Abstract
El objetivo del informe general es realizar un análisis comparativo de los informes nacionales para evidenciar los procesos de transformación de los sistemas nacionales de justicia penal, en particular del proceso penal, en el que se han introducido medidas procesales especiales para hacer frente al terrorismo y al crimen organizado, y determinar si esto ha llevado a los países a apartarse de sus propias normas fundamentales, procedimientos, principios y estándares de derechos humanos aplicables. Partiendo de la premisa de que el sistema integrado de derecho penal tiene tres dimensiones – la protección de las personas (la dimensión de escudo), la disposición de instrumentos de aplicación de la ley (la dimensión de la espada) y de pesos y contrapesos / trias politica (la dimensión constitucional) – el informe ofrece un panorama general de las transformaciones relacionadas entre sí, principalmente en la fase previa al juicio, que han afectado a tales dimensiones como consecuencia de tres oleadas de ‘guerras’ (contra las drogas, el crimen organizado y el terrorismo). En muchos países, las garantías procesales y los principios que protegen frente a violaciones del derecho a un juicio justo son considerados una carga para la eficacia de la persecución de los delitos graves. Estas reformas han dado lugar a una clara expansión del estado punitivo y a que queden difuminadas las distinciones clásicas, y no favorecen al estado de derecho. El actuar centrado en la seguridad pública y en la investigación coactiva preventiva socava el sistema de justicia penal. Con un sistema de justicia penal utilizado crecientemente como instrumento para regular el presente y/o el futuro en lugar de para castigar el comportamiento pasado, y un proceso penal en el que la investigación previa al juicio no se dirige a conocer la verdad en relación con el delito cometido, sino a la construcción y de-construcción de la peligrosidad social, los intereses de la seguridad nacional puede decirse que prevalecen sobre la justicia y pueden constituir una amenaza para el debido proceso y la protección de los derechos humanos – a pesar de que los principios generales del procedimiento penal parecen haber adquirido mayor importancia en los países que presentaron informes, también cuando se trata del crimen organizado y el terrorismo, y están diseñados para ajustarse a la Constitución y las normas de derechos humanos.