Mischen et al., 2019}). Proponemos estructurarlas en dos dimensiones, elementos clave de nuestra comprensión de la gobernanza: la orientación a medio plazo y la independencia organizativa de los actores involucrados en un proceso de negociación y coordinación en pos de un objetivo consensuado.

En octubre y noviembre de 2019, Chile ha experimentado las mayores manifestaciones de su historia (algunos la llaman la "Primavera chilena"), pero también un brote imprevisto de violencia. Esto es una expresión de una crisis social profundamente arraigada y se relaciona también con un deterioro general de la confianza y la pérdida de legitimidad de una serie de organizaciones. En lo que respecta a muchos temas específicos, la falta de un objetivo común se ha hecho evi dente en este contexto. Al tratarse de una crisis institucional, este es uno de los momentos his tóricamente inusuales en los que algunos arreglos institucionales pueden cambiar con bastante rapidez en respuesta a esta crisis. Una miríada de diferentes actores, individuos, comunidades y organizaciones están reclamando posiciones, negociando y debatiendo sobre objetivos comu nes (mayor equidad, terminar con los abusos), aparentemente en búsqueda de la posibilidad de un consenso a pesar de las posiciones profundamente contradictorias. En este contexto, es de particular interés académico analizar cómo reacciona, se adapta y evoluciona la gobernanza, tal como se entiende aquí, incluso en momentos en que el marco institucional se agrieta y cambia repentinamente.

En términos más generales, los elementos centrales de una agenda de investigación geográ fica sobre gobernanza tendrán que encontrar respuestas más elaboradas a la pregunta de cómo los actores en entornos territoriales específicos definen, etiquetan y negocian los objetivos co munes y qué mecanismos de gobernanza, estructuras organizativas y procedimientos legítimos son eficaces en esos contextos espaciales e institucionales para lograr objetivos consensuados.